La flota oficial volvió a crecer el año pasado y son casi 18.500 los vehículos del Estado

A pesar de ese nuevo crecimiento de la flota, se redujo en tres millones de litros el consumo total de combustible; pasó de 57,6 millones en 2024 a 54,6 millones en 2025.

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Por su lado, OSE figura con 875 vehículos, el Ministerio de Transporte con 721, la Intendencia de Canelones con 669 y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) con 545. Presidencia de la República cuenta con 111 automóviles. El Senado tiene cinco unidades, las mismas que la Cámara de Representantes.

Hay algunos organismos que tienen un único vehículo, según los datos que surgen del Sisconve. Es el caso de algunas facultades de la Universidad de la República —mientras Agronomía tiene 60 y Veterinaria 24—, del Sodre, del Banco Central y de varias direcciones ministeriales.

El Sisconve es un software que permite monitorear en tiempo real el consumo de combustible de los vehículos de propiedad estatal y hacer un control satelital de la flota y de sus recorridos para favorecer la eficiencia. Su origen está en decretos de 1994 que crearon el Registro Único de Vehículos Automotores, en el que se debían inscribir todas las unidades propiedad del Estado afectadas al uso de los incisos del Poder Ejecutivo, e instauraron el requisito del test técnico de las unidades y autorizaron a contratar servicios computarizados de información de utilización y consumos de combustibles a instalarse con base en la red de estaciones oficiales de Ancap.

Según el listado entregado por Ancap, hay dos intendencias —San José y Cerro Largo— que en 2025 no tenían vehículos registrados en el Sisconve, y solo aparecen las juntas Departamentales de Montevideo y de Florida, lo que permite presumir que las casi 18.500 unidades que surgen como flota oficial controlada por este software es, en realidad, una cifra de mínima de la flota total.

La comparación en perspectiva histórica debe considerar que la incorporación al sistema por parte de los organismos fue progresiva. Por esa razón, el incremento de la cifra total de vehículos monitoreados por el Sisconve, que se duplicó respecto al 2012, no obedece —al menos no solamente— a una expansión efectiva de la flota.

La flota y el discurso público

El gasto público asociado al transporte oficial había estado en la mira del equipo económico encabezado por la ministra Azucena Arbeleche, como parte de un “shock de austeridad” prometido en la campaña de 2019. Antes de ganar las elecciones, refiriéndose a las administraciones del Frente Amplio, el entonces candidato presidencial blanco Luis Lacalle Pou decía: “Descuidaron la gestión cotidiana del gasto, acumulando ineficiencias y pérdidas. Usaron la plata de los contribuyentes como si no diera trabajo generarla y como si no se fuera a terminar nunca. Un solo ejemplo permite entender el problema: la cantidad de vehículos oficiales pasó de menos de 4.000 en 2004 a casi 15.000 en 2017. Quiere decir que se multiplicó por cuatro. Pero esa flota está tan mal repartida que en buena parte del país faltan ambulancias. Nosotros nos comprometemos a poner fin a este manejo irresponsable de los dineros públicos”.

En esa área en particular, el plan de austeridad aplicado por la administración de Lacalle Pou no cortó con esa tendencia, sino que, por el contrario, la flota vehicular oficial inscripta en el Sisconve aumentó. La cifra pasó de 16.155 en 2019 a las 18.148 del 2024. De manera consistente con esa evolución —salvo por la baja en los años de pandemia, cuando se adoptó el trabajo remoto en muchas dependencias gubernamentales—, durante ese período hubo un incremento de los litros de combustible consumidos; el máximo de toda la serie proporcionada —que se inicia en el 2000— se dio en el 2024.

Aunque la estrategia del actual gobierno para reducir el déficit fiscal es —principalmente— lograr mayor recaudación tributaria, durante la elaboración del Presupuesto quinquenal los distintos incisos recibieron instrucciones orientadas a manejar de manera responsable los recursos asignados, pero sin referencias en particular respecto del uso vehicular.

El Poder Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsi también alentó a generar ahorros en las empresas públicas (de 1% respecto al menor entre el monto presupuestado y ejecutado el 2024 a igual nivel de precios sobre el total de gastos discrecionales, y un 1% adicional para el 2026). Además de OSE y ASSE, los entes y servicios descentralizados, como El Correo (322), Antel (258), Ancap (182) y la Administración Nacional de Puertos (88), cuentan con flotas relativamente grandes.

La flota oficial no es un aspecto particular de atención para las actuales autoridades, aunque tampoco descartan que haya allí oportunidades de mejora en el uso de los recursos.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, entiende que “hay enormes oportunidades de aumentar la eficiencia del sector público y de gastar menos en muchas cosas. De hecho, acá adentro teníamos un edificio alquilado para la Auditoría Interna de la Nación y la movimos a donde estaba la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones), y a la Comap la trajimos adentro del ministerio, ahorrando un alquiler importante. Como esos ejemplos, miles; yo he identificado dos o tres locales en el exterior, de mucho valor, que no están siendo utilizados, que se pueden vender, y estamos trabajando en eso. Hay millones de cosas para hacer y que me consta que con la discusión presupuestal que tuvimos y las sugerencias que les hicimos a los incisos en cuanto a que tenían que bucear para buscar recursos, lo están haciendo”, señaló el jerarca en una reciente entrevista con Búsqueda.