Por otro lado, el ministro atribuyó parte de las dificultades en la implementación del CPP a la falta de “experiencia” de los fiscales y consideró que las modificaciones a la reforma propuestas por el Ministerio del Interior “van en el camino correcto”. Opinó que es “indispensable” que la Policía recupere la autonomía que tenía antes del 1º de noviembre, sobre todo en las primeras 24 horas. “Esas primeras horas son clave y no se puede ni se debe esperar una orden del juez o del fiscal” para tomar algunas medidas, aseguró. “Nunca a quienes redactamos el código se nos había ocurrido que eso se iba a cambiar”, afirmó.
—El director nacional de Policía, Mario Layera, dijo que Uruguay va camino a convertirse en El Salvador o Guatemala si no toma medidas antipáticas para frenar la delincuencia. ¿Está de acuerdo?
—Como golpe de efecto está bárbaro. Pero si nos vamos a comparar, seguimos siendo Suiza. Hay que haber estado en algunos países de Centroamérica para ver la magnitud de la diferencia. Que todos sintamos que hay cosas graves que están pasando con la seguridad es una cosa. Pero el nivel de inseguridad y de violencia de esos países es totalmente distinto. Uruguay lamentablemente está peor que sí mismo, pero está mucho mejor que los vecinos. Aunque eso no le da ninguna tranquilidad al ciudadano uruguayo. Pero no podemos hacer ese tipo de comparaciones. Era como cuando algún enviado de Naciones Unidas comparaba nuestras cárceles con las africanas. Bueno, no exageremos. Hay golpes de efecto, cosas que llaman la atención, que pueden poner el foco de atención en algunos hechos, pero no dejan de ser golpes de efecto.
—Más allá de que no comparte sus predicciones, ¿qué opina del diagnóstico de Layera sobre la situación actual de la seguridad?
—Coincido en que ha habido un impacto de la aplicación del CPP. No le echemos la culpa exclusivamente al nuevo código, sino a cómo se ha contrastado el funcionamiento con la realidad, cómo cada uno de los operadores ha asumido sus funciones, qué ha llevado a un enlentecimiento del funcionamiento del código. Aparentemente, y es lo que nos han dicho nuestros jueces de Crimen Organizado, se han dificultado algunos tipos de investigaciones. Cuando discutíamos el tema del Guardián habíamos dicho que tiene un defecto: no intercepta WhatsApp. Eso lo sabemos al menos hace tres años. La realidad es que la interceptación dejó de ser una herramienta útil en la lucha contra las organizaciones vinculadas al tráfico. Que cayó abruptamente el número de operaciones de envergadura en relación con el narcotráfico es absolutamente cierto. El impacto fue muy importante. Eso no quita que haya otro tipo de herramientas que se puedan utilizar, que hoy no tenemos. Hay que buscar métodos alternativos que permitan volver a hacer operaciones exitosas y a largo plazo contra el crimen organizado.
—Usted no ve un futuro tan pesimista como el que vaticina Layera. Sin embargo, la seguridad en Uruguay está empeorando: los robos violentos y los homicidios aumentaron y las bandas criminales están adoptando prácticas que pueden ser comparables a las de países de Centroamérica. ¿Cuál es su pronóstico?
—Más que un pronóstico, quisiera señalar algunos puntos. Como yo peino bastantes canas, recuerdo perfectamente lo que eran las proyecciones de criminalidad en los Estados Unidos para los 90. ¡Lo que eran! Se había dado un aumento tan importante a partir de 1960, sobre todo de los crímenes violentos, que las proyecciones eran espeluznantes. Ahora, más de 50 años después, Estados Unidos tiene una tasa de homicidio de 5 cada 100.000 habitantes. Llegaron casi a 11 a fines de los 90 y bajaron nuevamente a cinco en 2016, la misma tasa de 1960.
Con los crímenes violentos se da la misma situación: de 160 cada 100.000 habitantes pasaron a cerca de 750 a fines de los 90. Multiplican casi por cinco la tasa delictiva. Y bajaron a 380 en 2016. Si bien no vuelven a la tranquilidad de los 60, no continuó esa proyección que llevaba a números espeluznantes. Si uno hacía pronósticos, decía que iba a ser prácticamente imposible controlar el delito violento en los Estados Unidos de aquí a 20 años. Pero no siguió la línea ascendente sino que bajó.
—¿Cómo consiguió Estados Unidos revertir esa tendencia creciente en los delitos?
—Es la discusión que a mí me gustaría tener, y no la que tenemos ahora. Sobre qué hay que hacer. Ellos han tenido éxito. Pero pasa aquello de que las derrotas son huérfanas y las victorias tienen muchos padres. Los analistas adjudican ese éxito a distintas cosas. Algunas rarísimas, por ejemplo, la baja de la plombemia, porque en esa época se prohíben las naftas con plomo. Eso porque en determinadas capas de la población la plombemia lleva a alteraciones de conducta en los niños. Tendrá que ver o no. Nosotros ya lo hicimos. La legalización del aborto. ¿Por qué? Porque una cantidad de niños que hubieran sido no queridos y por ende con las condiciones iniciales para transformarse en personas violentas no nacieron. Ya tenemos la legalización. Elevación del nivel de vida. Es una cosa muy curiosa, ellos también lo analizan: cuando se obtienen mejores condiciones materiales y educativas, las familias aspiran a darles a sus hijos mejores condiciones económicas y por ende tienen menos hijos. Nosotros lo vemos en la clase media, pero no en determinados sectores de la población. Uruguay ya tiene una tasa de crecimiento cercana a 0. Habría que limitar lo pendiente a esos sectores de la población que sí tienen muchos hijos, estando en situación de vulnerabilidad. Son sectores donde es normal con muy pocos ingresos tener un número importante de hijos, y es donde además, en general, se concentran determinadas modalidades delictivas.
Todo esto lo menciono para mostrar la cantidad de enfoques que se han dado.
—¿Y cuáles considera usted que fueron las medidas que tuvieron más impacto?
—Hay dos o tres medidas que a mí particularmente me parecen muy relevantes. Los analistas señalan las decenas de miles de millones de dólares que se invirtieron en seguridad en ese período en los Estados Unidos. Ese sí es un factor relevante: la incorporación a través de muchísimo dinero de mejores policías, más capacitados y una tecnología acorde a la lucha con el delito. Otra es la tolerancia cero. La famosa evolución de la concepción de la lucha con el delito que está muy personalizada en el señor Rudy Giuliani, pero que, sobre todo en las grandes ciudades donde estaba más concentrado el delito, sí tuvo un efecto muy importante en la lucha efectiva contra la delincuencia. Otro efecto —que, curiosamente, cuando se releva el dato se hace como una crítica al sistema norteamericano— es la población carcelaria: una persona privada de libertad de cada 10 en el mundo está en los Estados Unidos. Eso tiene un costo muy importante, sobre todo si las cárceles tienen un nivel adecuado de protección de los derechos humanos.
En conclusión, son muchas causas. Algunas de ellas ya las tenemos. Hay que seguir transitando hacia la inversión en tecnología, en capacitación policial, la coordinación de los organismos de lucha contra el crimen. Pero nos está quedando como pendiente la voluntad política de endurecer la política criminal.
—¿A qué se refiere con endurecer la política criminal?
—Sigo escuchando como una verdad revelada que fracasó el endurecimiento de las penas en los años 90. Pero no hubo ningún endurecimiento de las penas en Uruguay en los 90. Básicamente tenemos penas que vienen del código de 1934. Y en algunas modalidades que sí habían transitado hacia el endurecimiento de las penas mínimas, como las vinculadas a la ley de estupefacientes, se dio marcha atrás. No hubo para nada un aumento generalizado de las penas. De hecho, hemos transitado el camino contrario. Cuando incorporamos la redención por trabajo y estudio —que en lo personal creo que es un instrumento fabuloso que habilita la rehabilitación—, incorporamos un mecanismo de reducción de la pena. Porque así funciona. Entonces, no es que el endurecimiento de las penas fracasó. No hubo ningún endurecimiento, y en general hemos transitado hacia modalidades de cumplimiento más benigno de las penas. Esa es la realidad objetiva.
—¿Habría que aumentar las penas?
—Varios operadores de alto perfil hemos señalado que, en general, el sistema penal uruguayo tiende a que las condenas se acerquen a la pena mínima de los delitos, y no a la máxima. Conseguir que se condene a alguien a 30 años de penitenciaría es rarísimo. Donde hay un impacto en los guarismos de las penas es en los mínimos, porque esos son los que efectivamente se cumplen. Entonces, si se entiende que las penas son leves, donde quirúrgicamente hay que poner la corrección es en los mínimos. Porque si elevamos los máximos, y en vez de 30 pasamos a 50 años, perfecto, pero esa condena terminará siendo un caso cada 500. Quizás allí haya otra área para analizar.
—¿Qué opina de las modificaciones al CPP que el Ministerio del Interior envió al Parlamento, en las que plantea recuperar la autonomía de la Policía y establecer la prisión preventiva obligatoria para los reincidentes?
—En lo personal creo que el proyecto transita el camino correcto para mejorar la eficacia del código. Cuando fuimos convocados al Senado para explicar algunas visiones distintas que teníamos sobre el funcionamiento del código, dijimos que estábamos absolutamente de acuerdo en mantener el margen de autonomía operativa que la policía tenía en las primeras 24 horas. Porque nunca a quienes redactamos el código se nos había ocurrido que eso se iba a cambiar. Es indispensable que tengan una cierta autonomía, porque esas primeras horas son clave y no se puede ni se debe esperar una orden del juez o del fiscal para asegurar la escena, los medios probatorios, detener a las personas que puedan haber cometido el delito o estar involucradas. Eso va de suyo. ¡Hay que hacerlo ya!
—¿Eso se mantenía así en el proyecto original?
—No se cambiaba para nada ese margen de funcionamiento autónomo impuesto por la realidad, que toda la vida la Policía tuvo. Se aumentaban las garantías y la transparencia, pero no se quería atentar contra el funcionamiento global del sistema.
—¿Esperaba que la reforma penal tuviera un impacto en la seguridad?
—Como hay una veintena de países que hicieron esta reforma, ya nos habían advertido que los números de eficacia, la comparación entre los delitos denunciados y los delitos que se resuelven —sea por sentencia definitiva o por procesamiento o formalización—, necesariamente iban a bajar por el ajuste de la transición de un sistema a otro, y de un colectivo a otro. Había quien lo negaba y decía: todos somos abogados. Sí, todos somos abogados. Pero los jueces somos abogados con experiencia y los fiscales son abogados, con las mismas calidades técnicas, pero no tienen experiencia. No se puede dejar de lado el factor experiencia. Eso era esperable, y estamos en ese proceso. Si bien superamos un bajón inicial pronunciadísimo en noviembre y diciembre, y hubo números algo mejores en marzo y abril, estamos en el orden de la mitad de la judicialización de los delitos que teníamos al 31 de octubre. Entonces sí hay una preocupación porque la situación de normalidad se recupere a la brevedad posible.
—Otro tema que ha generado controversia son los procesos abreviados, que han llevado a que fiscales negocien penas más benignas en casos de delitos sexuales. ¿Qué opina?
—Es muy esperable la tendencia a que un número mayoritario de casos se derive al proceso abreviado. Estaba dentro de las previsiones. No era una proyección absurda pensar que de la misma manera que más del 80% de los procesamientos correspondían a situaciones de flagrancia, fuera a la larga un número parecido de casos que terminaran en el proceso abreviado donde se admiten los hechos, se confiesa, a cambio de una reducción de condena y se evita el proceso ordinario en audiencia. Ahora, la negociación tiende a llevar las sentencias de condena a los mínimos previstos para cada delito. Ha habido críticas, en algunos casos muy fundadas, a la aplicación de estos mecanismos en el caso de los delitos sexuales. Está en manos del legislativo si quiere excluir determinadas modalidades delictivas de estas negociaciones, si quiere acotar las potestades de negociación de la fiscalía, y también si desea que las penas mínimas que nacen de estos acuerdos entre fiscalía y defensa, se cumplan sin mecanismos que terminen haciendo más liviano el cumplimiento de la pena. Allí yo espero que haya un consenso grande del sistema político.
