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A fines de setiembre el sociólogo Luis Eduardo Morás presentó una investigación sobre el contexto de vida de los adolescentes que cometen delitos. La mayoría vive en la pobreza, tiene familiares que estuvieron en la cárcel, enfrenta dificultades en el estudio o tiene problemas con las drogas, concluyó el trabajo. Las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el organismo encargado de atender a los menores que delinquen, coinciden con ese diagnóstico, y por eso entienden que hay que cambiar la visón “criminológica” que se tiene sobre ellos, y pasar a una mirada “victimológica”.
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“Lo que llega al sistema es población vulnerable, que viene de sectores muy fragilizados, con historias de mucho dolor”, dijo la presidenta del Inisa, Gabriela Fulco, a los diputados que integran la Comisión Especial de Población y Desarrollo, el jueves 24.
Fulco explicó que el directorio del organismo está buscando cambiar “un poco la visión criminológica” que se tiene sobre los jóvenes que cometen delitos. “Creemos que hay que tener una visión más victimológica, porque (los adolescentes) vienen de transitar situaciones muy difíciles que los han llevado al delito, al consumo de drogas y es mucho más complejo poder salir de eso nada más ni nada menos que en la etapa de cambio de la adolescencia”, afirmó.
Fulco relató a los legisladores que están realizando un trabajo en conjunto con los familiares cuando los jóvenes generan algún problema en la institución. Explicó que con los padres de los adolescentes se habla sobre el tiempo de crianza y los funcionarios se interiorizan sobre la vida de cada familia. En tal sentido dijo que detectaron “algunas situaciones de vulnerabilidad” y se comunicaron con el Ministerio de Desarrollo Social “para que pueda ir apuntalando a estas familias y contribuir mejor al proceso de rehabilitación de los jóvenes”.
La presidenta del Inisa informó que una comisión está trabajando para llegar al 1º de marzo de 2020, con un “organismo saneado”, que tenga una “plataforma óptima de reestructura total en todos los niveles del sistema”.
En la actualidad hay en el Inisa 480 adolescentes privados de libertad, más otros 87 que tienen medidas no privativas. El Directorio del organismo entiende que hay un desbalance en estos números y que van a trabajar con la Justicia para que las medidas no privativas de libertad sean las que prevalezcan cuando se procesa a los adolescentes, tal como lo plantea el Código de la Niñez y las convenciones internacionales.
En el Parlamento, Fulco presentó una visión positiva sobre la situación de la institución. Sostuvo que hay “resultados” de gestión que se “observan en el descenso de la conflictividad y una mayor cantidad de jóvenes que están participando de actividades educativas, de formación en oficios y tienen la posibilidad de acceder a convenios”.
Esa visión contrasta con la del gremio de trabajadores del organismo. A fines de octubre la Mesa Sindical del Inisa emitió un comunicado advirtiendo que algunos centros están en una situación grave. En las últimas semanas se registraron “muchas peleas que terminaron con varios adolescentes lastimados y si no ha ocurrido una desgracia mayor, un daño irreparable, es por la experiencia”, afirmaron los trabajadores (Búsqueda Nº 1.890).
Pese a la visión positiva del Directorio, el director del Inisa, Álvaro Viviano, admitió que hay “debilidades en la infraestructura”, que están al “borde del hacinamiento” y que precisan “urgentemente más plazas para mejorar” las condiciones de vida en el lugar.
Sobre el relacionamiento con el gremio, el director Eduardo Katz dijo a los legisladores que los cambios que están planteando generan “resistencias”. “Nos reservamos el derecho a administrar y a gobernar porque somos los que estamos atados a las responsabilidades políticas y de todo tipo que nos confieren los cargos. Quiere decir que no compartimos la gestión con los sindicatos ni con los actores gremiales. Podemos, de pronto, intercambiar opiniones, pero entendemos que la resolución última tiene que ser nuestra. Esto no era así —según nos manifiestan los actores sindicales— y ese cambio generó resistencias”, explicó.
“Con respecto al relacionamiento con los dirigentes sindicales, debo decir que todos estos cambios les están costando muchísimo. Nosotros seguimos apostando al diálogo, pero no tenemos todo el día para dialogar porque, además, tenemos que gestionar; además, tenemos que trabajar”, señaló Katz. “Tenemos que hacer de todo un poco durante las veinticuatro horas, habida cuenta de que estas instituciones no cierran ni sábados ni domingos ni feriados, no cierran para almorzar ni tienen horas libres, lo cual complejiza bastante la situación”, añadió. “Nosotros apostamos a que, de una manera u otra, ya ha habido una aceptación”.
