“Vamos a dejar actuar lo que tenemos. Vamos a animarnos”.
Lo que sigue es un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda el miércoles 16.
—¿Qué objetivos le gustaría conseguir durante su tiempo en la Corte?
—Mi objetivo máximo es humanizar la Justicia. Hacerla menos burocrática y más accesible. Ocuparme de las pequeñas causas. Del costo de la Justicia, por ejemplo. A pesar de que existe la auxiliatoria de pobreza, y hay defensores de oficio, hay toda una clase que no es pobrísima, sino media baja, que no puede acceder porque la defensoría de oficio no los atiende, y después están los costos de los timbres, si tenés que pedir peritaje se te hace carísimo. Todas esas cosas hacen que la Justicia sea un servicio caro y para mí tendría que ser gratuita. Pero decir que sea gratuita es demasiado, por ahora la gratuidad está establecida en la Constitución para los pobres declarados. Quisiera también que los jueces seamos menos acartonados. Que el sistema judicial sea visto no como algo que me viene a jorobar, sino que me va a ayudar.
—Se dio mucha difusión en los medios al hecho de que con su llegada por primera vez hay dos mujeres en la Corte. ¿Qué trascendencia le da a eso?
—Tiene importancia desde el punto de vista simbólico. Fui la segunda mujer también en llegar a los tribunales penales. Son símbolos buenos para todas las mujeres, de que se puede llegar a cargos máximos dentro de una institución, y que eso no va a estar reservado solamente a la órbita masculina. Después, en el trabajo, yo me llevo bien tanto con las mujeres como con los hombres, a pesar de que tenemos cabezas diferentes, porque pensamos diferente. Nosotras somos mucho más minuciosas, y tenemos una mayor sensibilidad.
—Usted viene de un Tribunal penal, por lo cual la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) debe ser una de sus prioridades…
—En lo inmediato mi objetivo es trabajar sobre la reforma. Tratar de apuntalarla y apuntalar a los jueces penales, que están alicaídos por el tema de que no se sabe todavía cuál va a ser la normativa que va a regir. La maestría en la Universidad Católica sobre el nuevo código cuenta con un solo juez, que fue becado. En total son 13 alumnos nada más. Ayer hablaba con el director académico del área para ver si la podíamos hacer a distancia, para que tenga una radiación mayor al interior del país, y también porque, aunque hay que pagar, de pronto hay gente que no quiere ser magíster pero quiere cursar determinados módulos. Podría ser una solución buena para llegar a más gente, sin perjuicio de lo que se pueda seguir haciendo a través del Centro de Estudios Judiciales.
—El nuevo código se postergó para noviembre, pero aún hay proyectos de reforma pendientes. ¿El hecho de que no haya a esta altura un texto definitivo complica la implementación?
—No permite trabajar a los doctrinos, que tanto aportan, que hacen punta de lanza. No permite la profundización. Y también hay mucha gente que dice: ‘Si esto se va a reformar, para qué voy a empezar a estudiar’. Entonces hay gente que se descansa en eso. Pero como Uruguay ya tiene antecedentes de proyectos que han sido aprobados y se ha postergado su entrada en vigencia, es como aquel que se quema con leche: ve la vaca y se pone a llorar. Igual creo que ahora hay mucho mayor conciencia de la necesidad del cambio. Eso es unánime.
—La Fiscalía envió al Parlamento un proyecto de reforma extenso, con más de 80 artículos… ¿Ya no hay tiempo para incorporar eso?
— Hay determinadas cosas, muy puntuales, chiquitas, que hay que modificar. Pero plantear una reforma tan amplia, a esta altura, trae incertidumbre. Imagino que, en un Parlamento donde tenés mil cosas, el CPP debe ser una de las tantas. Y ellos ya se abocaron al estudio del código, y le hicieron una posterior modificación que estuvo muy bien porque introdujeron toda una parte de medidas alternativas al proceso ordinario, que está excelente. Ahora, ¿otra reforma? Puede ser que sea necesario, puede ser que la Fiscalía tenga razón. Pero me parece que ya no se puede seguir pensando en la excelencia normativa y hay que pensar en cuándo nos vamos a poner a trabajar.
—¿Debería aprobarse rápidamente un texto con los cambios mínimos necesarios?
—Sí, no me parece bueno seguir dando largas. Hay que ir a lo imprescindible, y empezar. Porque siempre todos queremos ir a lo excelente, y está bien, pero a veces lo excelente es enemigo de lo bueno. Y la excelencia es un desarrollo, se da por etapas. Hay que arrancar, con esos arreglos mínimos, y después ver en qué hay que profundizar. Vamos a dejar actuar lo que tenemos, vamos a animarnos.
—¿Hay riesgo de que se tenga que volver a postergar la reforma?
—Ni idea, porque eso no lo manejo yo. La Corte considera que está preparada, y estamos haciendo los máximos esfuerzos dentro de lo que tenemos.
—La ministra Elena Martínez dijo que la Corte buscará una alternativa para que haya un sistema de “doble juez” (un magistrado resuelve el procesamiento y uno diferente interviene en el juicio). ¿Ese es uno de los cambios que considera necesarios?
—Es una de las modificaciones necesarias para no empezar con problemas, porque ya los abogados nos habían anunciado recusaciones. Si lo podemos solucionar, vamos a hacer todo lo posible. La Corte está pensando en hacer transformaciones: tenemos juzgados de paz, que era algo muy bueno hace muchos años, pero que hoy prácticamente no tienen trabajo y se han ido suprimiendo. La idea es convertir algunos en cargos de jueces letrados, y por allí ir al régimen del doble juez.
—El caso del procesamiento con prisión de una médica en Artigas reavivó el debate sobre el tema de la cárcel como medida preventiva… ¿Qué opina?
—Del caso concreto no puedo hablar porque estaría vulnerando la independencia de la jueza. El hecho fue en el norte, generalmente son jueces que recién se están iniciando, y cuando se quita la vida a alguien es algo que a uno lo conmociona muchísimo. Pero no vi la resolución y no sé qué argumentos manejó. Según lo que escuché por los medios, pareciera que es un caso de homicidio culposo, y podría haber otros parámetros para manejarse. De la misma forma que un chofer de un ómnibus, que es un profesional del volante, atropella a una persona y se lo procesa sin prisión, tal vez este caso podría haber ameritado, pero no quiero opinar porque no sé qué otros elementos se tuvieron en cuenta para la severidad en el trato. Sabemos que la prisión no sirve para nada. La prisión preventiva debe servir solamente para fines cautelares.
—Más allá del caso concreto, ¿hay un abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces?
—No sé si hay tanto abuso por parte de los jueces. El tema del hacinamiento carcelario, por ejemplo, que hace unos días planteó una delegación de la Asociación de Magistrados en el Parlamento. Parte de lo que planteaban era que el hacinamiento se produce, primero, porque tenés una norma que te manda a que los metas presos, porque el legislativo tiene esa reacción a establecer delitos inexcarcelables con mínimos de penitenciaría. Tenés normas que te dicen que si la persona es reiterante no podés darle la libertad provisional. Tenés delitos que son tonterías, el chiquilín de 18 años que te dice ‘dame el celular o te reviento’, pero ya es una rapiña. De repente el chiquilín no tenía armas, fue en un momento bobo. Y ya tiene cuatro años de penitenciaría. Es tremendo. Va a un lugar que no debería ir, donde le van a enseñar a cómo la próxima vez ser más astuto, le van a enseñar cómo escaparse del sistema, se va a dar con otras personas que no lo van a introducir en una orden religiosa ni en un colegio, sino que lo van a introducir en el ámbito del crimen. Realmente hay casos que rompen el alma.
—¿Cómo se soluciona ese problema?
—Tenemos que ir a niveles menores de prisión, y lograr medidas alternativas en serio. Porque también lo que ve el juez con las medidas alternativas es que o no hay lugar para hacer trabajos o no hay seguimiento. Entonces la medida alternativa termina siendo que concurra una vez por semana a la seccional. Terminás recargando a la seccional policial, cuando de repente sería mejor que fuera a pintar una escuela, o a limpiar una plaza. La OSLA (Oficina de Supervisión de Libertad Asistida) no tiene los insumos necesarios como para hacer un seguimiento real.
—¿Habría que fomentar más las vías alternativas a la prisión?
—Si queremos menos prisión hay que fortalecer la OSLA, darle las herramientas. No puedo seguir perfeccionando prisiones sin mirar la OSLA. Tiene que ser un mecanismo que funcione muy bien, máxime ahora, que la ley 19.446 prevé la libertad vigilada y la vigilada intensiva. Es una herramienta fantástica, y ya está vigente. En el tribunal tuvimos un caso en que el fiscal no la había pedido y tuvimos que hacer pinitos para poder otorgar la libertad, para evitar una reclusión que consideramos que no está bien. Tendría que ser más flexible, ir más al caso concreto. Porque lo que tenés allí no son normas, son personas. Cada uno tiene su historia, de repente alguno llega a los 18 años ya con un prontuario terrible, pero otro es que la pavada lo llevó a hacer algo, y los dos se comen el garrón de la misma forma. Y a los 18 años la persona todavía es muy maleable. La gente piensa que lo mandan a la cárcel y ya está. Pero si no los ayudamos, son personas que salen, y van a salir peor de lo que entraron.
—Varios jueces han criticado las recientes leyes que hacen que ciertos delitos sean inexcarcelables, porque les quitan la posibilidad de evaluar el caso a caso… ¿Debería quedar más sujeto al criterio del juez?
—Sí, y creo que el nuevo código lo permite. Vos te das cuenta cuando fue la pavada del momento —una pavada fea, por supuesto, no la estoy justificando. ¡Pero no lo metamos ya en la prisión! Porque tiene 18 años, y una vida por delante.
—La ley 19.446, si bien crea más mecanismos de penas alternativas, también impide las libertades a las que pueden acceder los reincidentes…
—Sí, es un sistema muy duro, muy duro. Creo que todos somos coincidentes en eso. Comprendo a la gente que tuvo ese espíritu, porque ves planillas de antecedentes que te querés morir, porque entran y salen, entran y salen, y su forma de vivir es el hurto. Comprendo lo que los guió.