Inflación alta afectó voluntad de la gente de ahorrar, dice jerarca

Otra investigación reciente realizada por un economista uruguayo aborda el tema del ahorro en los distintos niveles de ingresos. En 10 países de América Latina y el Caribe los ricos tienen tasas de ahorro más altas que las de los pobres, pero en otros cuatro —entre ellos Uruguay— no se registran diferencias, concluyó Néstor Gandelman, de la Universidad ORT, autor de ese estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Gandelman estimó los efectos de los ingresos de por vida (permanente) en las tasas de ahorro. Eso supuso combinar información acerca de la educación del jefe de familia y la construcción de un “índice de riqueza” basado en la posesión por el hogar de automóvil, vivienda propia, TV, computadoras y algunos electrodomésticos.

El índice de riqueza calculado para Uruguay es de 0,25 en mediana, similar al de Paraguay (0,24) y al de Costa Rica (0,22), pero por debajo del de Bahamas (0,33). México figura con un valor de 0,17, Ecuador con 0,15, Argentina con 0,17 y Perú con 0,08.

Inflación e inclusión

Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística citada por Failache, entre los hogares más pobres había un desahorro (endeudamiento) equivalente a 12% de su ingreso disponible, aunque el autor aclara que ese promedio no representa un comportamiento uniforme en ese sector de la población. Mientras, los más ricos ahorraban 18% de su ingreso, también en promedio.

Durante la presentación de su investigación, el gerente de Política Económica y Mercado del BCU, Alberto Graña, reflexionó que muchas familias uruguayas tienen su origen en población inmigrante que acostumbraba a ahorrar. “¿Qué pasó en el camino?”, preguntó luego, en el sentido de que hoy eso es algo no tan común.

En la misma charla, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, culpó a la inflación, que alcanzó niveles de dos y tres dígitos décadas atrás, de desestimular el ahorro. “¿Por qué voy a ahorrar $ 10 si en cinco minutos tengo $ 2?”, planteó. Consideró que el “control de precios es una palabrota” y que lo que se precisa es un banco central “potente” que ayude a contener el proceso inflacionario.

Failache, en su estudio, analiza los avances que se han hecho para tratar de universalizar el acceso a los servicios financieros, particularmente a partir de la denominada “ley de inclusión” en esa área que se está implementando gradualmente desde 2014. En su opinión, dicha norma fortalece la oferta de estos servicios y también establece un mercado amplio de usuarios de estos servicios al regular de manera obligatoria los pagos de retribuciones, el uso de cuentas bancarias y medios electrónicos para una vasta cantidad de transacciones. Pero el plan “promueve la inclusión bancaria sin plantear una estrategia para los sectores pobres y de menor ingreso, considerando las inequidades de la exclusión”, sostiene.

Según ese investigador, se debe reconocer el “mérito” de la ley que “abrió una caja de Pandora” durante su discusión parlamentaria como “un paso imprescindible en el camino de la inclusión financiera”. En ese sentido, destaca que en los últimos años se han hecho “grandes esfuerzos de promoción de la inclusión financiera en varios sentidos. Por una parte, se ha avanzado en la red para los pagos electrónicos y la bancarización de la población. Por otra, se ha incentivado el uso de dichos medios de pago para el caso de la población más vulnerable. También se ha apuntado a la inclusión mediante el crédito productivo con acciones desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el BROU. Quedan numerosos desafíos planteados (...)”.

Failache cuestiona que el plan no presenta “medidas específicas para una efectiva participación de las cooperativas de ahorro y crédito, y otros intermediarios financieros en este mecanismo inclusivo”.