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Es claro que en este proceso de cambios drásticos en un territorio tan codiciado como la costa, que se ha acelerado en la última década debido a inversiones globales, no se da el espacio ni el tiempo necesario para reflexionar y opinar a aquellos actores preocupados por los valores culturales y ambientales del sitio. Tampoco hay ni se promueve por parte de autoridades un conocimiento de estos valores entre la población, hecho que fomentaría una participación que realmente aporte a la construcción del espacio de todos, y así poder imaginar tal vez, futuros diferentes a este que hoy seguimos construyendo.
Las excepciones, por definición, no pueden ser la regla, si no, no son excepciones. Este período de la administración en Maldonado es —aunque no el único— un tiempo donde la situación normal es la excepción, al menos en lo que refiere a normativa urbana. Desde 2017 se han aprobado cerca de 40 de ellas, permitiendo en cada proyecto sobrepasar ampliamente la superficie o altura establecida por zonas. La razón aparente de estos permisos es promover la inversión de dinero en el departamento y la generación de trabajo para la población —que crece, irónicamente, por migrantes atraídos por las mismas posibilidades de trabajo que se ofrecen—. Y para que esto suceda, además, se requiere que el gobierno departamental conceda subsidios indirectos (exoneraciones millonarias) y beneficios jurídicos (normativa personalizada), de lo contrario, se asegura por parte de autoridades y gestores que la construcción no es viable. Lo peor del caso es que no se trata de usar predios mal ubicados o servidos, se requiere todo ello para construir en las mejores localizaciones del país: primera línea frente al mar, en suelo consolidado con todos los servicios. Si esto fuera verdad y la condición es tan mala, entonces ¿cuál es el futuro posible de Punta del Este?
Cierto es que en paralelo a las plusvalías que benefician claramente al inversor favorecido, hay cientos de minusvalías hacia las casas vecinas que pasan a tener edificios de 25 pisos al lado de sus ventanas o hacia el emprendedor que sí respetó la norma y tiene que competir con el subsidiado.
Lo más irreparable son los perjuicios ambientales que se generan, como las zonas públicas y privadas que quedarán de aquí en adelante en sombra, o la desaparición del paisaje cultural de casas en el bosque urbano que representa gran parte de la identidad del lugar. Aunque la mayoría de las excepciones —aunque no es exclusivo de estas— se ofrecen con mensajes plagados de discursos ambientalistas, en general no tienen ninguna preocupación ecosistémica real. Cualquiera puede ver esto si lee detenidamente los documentos presentados o se toma el tiempo de observar la realidad de lo ya hecho con este mismo criterio insostenible.
Pero las reglas actuales implican premiar la excepción y la excepción de la excepción, mientras se castiga y abuchea al que solicita la norma o, como sucede en el caso del San Rafael, al que pide recordar la excusa para otorgar el subsidio y la prebenda. En este contexto, entendemos que el accionar del Arq. Rey y vecinos de San Rafael son correctos y loables, y que las amenazas mediáticas recibidas resultan inadmisibles.
Isabel Gadino1, José Sciandro2
1) Arquitecta, magíster en Ciencias Ambientales, candidata a Dra. en Ambiente y Sociedad, docente investigadora de la Licenciatura en Gestión Ambiental y del Grupo de Estudios Territoriales del Centro Universitario Regional del Este.
2) Dr. en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho de Aguas, docente investigador de la Licenciatura en Gestión Ambiental, de la Maestría en Gestión Costera y del Centro de Manejo Costero Integrado del Cono Sur del Centro Universitario Regional del Este.
