“Tenemos que tomar una decisión: importamos trabajo extranjero o decidimos impulsar el trabajo nacional”, dijo a Búsqueda Alfredo Antía, quien el jueves 3 asumió como nuevo presidente de la Cámara de Industrias (CIU).
A su juicio, a corto plazo el empleo podría recuperarse si el Estado aumentara —como “medida de emergencia”— el margen de preferencia que las fábricas nacionales tienen en las compras públicas, en contraposición a lo que cuesta “subsidiar” al BPS o a Desarrollo Social (Mides). Al PIT-CNT le dice que hoy “la realidad mata a todo relato” y aboga por más libertad en los vínculos laborales.
—La producción fabril ya caía antes de la pandemia. ¿El Covid-19 empujó a más cierres o reconversión de las industrias?
—Es prematuro aventurarlo. Con los datos de setiembre empezamos a ver una lucecita al final del túnel y el núcleo duro industrial creció 3%; es la primera vez que se expresa con un volumen de producción prepandemia. Eso no pasa con el empleo, lamentablemente: calculamos unos 20.000 puestos perdidos desde marzo, de los cuales se han recuperado 8.000. Tenemos sectores muy golpeados, como el textil-vestimenta, las curtiembres, automotrices. Otros que tironean para arriba como la proveeduría de la construcción y otros como el lácteo, el plástico, químicos, medicamentos que no han acompañado esa caída a lo largo de todo el año. Esperemos que los datos de octubre y noviembre sigan así; hay encuestas sobre las expectativas empresariales que abren una puerta a la ilusión.
Antes de marzo veníamos de años de contracción por el alto costo de producir en Uruguay; relaciones laborales demasiado rígidas y encorsetadas; y un dólar planchado por muchos años que permitió la penetración de productos extranjeros y generó dificultades al sector exportador.
Hay variables que quizás no podamos gobernar, pero hay otras en las que sí podemos hacer un esfuerzo colectivo. El gobierno tiene su agenda y tenemos algunas expectativas, particularmente con los combustibles. El tema laboral es esencial: reclamamos el cumplimiento de la decisión de la OIT respecto a la ley de negociación colectiva e ir a un concepto de flexibilidad laboral, no pensada como precarización del empleo sino de libertad tanto para las empresas como los trabajadores.
—¿Qué plantea en concreto?
—Hay algunas cosas un tanto ridículas. Por ejemplo, no podemos partir las licencias por menos de 10 días, no podemos hacer bolsas por área para que si un trabajador quiere lunes, martes y miércoles trabajar algo más para tener el viernes libre; y las categorías son demasiado rígidas y una carga pesada para las empresas, en particular las más chicas. Hay que ir a la polifuncionalidad. Es algo en lo que tenemos que convencer a los trabajadores y a los sindicatos.
—¿En esta coyuntura cree que pueda ser más fácil de lograr?
—Hay mucha gente que está fuera de la foto del trabajo. Me viene la imagen del ómnibus con los asientos llenos y mucha gente de pie en la parte delantera, y cuando el ómnibus llega a la parada se encuentra con una cantidad de gente que quiere subir y la gente no se corre. El movimiento sindical, que ha levantado las banderas de la fraternidad y la solidaridad, tendría que hacer una introspección y en un acto de empatía frente a la situación de tantos que han quedado fuera de la posibilidad de llevar el pan a sus casas, reconocer que hay que correrse hacia atrás.
—¿Los trabajadores no lo hicieron con el período “puente”?
—El puente fue una muy buena noticia, un reconocimiento del estado de situación, pero tenemos que dar algunos otros pasos en esto de la flexibilización. La realidad mata todo relato. Hemos asistido a cierres y a la mayor extranjerización de la propiedad de las empresas y, sin embargo, muchas se han retirado por relaciones laborales demasiado estrictas y algunos excesos sindicales. Como presidente de la CIU voy a hacer todo lo posible para articular posiciones y tratar de persuadir a todos los que pueda sobre el valor de lo que está en juego. Estamos en un mundo altamente competitivo, no solo tenemos problemas para acceder a mercados externos, sino que competimos con los productos que se elaboran en otros mercados con condiciones laborales que aquí serían escandalosas, con salarios que serían impensables, con situaciones casi esclavizantes, con mercados que por su escala en muchos casos la robotización es alta, son demasiadas ventajas que estamos cediendo en el mundo del trabajo. Tenemos que tomar una decisión: importamos trabajo extranjero o decidimos impulsar el trabajo nacional.
—El gobierno dice que una de sus prioridades es el empleo, ¿no lo ve así?
—Si decidimos impulsarlo, podemos tener algunas cesiones, como en el capítulo de compras públicas que, por ahí, tiene algún costo para el Estado. Le he dicho a algún legislador que para comprar barato compremos el trabajo que producimos los uruguayos. Porque, a veces, los precios de importación son tan ridículos que cuesta creer que se destruya la posibilidad de mantener toda la cadena de valor que implica la industria por comprar algo más barato.
—La industria nacional ya tiene un margen preferencial en las compras públicas. ¿No alcanza?
—Tenemos un margen de preferencia histórico del 8%, pero estamos haciendo el planteo de llevarlo a 20% como una medida de emergencia que permita ir por las capacidades ociosas de la industria nacional y por un efecto a corto plazo de recuperación de empleo. Y en contraposición a esto, el Estado debe valorar cuánto le cuesta al país subsidiar al BPS, al Mides, porque lo que no podemos es dejar a los uruguayos de a pie.
Quiero reivindicar el rol del empresario industrial. Tenemos 160.000 trabajadores y la industria —que es una escuela de ciudadanía por su entramado social— pelea para tratar de aguantarse. Ese es el estado de ánimo.
—El Estado ya es un cliente relevante para las empresas uruguayas. ¿No sería un arma de doble filo depender más de él para lograr la competitividad?
—No, porque las empresas han hecho un enorme ajuste interno, pero a veces eso no es suficiente. No es posible pensar en el desarrollo de la industria en Uruguay si no puede venderle al Estado, que podría oficiar como motor.
—En los últimos días una autopartista anunció que se retira y una ensambladora de vehículos informó que armará un modelo aquí. ¿Cómo lo explica?
—Eso muestra un contraste enorme de lo que pueden ser dos caras de un mismo país. Por un lado, una empresa extranjera de alta tecnología que hizo una inversión en Uruguay y emplea a unos 200 trabajadores decide irse; es una noticia desgarradora, una tragedia. Por otro, recibimos el emprendimiento de Ford y nos emocionamos. Para invertir en un país uno necesita confianza; debemos dar certezas en el ámbito laboral y ahí los sindicatos tienen mucho para hacer. Hay que mirarse al espejo y ver la realidad tal cual es.
—¿Cómo ve las medidas del gobierno para mejorar la competitividad y la inserción externa?
—Si logramos reducir los costos, vamos a tener más oportunidades. Pero vemos con preocupación los tiempos del Estado, porque no son los de las empresas.
Además, Uruguay debe ir a la ofensiva para defender a su agropecuaria, pero debe ser muy cuidadoso y conocer muy de cerca su industria manufacturera, para evitar que las regulaciones que se puedan imponer desde fuera terminen siendo una vía de entrada para ellos y un obstáculo técnico al comercio para nosotros.
