Caja de profesionales busca reducir a 30 días los trámites jubilatorios que hoy pueden demorar hasta 90

En paralelo, el directorio contrató a la consultora Óptima Group para realizar un estudio de rediseño institucional que permita determinar qué recursos humanos necesita cada área, revisar los procedimientos, detectar tareas superpuestas e identificar oportunidades de mejora. Según detalló a Búsqueda el presidente de la CJPPU, Andrés Pérez, la primera etapa del trabajo está prevista para fines de este año. Si el directorio queda conforme con los resultados, la implementación podría comenzar en 2027 y extenderse durante uno o dos años.

Expedientes acumulados

En su intervención ante el directorio, Lemus vinculó las demoras con una combinación de factores: menos funcionarios, más trámites y nuevas exigencias derivadas de los cambios normativos. En particular, la Ley 20.410, aprobada en julio de 2025, modificó la carta orgánica de la Caja y ajustó distintos aspectos de su funcionamiento y del régimen previsional de sus afiliados, en el marco de los cambios introducidos por la reforma jubilatoria. Según explicó, la demanda de trabajo aumentó aproximadamente 60%, mientras que el funcionariado se redujo en torno a 20%.

El gerente señaló que cada trabajador del Departamento de Mesa de Estudio comenzaba la semana con unos 50 o 60 expedientes para analizar, a los que se sumaban los que habían quedado pendientes. En ese momento, el volumen acumulado en el área se ubicaba entre 800 y 900 expedientes.

“A veces sucede que un expediente que llevaría dos días termina siendo resuelto en 60 a 90”, sostuvo. Lemus aclaró que ese plazo no responde necesariamente a problemas particulares de cada solicitud, sino también al tiempo que transcurre hasta que el expediente puede ser estudiado. Según dijo, los casos que no presentan complicaciones representan entre 50% y 60% del total.

El incremento de la carga de trabajo no se limita a las jubilaciones. Entre los trámites que requieren atención mencionó las pensiones, las revisiones de prestaciones, las acumulaciones y otros procedimientos que demandan tareas de análisis y resolución.

Pérez sostuvo que la institución debe revisar qué procesos funcionan de manera incorrecta, cuáles se superponen y dónde se necesitan funcionarios. La definición sobre eventuales incorporaciones, afirmó, dependerá de los resultados del estudio que realice la consultora.

Una plantilla más reducida

Desde la Asociación de Funcionarios de la Caja de Profesionales (Afcapu) sostuvieron que la reducción de personal comenzó a hacerse visible a partir de 2019, cuando se produjo el último ingreso de trabajadores administrativos, y que desde entonces no se repusieron las vacantes generadas. Según sus cifras, unas 40 vacantes quedaron sin cubrir, lo que representa una disminución de más de 20% de la plantilla.

El sindicato entiende que esa reducción coincidió con los sucesivos cambios legislativos establecidos. En el caso de Mesa de Estudio, señalaron que los cambios normativos exigieron rediseñar procesos y desarrollar nuevas funcionalidades informáticas en plazos particularmente exigentes.

Las demoras no responden a una falta de compromiso de los trabajadores, sino a una combinación de factores “organizativos, tecnológicos y de disponibilidad de recursos humanos” que influyen directamente en “la calidad de la atención y en la percepción que los afiliados y beneficiarios tienen de la institución”, manifestaron.

Además, Afcapu cuestionó la estructura de conducción de la Caja. “La ausencia de una Gerencia General con capacidad efectiva de dirección y la asunción de funciones ejecutivas por parte del directorio debilitan la estructura de gestión y dificultan la planificación y ejecución de mejoras sostenidas”, expresó el gremio. “Sin resolver adecuadamente estas cuestiones, cualquier iniciativa de reorganización corre el riesgo de quedar limitada a modificaciones parciales, sin abordar las causas estructurales de las dificultades actuales”, agregó.

La asociación también advirtió sobre dificultades en las divisiones Jurídica e Informática. En la primera, señaló que la falta de personal administrativo y de abogados llevó a tercerizar tareas que antes realizaban funcionarios de la Caja, una práctica que, a su entender, “incumple un convenio vigente y precariza el trabajo”. En Informática, en tanto, sostiene que la plantilla es insuficiente para atender las necesidades del sistema.

Automatización

El gerente de la División de Afiliados señaló que algunos procedimientos ya fueron automatizados, pero que otros proyectos quedaron pendientes por limitaciones de recursos. Consideró que avanzar en esa dirección permitiría reducir las revisiones manuales y mejorar la eficiencia.

Por su parte, el gerente de la División Informática, Diego Di Pascua, mencionó entre los proyectos en curso el desarrollo de timbres digitales, que se encontraba en etapa de pruebas de usuario, y mejoras al simulador previsional. Entre estas últimas, señaló la necesidad de diferenciar los pagos de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) de las prestaciones de la Caja y de incorporar las distintas alternativas disponibles para las jubilaciones por edad avanzada. También indicó que las limitaciones de recursos obligan a priorizar algunos desarrollos y postergar otros.

Afcapu afirmó que no se opone a la automatización y que la tecnología puede contribuir a mejorar los servicios y las condiciones de trabajo. Sin embargo, sostiene que debe implementarse “con planificación, recursos adecuados, capacitación y supervisión, y no simplemente como un mecanismo para reducir costos o personal”. También planteó que se deben preservar instancias de atención personalizada para los casos complejos o especialmente sensibles.

La discusión sobre la capacidad de gestión de la Caja se desarrolla en medio de una negociación colectiva entre los funcionarios y el directorio. El convenio vigente vence en diciembre y, entre los asuntos en discusión, están la dotación de personal y la organización de las tareas.