La lucha electoral del 2014 tendrá como uno de sus principales puntos de discusión la situación de los adolescentes que delinquen. A instancias del Partido Colorado y un sector del Partido Nacional, en octubre del año próximo se someterá a plebiscito una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, entre otras medidas. Consciente de que este es uno de los temas más sensibles en la sociedad, el gobierno se dispone a enviar al Parlamento un proyecto de ley que establece un Código de Responsabilidad Infraccional de Adolescentes.
Para las autoridades, este proyecto puede servir de “atenuante” a quienes promueven la baja de la edad de imputabilidad, según comentaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
Los autores del anteproyecto —una comisión integrada por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal, de los ministerios del Interior y Desarrollo Social y del INAU— entienden que en las medida proyectadas a lo largo de 146 artículos se busca la “socialización de jóvenes que han optado por el camino del delito, las más de las veces empujados por situaciones de violencia y privaciones que han sufrido durante su experiencia vital”. Agregan que esperan que con el proyecto “se transformen los sentimientos de temor que vive actualmente la sociedad respecto de estos jóvenes en una actitud de plena confianza en el sistema de justicia”.
En el gobierno esperan tener de aliados en esta iniciativa al sector del Partido Nacional que está en contra de la reforma constitucional, Alianza Nacional. De hecho, ya hubo algunos contactos explicando el alcance del proyecto.
“No creo en rebajar la edad de imputabilidad”, comentó el senador blanco Carlos Moreira. Si bien aclaró que no leyó el texto a fondo, Moreira afirmó que con esta nueva iniciativa se estarían salvando “los convenios internacionales” que serian afectados si se aprueba la reforma constitucional. Al mismo tiempo, dijo, se le da “una respuesta a la minoridad infractora”.
Además, se mostró a favor de aumentar hasta diez los años de prisión para los adolescentes que cometan delitos graves (homicidio, violación, rapiña agravada, secuestro, extorsión, tráfico de drogas).
Por su parte, el también senador nacionalista Eber da Rosa indicó que “ve con interés” un proyecto que “mejora la seguridad pública” y opinó que se debe interpretar como algo en “línea” con lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. Da Rosa dijo que el tema de los adolescentes infractores será “uno de los centros de la campaña” y adelantó que saldrá a aclarar que “no es verdad que la edad de imputabilidad esté en los 18 años. No es lo que dice el Código”, que la fija en los 13 años.
Entre algunos dirigentes del Frente Amplio aún no hay apoyo seguro a la norma que incrementa a diez años las penas.
Aumento de la pena.
El proyecto que enviará el gobierno se divide en cuatro partes. La primera se refiere a los principios que rigen la materia sustancial e instrumental infraccional de los adolescentes; la segunda regula las infracciones a la ley penal; la tercera se refiere a las medidas socioeducativas y la cuarta regula el proceso al adolescente.
Quienes crearon el proyecto explican que en la iniciativa se determinan competencias de las fiscalías y tribunales intervinientes. “La práctica informa que, en general, los adolescentes que cometen infracciones a la ley penal han sufrido durante su experiencia vital severas vulneraciones a derechos reconocidos a todo ser humano, como lo es el vivir en familia, que esa familia sea el ámbito adecuado para su desarrollo integral, derecho a la salud, a la integridad física, a la educación”, sostienen los autores.
Sobre esa base se establece que los juzgados de familia se concentren en la adopción de medidas de “protección de derechos”, y los de adolescentes infractores juzgarán la infracción y la aplicación de medidas.
“Se procura de esa forma dos vías paralelas, de modo que por una de ellas se llame a responsabilidad al adolescente que ha infringido la ley penal y por la otra que la sociedad se haga responsable de los deberes que ha omitido frente a sus hijos más desvalidos”, se indica en la exposición que antecede a la iniciativa que será enviada por el gobierno en los próximos días.
En el anteproyecto se procura asignar al Ministerio Público un rol “protagónico en la determinación de qué casos perseguir mediante el proceso del adolescente o en qué otros se procederá a dar cuenta a la Fiscalía de las materias Familia y Penal”. Por eso, a los fiscales les competerá determinar “qué conductas perseguir y cuáles no, diseñando una auténtica política criminal juvenil”.
En el artículo 31 se establece que, tratándose de faltas, “no se aplicarán nunca medidas privativas de libertad”.
Precisamente, en cuanto a la privación de libertad, se pone un límite máximo de diez años y un mínimo de uno para los delitos graves.
En el proyecto de código se pone especial énfasis en las medidas alternativas a la prisión. Por eso se plantea que las medidas privativas de libertad sean excepcionales. Con este proyecto se busca que los “operadores” tengan “confianza” en las medidas no privativas, dicen los autores.
Se prevé que en el transcurso de la ejecución de una medida privativa de libertad se pueda cambiar por una de mayor “benignidad”. Esta medida podrá ser revocada en caso de que el adolescente no cumpla con las normas.
“Un mínimo de suspicacia permite avizorar que se incida en el ánimo del adolescente, quien siendo consciente de la posibilidad de la pérdida de libertad, colabore en el éxito de medidas no privativas de libertad, lo que a la larga posibilitará el establecimiento de un vínculo apropiado con la sociedad y el fomento al respeto de los derechos de sus componentes”, se afirma en la exposición del anteproyecto.
Por otro lado, se prevé la creación de un Tribunal de Apelaciones de Adolescentes con una doble finalidad. Una es consolidar la especialización de la Justicia y sus operadores. La segunda indica que ante la “gravedad que significa el inicio de un proceso y la disposición de medidas cautelares, en particular la privativa de libertad, la posibilidad de la doble instancia en forma oportuna, con una rápida decisión”.
Aspectos a mejorar.
El lunes 15, Unicef emitió un comunicado en el que considera “positivo” que el proyecto “mantenga y reafirme que una persona menor de 18 años no pueda ser juzgada como un adulto”. “Adicionalmente, resulta destacable que de forma expresa se establezca que por razones de vulnerabilidad social, económica o familiar, no se puedan endurecer las sanciones”, añade.
Asimismo, destaca la mejora de “algunos aspectos procesales a través del diseño de un procedimiento acusatorio”.
Sin embargo, Unicef entiende que hay otros aspectos que deben ser mejorados, como el aumento de la pena máxima a diez años, algo que “transgrede los principios que estructuran los sistemas de justicia penal juvenil según la Convención sobre los Derechos del Niño: excepcionalidad, mínima duración de la privación de libertad y no regresividad”. “Si bien el proyecto enuncia el principio de excepcionalidad de la privación de libertad, aparte de las faltas y la tentativa de hurto, no se excluye expresamente ninguna otra infracción, por lo que el principio de proporcionalidad se puede ver fuertemente afectado. En este sentido, Unicef exhorta a restringir la privación de libertad a los delitos más graves: aquellos que afectan la vida, la integridad física o la libertad de las personas”, se afirma en el comunicado.
Además, el organismo internacional considera que la “excesiva dureza de las penas conspira al mismo tiempo contra el principio de resocialización que especialmente debe imperar en estos casos”.
Por otro lado, se considera que el proyecto ”repite el modelo aplicado a la política criminal de adultos: aumento de las penas y excesiva utilización de la privación de libertad. Esto ha provocado un crecimiento exponencial de la población carcelaria (colocando a Uruguay primero en Sudamérica en número de presos cada 100.000 habitantes) sin haber tenido el impacto esperado en la seguridad pública”.
