¿Qué está en juego el 30? En una columna titulada “Con los resultados a la vista”, reproducida por Montevideo Portal el 17.11 pasado, el director de Interconsult, Juan Carlos Doyenart, hace un análisis de lo sucedido el 26 de octubre.
Y argumenta: “¿Por qué los uruguayos iban a votar en defensa de instituciones a las cuales se les asigna escaso valor como la independencia del Poder Judicial, la institución presidencial o los abusos de poder en el aparato del Estado? ¿Por qué iban a votar contra el despilfarro del gobierno o sus políticas clientelísticas cuando el dinero también llegaba a la población? ¿Iban a votar contra el tipo de cambio, el desastre de PLUNA, una política exterior sin rumbo o porque Mujica le dijo ‘almas podridas’ a la oposición? ¿Iban a cambiar el gobierno porque las mutualistas daban horas diferidas a 3 meses, cuando más de 400 mil personas habían ingresado al sistema y hoy contaban con cobertura? ¿Iban a cambiar el gobierno porque Mujica no logró concretar ninguna de las innumerables cosas que prometió hacer, cuando a la gente común no le interesan los trenes, ni la regasificadora, ni el puerto de aguas profundas, ni las rutas en mal estado? ¿Por qué razón la gente iba a culpar exclusivamente al FA de los problemas de inseguridad o de nuestro sistema educativo, cuando son viejos problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo y que la oposición nunca tuvo respuestas claras y globales?”.
Después de comparar parte del electorado frentista con el que adhería a Pacheco Areco, Doyenart afirma que “aquellas personas de hogares pobres o empleo inestable, que viven en la periferia de Montevideo son personas muy pragmáticas al momento de votar. No votaron a Pacheco por ignorantes, porque era el hombre fuerte que enfrentaba a la guerrilla, nada de eso les importaba; lo votaban por el congelamiento de precios, por Subsistencias, tipo de cambio diferencial y políticas sociales de tinte populista que llevó adelante. Exactamente las mismas razones que hoy llevan a votar al FA, al que consideran la fuerza política que les otorga mayores garantías desde la perspectiva del proteccionismo estatal (Mides). ¿Por qué iban a pensar que blancos y colorados les daban las mismas garantías? Toda esta gente hizo lo correcto desde el punto de vista de sus intereses personales y familiares, no por conciencia de clase, por ser de izquierda o razones de ese tipo. Si a todo esto le sumamos el resultado electoral del interior resulta muy interesante. También aquí vale preguntarse por qué motivos la gente del interior querría cambiar este gobierno. ¿Por ignorancia y atraso? Por favor no, por pragmatismo. Toda la bonanza económica generada por la producción agropecuaria —que enriqueció al terrateniente— también ha permitido que el peón rural y su familia vivan mucho mejor, que el alambrador, el podador, el fletero, el esquilador, el pequeño agricultor, el vendedor de fertilizantes, el pequeño comerciante, todos han sido favorecidos en estos 10 años. Entonces, ¿para qué cambiar el gobierno?”.
Antes que nada, quiero exponer una diferencia básica con lo que deja traslucir en su análisis el Ing. Agr. Doyenart. Los pobres y los más desposeídos del Uruguay no son todos votantes del Frente Amplio. Muchos siguen votando a blancos y colorados y ni qué hablar de los que adhieren a Asamblea Popular y al Partido Ecologista Radical Intransigente, grupos que captaron un 2% del electorado el pasado 26.
Todos ellos también recibieron beneficios del gobierno frentista y participaron del aumento de bienestar derivado del crecimiento económico general, pero fueron inmunes a la tentación de pagar con sus votos por esas mejoras.
A pesar de lo anterior y en general, el análisis de Doyenart me parece una descripción lúcida de la realidad socio-política uruguaya, que no ingresa —no tiene por qué hacerlo— en su valoración, en los aspectos cualitativos, que son los que me interesa abordar.
El mismo Doyenart me da pie para describir lo que creo sustancial de la situación nacional cuando dice: “la política del clientelismo político en base a salarios sin más contrapartida que el voto se ha convertido en varios países latinoamericanos en un muy buen expediente para mantener a ciertos grupos en el poder”, citando a Hugo Chávez, los Kirchner y Evo Morales. “Pero el aspecto que aquí nos interesa es el ‘modelo’ de asistencialismo que no es más que el salario de la pobreza. Dejemos claro que no es exactamente el caso uruguayo, pero este fenómeno sí estuvo presente”.
Esa descripción que hace Doyenart es una de las que la Ciencia Política utiliza para definir al populismo y es a partir de ello que trataré de dar respuesta a la pregunta del título.
Porque de poco sirve describir realidades si no analizamos a qué nos conducen o pueden conducirnos, según las actitudes individuales y colectivas que adoptemos.
En realidad, a los efectos que me propongo, no importa la denominación de populismo que podría darse al régimen que nos gobierna y hasta puedo conceder que no tiene todas las notas que lo caracterizan, aunque creo que se encamina hacia él. Y tampoco sirve la referencia a Pacheco Areco, pues no estoy seguro de que las semejanzas de gran parte del electorado frentista con el que apoyaba a Pacheco sean tales, por más que tengan algunas notas de similitud.
Lo que interesa fundamentalmente en mi reflexión es la correcta descripción que hace Doyenart de que el gobierno frentista está instalando en Uruguay un “clientelismo político en base a salarios sin más contrapartida que el voto (lo que) se ha convertido en varios países latinoamericanos en un muy buen expediente para mantener a ciertos grupos en el poder”. Agrego que también aquí.
¿Por qué hago hincapié en esa descripción?
Porque creo que la ruta de ese tipo de régimen conduce ineludiblemente al autoritarismo y ya sabemos qué viene después. Ahí sí que la referencia a Pacheco Areco debería sacudir las mentes y las conciencias.
Cuando empiezan a escasear las posibilidades de otorgar prebendas a cambio de votos, los primeros en rebelarse son, por supuesto de elemental lógica, los beneficiarios que reclaman —cada vez con más ahínco y violencia— que se mantengan los beneficios por los que vienen otorgando su apoyo electoral.
El régimen empobrecido no tiene con qué responder a esos reclamos, apela a la represión para mantener el orden y, muchas veces, la libertad, la república y la democracia se van por la alcantarilla autoritaria.
La que describo no es una película que no hayamos visto. Son realidades que se han dado en todo el mundo, sin distinción de signo ideológico, de las que no hemos estado ajenos, aunque, felizmente, en menor medida.
Que ello no suceda, que nos alejemos de ese riesgo, es lo que estaba en juego el 26 de octubre y lo que terminaremos de definir el próximo 30.
Por supuesto que los asistidos, los beneficiarios del régimen clientelístico, de su asistencialismo, votaron —y lo seguirán haciendo— por el mantenimiento del poder de quienes los asisten. ¿Son malos, actúan perversamente, son ignorantes, son indolentes, no tienen ideales, no les importa el destino de la patria?
Por supuesto que rotundamente no. Actúan pragmáticamente, como dice Doyenart, y hacen bien en hacerlo porque es lógico que así vean el camino para su subsistencia inmediata.
Ahora bien, ¿es ese electorado el que asegura el triunfo del Frente Amplio? ¿No sabíamos de su existencia y segura conducta electoral? ¿Desconocíamos el asistencialismo del Mides y de otros mecanismos de sumisión del elector a las dádivas del gobierno frentista? ¿Ignorábamos que, además, grandes masas, empobrecidas y marginadas hasta ayer, alcanzaron niveles de vida mucho mejores por un excelente desempeño de la economía y, por qué negarlo, de su buen manejo por parte de los gobiernos del Frente?
Por supuesto que sabíamos de todo eso, pero las esperanzas de alejarnos de los riesgos aludidos, sustituyendo del poder al Frente Amplio y restableciendo las garantías del régimen liberal, republicano y democrático, estaban basadas en que no más de un cinco o seis por ciento de los votantes del Frente en 2004 y 2009, que no forman parte del electorado cautivo largamente aludido antes, valoraran la defensa de instituciones a las cuales se les asigna escaso valor como la independencia del Poder Judicial, la institución presidencial o los abusos de poder en el aparato del Estado y que quisieran terminar con el despilfarro del gobierno o sus políticas clientelísticas, como describe acertadamente Doyenart.
Teníamos esperanza de que ese pequeño porcentaje del electorado, que hace la diferencia, analizara que es muy posible que ingresemos en un período recesivo de la economía, que las acechanzas de la imposibilidad de continuar con el avance populista se hagan presentes y que el autoritarismo se avecine.
Todavía tenemos esa esperanza. O, si no, tenemos la esperanza de estar totalmente equivocados.
José Pedro Isasa
CI 914.778-8
