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Desde el comienzo de la anterior administración de José Mujica el Poder Ejecutivo venía arrastrando una disputa sobre los salarios de los gremios del Poder Judicial. Ayer miércoles, tras años de tires y aflojes entre ambos poderes, el gobierno envió un proyecto de ley que otorga a los jueces, defensores y fiscales un aumento salarial.
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Si bien es menor al que los gremios reclamaban originalmente, la propuesta ya recibió el respaldo de la mayoría de los trabajadores y parece ser el punto final a un conflicto que llegó a generar tensiones entre las autoridades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de la Presidencia.
Sin embargo, la ley no incluye a los gremios de actuarios y los funcionarios judiciales, ya que aún resta que acepten la propuesta que les hizo el gobierno. Esas asociaciones resolverán el tema en una Asamblea General el 8 de febrero.
El origen del conflicto fue la ley de Presupuesto aprobada en 2010, que equiparó el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores, lo que ocasionó una serie de inesperados “enganches” en los sueldos del Poder Judicial. El gobierno intentó corregir esa situación a través de dos leyes que fueron declaradas inconstitucionales por la SCJ.
A partir de esa modificación, los gremios entendían que les correspondía un aumento salarial de entre 21 y 26%, e iniciaron juicios en reclamo de ese dinero.
Proyecto.
En la exposición de motivos del proyecto, el Poder Ejecutivo dice que la iniciativa busca “brindar una solución definitiva al diferendo” que mantiene con los colectivos del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la Nación y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
En diciembre de 2016, relata el proyecto, el Poder Ejecutivo en acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía y el TCA “negociaron y suscribieron sendos convenios colectivos” con la Asociación de Magistrados, la Asociación de Magistrados Fiscales y la Asociación de Defensores Públicos.
El Poder Ejecutivo había planteado como requisito para firmar los convenios que tuvieran una “adhesión mínima del 80% de los involucrados, contado en forma separada cada uno de los colectivos firmantes”. Además, fijó como exigencia para hacer efectivo el pago, el aumento, “la aceptación y el desistimiento en forma personal y por escrito” de continuar con los juicios.
Al 30 de enero “los colectivos firmantes han comunicado al Poder Ejecutivo que han alcanzado el requisito mínimo de adhesión a los convenios”, dice el documento. El gobierno propone al Parlamento que se fije “un plazo perentorio de 30 días a partir de la promulgación” de la ley “a los efectos de que puedan adherir nuevos funcionarios, con el objetivo de alcanzar el mayor número posible de adhesiones”.
“El Poder Ejecutivo realiza esta propuesta a través del mecanismo legislativo, con el afán de superar la incómoda situación institucional en que los diversos poderes del Estado se encuentran”, concluye.
El acuerdo implica, según el articulado, el pago de una partida por única vez, que se hará efectiva en tres cuotas iguales y consecutivas a pagar en 2017, 2018 y 2019, correspondiente al 10% de la remuneración de cada cargo a valores de 2012 y actualizados por el Índice de Precios al Consumo a diciembre del 2016.
Además, se acordó un incremento salarial de 3,24% en el año 2017 y 3% en el 2018 sobre la remuneración actual.
