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    Gobierno prevé realizar ajustes a la “ley de medios”

    La atención estaba puesta en el canciller. El ministro Rodolfo Nin Novoa fue la figura de la reunión de la Agrupación de Gobierno el jueves 5 en la sede del Frente Amplio. Sus definiciones sobre la política de inserción internacional serían cuestionadas luego en un documento elaborado por el grupo de sectores frenteamplistas que reclaman “un giro a la izquierda” en el gobierno.

    Durante la reunión, nadie le dijo nada. Los sectores que firmaron el escrito esperaron al final del encuentro para divulgarlo. Por eso los anuncios sobre una ley que el Frente Amplio considera central pasaron inadvertidos. La ministra de Industria, Carolina Cosse, adelantó a su partido que el gobierno realizará ajustes y correcciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como “ley de medios”.

    La norma, impulsada por el ex presidente José Mujica, llevó meses de discusión, correcciones, ajustes y agregados para ser aprobada en ambas cámaras. Luego fue cuestionada en decenas de recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que en dos fallos recientes declaró que algunos de sus artículos contravienen la Constitución.

    La necesidad de “democratizar los medios” es una de las banderas de los sectores frenteamplistas que pelean por “más izquierda” dentro del partido de gobierno.

    En la reunión del jueves en la tarde, la sede del Frente Amplio reunió al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, a los ministros y a la bancada de legisladores representantes de las bases frenteamplistas. El foco de atención estaba puesto en la presentación del canciller. El ministro de Economía, Danilo Astori, y la ministra Cosse completaron la terna de expositores.

    El viernes 6 el diario “El Observador” informó sobre un documento elaborado por el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista (PCU), la Lista 711 (sector de Sendic), Casa Grande (liderado por la senadora Constanza Moreira), y el Partido por la Victoria del Pueblo, donde se cuestiona la postura del canciller sobre la apertura comercial e inserción internacional, con la intención de flexibilizar el Mercosur. El sector de la diputada Macarena Gelman (Ir) también participó en la elaboración del documento, pero finalmente decidió no firmarlo.

    Sin embargo la sorpresa la dio la ministra de Industria, que informó que el gobierno no tiene pensado reglamentar la “ley de medios” en el corto plazo. Además adelantó que sufrirá cambios. Varios participantes en la reunión consultados por Búsqueda explicaron que la ministra dijo que la ley quedó “superada por la realidad” tras los fallos de inconstitucionalidad de la Corte. 

    Por eso el Poder Ejecutivo ya estudia modificaciones y ajustes. Dos fuentes del gobierno puntualizaron a Búsqueda que aun no se ha resuelto cuáles serán los cambios. La intención del gobierno es reglamentar los aspectos de la ley que no sean cuestionados por la Corte y, de ser necesario, recurrir a la aprobación de decretos presidenciales para complementar los vacíos que queden en la normativa. 

    Cosse dijo que el mandato directo del presidente de la República, Tabaré Vázquez, es respetar los fallos judiciales. Por eso, una vez que la SCJ termine de estudiar los recursos —aun le quedan decenas por analizar— definirán qué correcciones hacer, afirmó. La ministra agregó que el gobierno tiene claro que con los artículos que queden firmes de la ley no se garantiza el objetivo perseguido de democratizar los medios, ni de lograr pluralidad. “Tendremos que ajustarnos a la realidad, respetando los fallos”, dijo. 

    Una de las preocupaciones de la bancada parlamentaria de gobierno es que se pongan en marcha los artículos de la ley que no están siendo cuestionados ante la SCJ. 

    El principal punto es la creación del organismo que garantiza el cumplimiento de la ley: el Consejo de Comunicación Audiovisual. Es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de la norma, integrado por cinco miembros. El presidente de ese consejo será designado por el presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de Ministros. Los restantes integrantes serán elegidos por la Asamblea General.

    La Asamblea General deberá designar una comisión especial de nueve miembros que recibirá a los candidatos a ocupar los cuatro lugares dentro del Consejo de Comunicación.

    El artículo 66, que crea el consejo y el 68, que establece sus competencias, habían sido cuestionados por DirecTV en el recurso de inconstitucionalidad que presentó ante la Corte. Este organismo no le dio la razón a la empresa.

    El representante del PVP en la agrupación de gobierno, Carlos Coitiño, dijo a Búsqueda que la presentación de Cosse no dejó conforme al auditorio. “Lo de Industria fue algo penoso. La ministra dijo que necesitaba saber los recursos que el Ministerio de Economía le iba a habilitar, necesarios para un plan agresivo en materia industrial”, explicó el dirigente. Recordó que la preocupación de la bancada frenteamplista es que el Consejo se ponga en práctica cuanto antes. Sin embargo el planteo no tuvo receptividad en los representantes del Ejecutivo.

    “La compañera Cosse adelantó que la posición del Ejecutivo es que hasta que no se agote la tarea de la SCJ el gobierno no se va a pronunciar. Esto complica porque sabemos que la tarea de la Justicia puede llevar mucho tiempo”, apuntó Coitiño.