Hay que “analizar” cuánto “apego a la Constitución” tienen quienes impulsan un Tribunal Constitucional, opina ministro saliente de la SCJ

Sostiene que debe analizarse el “apego a la Constitución” de quienes promueven en el Frente Amplio la creación de un Tribunal Constitucional. Entre los principales impulsores de esta idea, que cobró fuerza en los últimos días, está la primera dama y primera senadora, Lucía Topolansky.

—¿Qué evaluación hace de su gestión como ministro de la Suprema Corte de Justicia?

—Ha sido un tiempo de intenso trabajo. El día que asumí ese cargo expresé un compromiso adicional respecto de la defensa y promoción de tres valores: la vigencia de los derechos fundamentales, la independencia del Poder Judicial y el más alto nivel de capacitación de sus jueces. Los medios han hecho una amplia cobertura de la gestión de la Corte en defensa de los derechos humanos y de la independencia judicial desde que comencé a integrarla. Serán los ciudadanos quienes formulen su juicio acerca de si la Suprema Corte ha estado a la altura de esta época. De todos modos, creo que este período deja al país algo que perdurará y que aprueban los foros internacionales relativos a la vigencia del Estado de derecho: la Corte ha aportado sólidos fundamentos jurídicos de fuente nacional e internacional en su tutela de los derechos humanos necesitados de su protección, en todos los casos en que le correspondió hacerlo.

Menos difusión quizá ha tenido el avance que logramos en sede de capacitación. El Poder Judicial cuenta ahora con medios, cuyo costo ya se ha amortizado y más que justificado, que permiten que la capacitación ya no alcance a decenas sino a cientos de jueces y defensores públicos. Más aún se habría hecho de no ser por ese ceñido corsé que es la falta de independencia presupuestal.

—En el tiempo que estuvo como ministro se produjo una seguidilla de sentencias de inconstitucionalidad. ¿A qué lo atribuye?

—No puede atribuirse más que a la aprobación en relativamente poco tiempo de sendas leyes inconstitucionales que agraviaron a un número importante de personas, proporcional al número de sentencias que la Corte debió dictar en salvaguardia de sus derechos. Le agrego lo que destacara uno de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia que visitaran recientemente la Corte: cuando la existencia de una mayoría parlamentaria excluye u obstaculiza el contralor legislativo, ese contralor, al menos en cuanto a la legitimidad de las leyes, debe llevarlo a cabo el órgano jurisdiccional que tiene por ineludible competencia garantizar la vigencia de la Constitución. Es el sabio sistema de equilibrio de poderes que consagran nuestra Carta y todos los textos fundamentales de cuño republicano.

—Usted fue el único de los ministros que en todos los casos votó a favor de la inconstitucionalidad. ¿Le parece que hubo una voluntad expresa del partido de gobierno de legislar fuera de la Constitución o se trató de errores en la confección de las normas?

—Atendiendo a las manifestaciones públicas de algunos de los que propusieron, votaron y buscaron implementar la ejecución de tales leyes, me parece que pudieron concurrir ambas cosas, al menos en quienes realizaron esas manifestaciones.

—Algunos legisladores, como la senadora Topolansky, llegaron a proponer la idea de un Tribunal Constitucional. ¿Qué opina?

—Habría que analizar cuánto apego a la Constitución han demostrado quienes lo hayan propuesto, para determinar si no se trata, en realidad, y según a quien usted pueda hacer referencia, de un corcovo ante la molestia del “freno de la Constitución”. Y mire que yo no digo que el freno al que refería Artigas en su discurso fuera el de las cabalgaduras.

—La sentencia de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la caducidad fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos. Usted es docente de Derechos Humanos en la escuela judicial. ¿Qué le parecieron las críticas?

—Me parece que en buena medida, las críticas a que usted refiere no fueron siquiera tales. Yo considero crítica a un acto racional, no reñido con las leyes del conocimiento. Usted no puede hablar de crítica, por ejemplo, cuando alguien hace como que comenta un libro que no leyó ni sabe de qué trata. U opina de una película que no vio. Y el ejemplo es perfectamente válido en el caso cuando —y esto fue efectivamente así— la Corte debió poner en conocimiento de varios organismos internacionales que sus sentencias no habían resuelto lo que les preocupaba a dichos organismos.

—¿Pero no son delitos suficientemente graves como para ser castigados, el secuestro, la tortura y la desaparición forzada? Hay militares retirados, por ejemplo, que están empezando a reconocer la tortura que aplicaban a los prisioneros.

—Son delitos ciertamente graves el secuestro, la tortura y la desaparición forzada y por eso mucho me rechina que alguien piense en convertir en puntos turísticos las llamadas cárceles del pueblo, horrorosos instrumentos de tortura donde las personas, secuestradas y desaparecidas, eran enjauladas y sepultadas durante semanas y meses. Horrible, por cierto, y ni que decir de alguien que tratara de revalidarlo. ¿Se imagina llevar allí a los alumnos de nuestras escuelas? De lo que aquí se trata es de que los jueces uruguayos jamás dictarán sentencias para que se ejecuten en el paredón. Lo que quiero decirle es que la pena, el castigo, solo se justifica cuando tiene sustento en Derecho; de lo contrario, es mera venganza, sinónimo de barbarie.

—¿Qué sintió el día que la Corte fue ocupada por el traslado de la jueza Mota?

—Yo no sé si fue, utilizando sus palabras, “ocupada por el traslado de la jueza Mota”, o por qué. Sé que la Suprema Corte fue asaltada con el propósito claro, manifestado a gritos y soezmente, durante horas y mucho más allá del límite del aburrimiento, de impedirle funcionar, paralizando un poder del Estado. Es difícil completar la calificación del hecho. La patota siempre es repugnante, por supuesto.

—Usted estuvo presente en la reunión con el presidente Mujica el día que les dijo que no iba a pagar el aumento reclamado por los jueces por el “enganche” luego de dos sentencias de inconstitucionalidad. ¿Qué reflexión hace de esa reunión?

—En esa oportunidad, el señor Mujica puso en claro y muy enfáticamente que fue él quien dispuso no pagar esa deuda salarial, no solo a los jueces sino a miles de funcionarios y no solo del Poder Judicial. No voy a reproducir sus palabras. Pero es obvio que cuando las cosas empiezan por una afirmación de la voluntad de no cumplir la ley, el diálogo no podía resultar enteramente grato. Yo no comparto ese estilo.

—¿A su juicio existe una voluntad por parte del oficialismo por controlar al Poder Judicial?

—No sé cuál es la voluntad del oficialismo. Si se refiere a quienes hoy ejercen el Poder Ejecutivo, le diré que cuando quien juró respetar la Constitución y las leyes en realidad sostiene la convicción de que la política está por encima del Derecho, se torna difícil conjeturar acerca de la real voluntad respecto de un Poder del Estado cuyo primordial cometido es, precisamente, garantizar la vigencia plena del Derecho, cuando es requerido a prestar esa tutela.

—En estos días se ha desatado un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por un importante adeudo salarial. ¿Qué opina al respecto?

—Para empezar, el conflicto no es entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es, obviamente, un poder del Estado y por ende deudor de sus funcionarios por una parte de esos salarios. Solo que el Poder Judicial no paga a sus funcionarios simplemente porque el encargado de la caja, el que tiene los dineros del Estado, el Poder Ejecutivo, no cumple con entregar el dinero que debe. El conflicto es, en realidad, entre el Poder Ejecutivo y los miles de funcionarios impagos, buena parte de los cuales no son funcionarios judiciales, sino del Poder Ejecutivo. ¿Qué puedo decirle de miles de familias que no reciben lo que se les debe porque así lo dispuso el señor presidente?

—¿Los magistrados pueden hacer huelga o tomar otras medidas de fuerza desde el punto de vista gremial?

—Sí, porque igualmente podrían renunciar todos en el mismo momento, como alguna vez se contempló, y lo mismo podrían hacer la totalidad de los funcionarios perjudicados, fiscales, defensores públicos, registradores. Pero quiero destacar además que en el caso de los jueces, el tema no pasa solo por los miles de pesos que el Poder Ejecutivo les retiene: los jueces no solo están defendiendo su salario y a sus familias, sino también su independencia. Porque en gran medida, de esto se trata esta insólita pulseada, cuyo desenlace, a estar a las manifestaciones del señor Mujica, recién veremos en oportunidad del próximo presupuesto.