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Durante una discusión académica que se realizó el lunes 24, y en la que participó de forma activa el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, académicos y jerarcas reflexionaron sobre las “restricciones” que surgen de la redacción de la ley 19.172, que reguló el mercado de marihuana. En la instancia, organizada por el Observatorio Latinoamericano para la investigación en Política Criminal y reformas del Derecho Penal, se dijo que “con el diario del lunes” la ley uruguaya fue “restrictiva” al especificar que las farmacias serían los puntos de venta. También se apuntó que el “próximo debate” será el de los turistas reclamando su derecho de acceso, algo que la norma no permite.
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En la instancia participaron miembros del grupo Monitor Cannabis como Raquel Peyraube, Gustavo Robaina y Martín Collazo, y también técnicos de la Junta Nacional de Drogas y el Poder Judicial, entre otros. Se reflexionó sobre la necesidad de perfeccionar la recopilación y accesibilidad de los datos en los organismos públicos vinculados a la marihuana.
“Necesitamos saber lo que está pasando y cambiar la forma de recoger los datos en la justicia penal”, ejemplificó Pablo Galain, organizador del evento, quien recordó la dificultad de despejar los procesamientos vinculados al cannabis de las causas por estupefacientes.
Al respecto, el investigador uruguayo Marcos Baudeaun advirtió que “no hay ningún organismo que centralice” o tenga una “producción específica” de información relacionada a los efectos de la ley en temas de seguridad y justicia. En las autoridades del Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia “no creen que sea su rol específico por lo que no hay una preocupación ni seguimiento” por el tema, advirtió.
Esa realidad es un problema, según Baudeaun, porque va a ser difícil medir el impacto de una ley que tenía entre sus objetivos declarados reducir el narcotráfico y la violencia asociada a la venta ilegal de drogas.
Collazo, por su parte, afirmó que la implementación de la ley ha sido muy mala. Cuestionó que se hubiera demorado tanto el inicio de la venta en las farmacias, más de un año después de que se habilitaran el autocultivo y los clubes.
Acerca de la comercialización en las farmacias, una de las tres vías legales para acceder a la marihuana, advirtió que el gobierno asume conductas de los consumidores sin tener evidencia científica que lo respalde.
Collazo puso como ejemplo que cuando a mediados de julio comience la venta habrá 400 kilos de marihuana cosechada y que el Poder Ejecutivo prevé que esa cantidad permitirá cubrir la demanda inicial.
El problema, según el investigador, es que hay más de 80.000 potenciales compradores de cannabis en farmacias, pero el gobierno no tiene un estudio que estime cuántos pretenden ir a los puntos de venta. Si van todos, ejemplificó, se necesitarían varias toneladas.