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La regulación de la bioseguridad en Uruguay tiene algunas fortalezas vinculadas al “fuerte respaldo político” con que cuenta, pero también presenta debilidades, como el limitarse a la evaluación y autorización de modificaciones genéticas de vegetales —principalmente de soja y maíz— y deja afuera a microorganismos y animales, dijo a Búsqueda la docente y coordinadora de la instancia de Evaluación de Riego en Bioseguridad del Gabinete gubernamental en esa temática, Alejandra Ferenczi.
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Estos asuntos fueron los que abordó esta ingeniera agrónoma y profesora del departamento de Fisiología Vegetal de la Facultad de Agronomía en la tesis de doctorado en la Universidad de Michigan que defendió este año y presentó en mayo en Montevideo.
La debilidad señalada por Ferenczi podría cambiar en pocos meses, ya que el proyecto de ley de bioseguridad que elabora el Ministerio de Ganadería (MGAP) y pretende enviar este año al Parlamento, prevé entre otros aspectos “ampliar el espectro de regulación a microorganismos y animales”, adelantó a Búsqueda la presidenta alterna de la Comisión de Evaluación de Riesgo, Cecilia Jones.
Un caso de ingeniería genética animal que se llevó adelante sin un marco regulatorio en bioseguridad tomó notoriedad en abril: un grupo de científicos uruguayos dio a conocer los primeros corderos transgénicos fluorescentes surgidos en el país de la introducción de un gen de una especie de medusa in vitro en el embrión de una oveja. El trabajo fue realizado por la fundación Irauy y el Instituto Pasteur.
Además del proyecto de ley de bioseguridad, el Poder Ejecutivo está elaborando una ley marco de incentivo a la biotecnología, así como un fondo de promoción a ese sector, informó el director Nacional de Industrias, Sebastián Torres, según publicó el lunes 3 el sitio web de la Presidencia de la República.
Otros ajustes.
Ferenczi señaló que el esquema de regulación vigente en el país tampoco contempla a “otros cultivos generados por métodos convencionales, como las mutaciones, que implican riesgos al igual que los transgénicos generados por ingenería genética”.
La experta también planteó que Uruguay cambie el actual esquema de análisis de riesgo basado en el proceso por otro que está enfocado en el producto final. “Mi posición personal es que le daría lógica al sistema porque hay riesgos en otras metodologías convenciales que no las estamos considerando”, argumentó.
A modo de ejemplo se refirió a países como Canadá, donde “el sistema está enfocado en el producto y no importa qué método se utilizó para su elaboración”.
“Si se inserta alguna nueva característica en la planta que no estaba en la naturaleza, (...) es necesario definir que es considerado como nuevo producto, debe ingresar al sistema regulatorio y no puede ser utilizado hasta que no tenga autorización del gobierno”, añadió.
En la presentación de su trabajo académico, efectuada el 10 de mayo en la sede de la Facultad de Agronomía estatal, sostuvo que “el uso de estas nuevas tecnologías y el impacto potencial de los productos resultantes ha llevado a tener una actitud cautelosa, provocando que los cultivos genéticamente modificados sigan un camino regulatorio diferente al de nuevas variedades generadas a partir de mejoramiento convencional”. Aclaró: “La idea no es evaluar todo porque no tiene sentido hacerlo, considerando que algunas metodologías convenciales no tienen el mismo riesgo que los transgénicos”.
En otra parte de la tesis Ferenczi destacó que en los últimos años la regulación en Uruguay se ha ido consolidando en respuesta al apoyo a la biotecnología.
“Sería un aporte para el esquema uruguayo tener una primera etapa de evaluación (de campo) como existe en Argentina y que es previa a la autorización de eventos transgénicos para su comercialización”, opinó. Explicó que hoy se cuenta “con los estudios que vienen de Argentina, pero sería conveniente armonizarlos en la región para incorporar localmente otros aspectos de la bioseguridad”.
A diferencia de Uruguay, en ese país en la instancia de evaluación participan las firmas privadas interesadas en la autorización, comentó.
Respecto a la regulación de bioseguridad de Brasil, señaló que “es positivo el hecho de que tienen procedimientos establecidos para que los evaluadores se ajusten a eso, lo cual no existe formalmente en el sistema uruguayo”.
Los transgénicos, que son resistidos por algunas organizaciones sociales, ocupan una superficie creciente de la agricultura en Uruguay. En 1996 fue aprobado el primer evento; fue la soja RR, resistente al herbicida glifosato. Luego se autorizaron dos de maíz BT11, en 2003, y MON810, en 2004, ambos con resistencia a insectos lepidópteros.
El gobierno de Tabaré Vázquez resolvió en 2007 un período de 18 meses sin innovaciones y por decreto en 2008 definió una nueva política de coexistencia regulada entre vegetales genéticamente alterados y los no modificados. Después el Gabinete de Bioseguridad autorizó 11 eventos transgénicos de soja y maíz.
Tecnología asociada.
En la presentación de su tesis, Ferenczi enfatizó que “en la etapa técnico-científica del sistema regulatorio no se mira directamente el riesgo de la tecnología asociada a los eventos transgénicos, aunque sí se hacen algunas recomendaciones de posibles problemas que puedan surgir”. Eso es porque el proceso está diseñado para considerar impactos del evento genéticamente modificado, que es el objetivo del pedido de autorización, según dijo.
Comentó que los temas que abarcan a los insecticidas o herbicidas, así como a la preservación y cuidado del suelo son controlados por los Servicios Agrícolas y de Recursos Naturales Renovables del MGAP o por otros organismos. El impacto “se evalúa pero no está en la normativa vigente, y al tratarse de un proceso dinámico es recomendable hacer un análisis más profundo”, opinó.
