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Desde hace más de un año la Intendencia de Montevideo (IMM) se propuso formalizar el trabajo de los cuidacoches. A cambio del pago de una contrapartida mínima —que comienza en $ 393 y aumenta hasta $ 1.574— la comuna les ofrecía los beneficios de insertarse en el mercado formal. Quienes se adhirieron a la propuesta recibieron un chaleco azul que los identificó como cuidadores “autorizados” y carnets con nombre, número de cédula, número de permisario, zona y horario de trabajo.
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Hoy son unas 900 las personas capacitadas por el gobierno departamental y autorizadas para realizar la tarea. Aún faltan registrarse unos 2.000, según estimaciones de la comuna.
Además de contribuir a la formalización de los trabajadores, el objetivo de la intendencia era también generar confianza en los vecinos. Es que al incorporarlos como funcionarios municipales, la conducta y los precios que exigen están controlados por la comuna. “Así las personas saben que el cuidacoches no puede exigir ningún monto para la propina, que el trabajador fue capacitado en materia de seguridad vial, que tiene contacto con la Policía y que debe tener un buen trato”, dijo a Búsqueda Pablo Inthamoussu, director de Movilidad de la intendencia.
Sin embargo, el jerarca admitió que aún trabajando dentro de la legalidad existen problemas, ya que no está correctamente establecido cuál es el procedimiento administrativo que se debe implementar cuando un cuidador autorizado es denunciado por mala conducta.
“¿Cómo hacíamos para que pudiera ser observado o se le aplicara un mecanismo de disciplina?”, planteó Inthamoussu.
Por eso, a principios de febrero la intendencia, junto a la Fiscalía General y al Ministerio del Interior, aprobó un protocolo para fiscalizar la actividad de los cuidacoches registrados y reglamentó los procedimientos de actuación ante quienes se comporten de manera irregular. El objetivo es que ahora esté claro, tanto para los cuidacoches como para la ciudadanía, cuál es el procedimiento para denunciar y sancionar el mal comportamiento de los cuidadores y así “dar garantías” a todos.
Respaldo
El área de Inspección de Tránsito de la IMM se encargará de controlar el nuevo reglamento, explicó Inthamoussu. Los funcionarios realizarán controles rutinarios, y en caso de que se constaten tres ausencias seguidas entre aquellos que estén registrados, se revocarán los permisos. Además, si se realizan denuncias por mal comportamiento en la vía pública, el cuidacoches será notificado. Y en caso de flagrancia, podría desembocar además en la revocación de la autorización.
“Aparte, está todo el mundo de la informalidad, la enorme cantidad de cuidadores furtivos que comienzan a desarrollar una tarea, incluso a veces esporádicamente en eventos, muy atado a necesidades vinculadas a las drogas. El objetivo es brindarles a personas en situación de vulnerabilidad herramientas para formalizarse”, indicó el director.
Hoy son unas 900 las personas capacitadas por el gobierno departamental y autorizadas para realizar la tarea de cuidacoches. Aún faltan registrarse unos 2.000, según estimaciones de la comuna.
Para este tipo de trabajadores irregulares, el procedimiento se efectuará a partir de una denuncia en la Oficina de Registro del Cuidador Formalizado o a través del buzón ciudadano. La inspección también será realizada por funcionarios de tránsito, quienes visitarán al cuidacoches ilegal para obligarlo a formalizar su situación. En caso de que se constate que la persona continúa desempeñando la actividad irregularmente, la IMM presentará la denuncia ante la Fiscalía. Y si se determina un desacato a la autoridad, será la policía quien tome cartas en el asunto, agregó.
“Para que el programa formal se siga expandiendo, necesitábamos el respaldo de la ley. Porque muchas veces le otorgábamos un permiso formal a una persona y venía un cuidador furtivo, y en ocasiones hasta con violencia, lo desalojaba del lugar que se le había dado. Quedábamos presos de esa situación”, dijo Inthamoussu. Además, para el director, ese vacío legal generaba que los cuidacoches registrados no se sintieran respaldados.
También se trabajó junto a la Dirección Nacional del Liberado, ya que muchas veces el cuidado de los vehículos es la primera salida laboral que los exreclusos encuentran, y para permitirles que se incorporen, era necesario modificar los requisitos para formalizarse.
El 7 de diciembre la Defensoría del Vecino se reunió con autoridades de la IMM para discutir, entre otras cosas, la situación de los cuidacoches, a raíz de molestias generadas en los alrededores de Mercado Ferrando. En sus registros solo figuran unas 14 denuncias sobre la actuación de cuidadores, aunque aclaran que no es algo representativo. Igualmente, desde la Defensoría señalaron a Búsqueda que los principales motivos que impulsaron las quejas fueron el uso de los contenedores y las veredas como zonas de baño, peleas entre cuidacoches y vecinos, y discusiones entre los mismos trabajadores.