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El gobierno defendió los cambios propuestos para realizar “mejoras” al sistema de adopciones y negó que las medidas debiliten las garantías que brinda el proceso actual. Así, rechazó los reparos que plantearon días atrás el Sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Suinau) y el Frente Amplio, que advirtieron que las reformas pueden habilitar el “comercio” de niños y “el arreglo entre particulares”.
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El Frente Amplio pidió que los artículos que modifican el régimen de adopción incluidos en el proyecto ley de urgente consideración sean desglosados y tratados aparte. El proyecto establece un plazo máximo de 18 meses para que el INAU apruebe la tenencia administrativa; unifica en un mismo proceso judicial la separación de la familia biológica con la adopción plena, y habilita que, en algunos casos, el juez pueda apartarse de la recomendación del instituto sobre a quién otorgar la tenencia.
El gobierno defendió la iniciativa y consideró “urgente” aprobar los artículos. El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo el martes 19 en la comisión del Senado que estudia el proyecto que se trata de “ajustes normativos” que buscan “mejorar el régimen vigente”, pero que no implican una “transformación profunda” del sistema.
Abdala negó que con los cambios se pueda producir “situaciones de comercio de niños” o de “arreglos entre particulares” y dijo que confía en el trabajo de la Justicia.
En la sesión parlamentaria el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech afirmó que el Estado “fracasó” en el tema de las adopciones y sostuvo que organizaciones de la sociedad civil que trabajaron “eficazmente” fueron “apartadas” por un “prejuicio ideológico”. Por eso, pidió que se dé “entrada” de nuevo a esas organizaciones.
“No nos proponemos ingresar en esa discusión”, dijo Abdala.
Frente al planteo, también la vicepresidenta Beatriz Argimón, que ha asistido a las reuniones de la comisión y ha trabajado en el tema de las adopciones, pidió la palabra. “Es verdad que en algún momento de la historia hubo asociaciones del ámbito civil que participaron en las adopciones. Quiero decir, también, que algunas fueron un fracaso y eso llevó a que el Parlamento, por unanimidad, y teniendo en cuenta el capital que supone nuestra infancia, tuviera que tomar una política rectora, que yo celebro. Ser rector no significa dejar de tener en cuenta a la sociedad civil, pero en algún momento hubo que transitar ese camino”, afirmó.
La presidenta de la Asamblea General dijo que el tema es “urgente” y que es “indispensable” tomar medidas para acortar los plazos de institucionalización de niños y adolescentes.