La sequía que atraviesa Uruguay es histórica, y ha dejado diversas implicancias en distintos ámbitos, desde las más conocidas hasta las menos esperadas. Una de ellas es la situación financiera del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), ya que su principal ingreso es un impuesto denominado Adicional Imeba, que implica que reciba el uno por mil de todas las transacciones de productos agropecuarios (vacunos, granos, leche y otros), excepto frutas y verduras.
Al haber menor producción y comercialización de estos productos, y al ser esta recaudación una fracción equivalente al monto de venta, se estima que la caída en 2023 llegará a US$ 7 millones, lo que implica casi el 35% del aporte que realizan los productores al INIA. Aunque si se tiene en cuenta el presupuesto total (sumando Adicional Imeba y aportes del Estado), significa aproximadamente el 17,5% del presupuesto anual de la institución, que es de US$ 40 millones.
El presidente de INIA, José Bonica, explicó a Agro de Búsqueda que la productividad del sector ganadero “ha bajado, pero no tanto como en otras sequías”, sin embargo, en la agricultura la incidencia de ese fenómeno climático fue “grande”.
También advirtió que “esto no se revierte de un día para el otro”. Planteó como ejemplo que en ganadería “las vacas falladas de hoy significan menos novillos gordos dentro de tres o cuatro años”, por lo que la producción y recaudación no solo va a bajar ahora sino también en el futuro.
En términos relativos, esta recaudación es la mayor fuente de ingresos que tiene el INIA. La Ley de Presupuesto que se votó al inicio de este período de gobierno establece que el aporte del Estado tiene que ser igual al del sector privado –antes debía ser igual o mayor–. El Estado mantiene el mismo aporte que venía realizando desde 2015, algo que en este período de gobierno fue justificado por la pandemia y la falta de recursos que generó.
El presidente del INIA advirtió que “llega el momento en que los productores no pueden hacer el esfuerzo que venían haciendo”, y “estamos viendo formas de compensar aunque sea en parte esa caída”. En tal sentido, desde la dirección del instituto se plantea que el Estado mejore su aporte en US$ 2,5 millones por año en 2024 y 2025.
Bonica declaró que eso “escapa a nuestra decisión y responsabilidad, pero estamos alertando sobre la importancia de investigar, en un mundo que está cambiando”; e insistió en la necesidad de “reforzar ese aporte” estatal, para no trastocar el normal funcionamiento del instituto.
El presidente del INIA también reconoció que se venía de un año de alta productividad agrícola y los ingresos fueron superiores. Destacó que INIA “tiene una política de generar reservas, ya que no puede depender de los recursos que son volátiles y por eso siempre se tiene una caja con tres o cuatro meses de presupuesto”.
El tipo de cambio es otro aspecto que complica la situación, ya que la recaudación se realiza en dólares y la moneda estadounidense se ha venido devaluando de forma importante en Uruguay, y por lo tanto equivale a menos pesos para cubrir las necesidades del presupuesto.
En INIA se considera que este momento es clave, porque el Poder Ejecutivo tiene que redactar la Rendición de Cuentas, que en el año previo a las elecciones tendrá validez de dos años. También “tenemos que apelar a la sensibilidad” del Poder Legislativo, dijo Bonica, insistiendo en que “no podemos dejar a los investigadores sin oxígeno”.
Plan B.
En el caso de que no se consiga esa mayor erogación estatal, las alternativas pasarán por definir cuáles serán las prioridades de INIA para establecer qué actividades continuarán y cuáles se deberán dejar de lado.
En la institución existen tres grandes áreas a las que se les asignan recursos: comunicación, inversiones e investigación. Según se indicó, el área de inversiones ya se viene aplazando, y que en el área de investigación se deberá establecer si se ajusta el presupuesto de todos todos los rubros por igual o habrá que jerarquizarlos.
Corregir ineficiencias.
El senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, reconoció a Agro de Búsqueda que el INIA es uno de los afectados por el “tropezón” que significó la sequía y eso genera un desfinanciamiento coyuntural que “es un dato objetivo”. El legislador remarcó que “de la misma forma que perdieron los agricultores, perdió el INIA”.
Afirmó que “si perdieron US$ 7 millones y están pidiendo US$ 2,5 te das cuenta que hay una zona donde se puede optimizar el gasto”. Al ser consultado sobre si es más viable reformar el INIA o conseguir el aporte extra del Estado, el legislador se inclinó por la segunda opción.
El legislador aclaró que “eso no implica que esté todo bien” en el instituto, porque “estos momentos de crisis ayudan a observar una ineficiencia que se puede estar dando”. Afirmó que “en lo personal lo defiendo a capa y espada, pero la mejor forma de defenderlo es observando algunos elementos que pueden modificarse; pero no vamos a permitir que deje de funcionar”.
Da Silva consideró que en INIA “puede haber un organigrama más moderno y eficiente, que pueda generar algún tipo de ahorro, porque no escapa a otros organismos del Estado donde hay ineficiencias. Pero hay varias cosas que se pueden mejorar y se los hicimos saber” a las autoridades del instituto, dijo.
Da Silva comentó que las autoridades de la institución “fueron a la Comisión de Ganadería del Senado y está todo verde por ahora, sobre todo porque aún no conocemos el contenido de la Rendición de Cuentas ni su margen, pero tenemos un compromiso de que los programas más trascendentes son políticas de Estado y como en cualquier organismo hay elementos que tenemos la obligación de poner arriba de la mesa”. De todos modos, afirmó que “INIA es muy trascendente para este gobierno campero” y que van a trabajar para asegurar su normal funcionamiento.
Retraso en los aportes del Estado
Hasta el año 2021 el Estado adeuda al INIA el presupuesto total de un año, monto que se fue acumulando a lo largo de varios ejercicios, no siempre en montos equivalentes. Las expectativas de cobrar esa deuda no son las mejores en el corto plazo, considerando el impacto de la pandemia y ahora de la sequía en las cuentas públicas. Desde lo formal INIA recuerda periódicamente sobre la existencia de esa deuda, para que no caduque.
El presidente de la institución, José Bonica, insistió en la necesidad de mantener las líneas de investigación porque “el mundo está cambiando”. Planteó, por ejemplo, que “no podemos utilizar más urea porque el costo energético para producirla en base a fuentes de carbono es éticamente cuestionable”, y “en la medida que tengamos fuentes renovables y podamos producir fertilizantes verdes vamos a ir adelantados a lo que el mundo nos está pidiendo. Esta institución tiene que seguir esa investigación de cerca”.
Bonica enfatizó que “tenemos que generar nuestro propio conocimiento, pero también aprovechar el conocimiento de otros, ya sean nacionales de otras instituciones como la Universidad de la República”, porque “se encuentran puntos en común”. Subrayó que “estamos haciendo lo mejor que podemos, porque el mundo cambió y quienes producimos en él tenemos que adaptarnos a lo que los consumidores nos piden”.
El porcentaje del producto bruto interno que Uruguay destina a la investigación está por encima de la mayoría de los países de la región, pero sigue estando lejos del que destinan los países ricos. “¿Cómo somos un país pobre aportamos poco a la investigación, o porque aportamos poco a la investigación somos un país pobre? Mi visión es que somos un país bueno, pero podemos ser mejores”, concluyó.
