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Si bien tuvieron ciertos parámetros comunes, los informes elaborados en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para entregarle al gobierno electo son desparejos en su contenido. Con el título de Resultados de gestión del período 2015-2019, en general hacen una descripción aséptica de las acciones ejecutadas y los planes estratégicos en cada área, pero algunos van más allá e incorporan ciertas valoraciones y hasta recomendaciones a las futuras autoridades.
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Fueron preparados documentos separados, uno por la Dirección General de Secretaría —referido a distintos programas y asesorías del MEF— y otros por cada una de las unidades ejecutoras vinculadas. La cartera informó que, en conjunto, tiene 4.229 empleados presupuestados y otros 105 que carecen de la calidad de funcionarios públicos.
Algunos informes enfatizan ciertos logros, incluso de los dos gobiernos anteriores del Frente Amplio .
En el período 2005-2019 se concretó una “profunda transformación del proceso presupuestal en Uruguay”, se señala en el capítulo referido a la Unidad de Presupuesto Nacional, creada en 2007 en la órbita del MEF. “Se entiende que están sentadas las bases y se construyeron las capacidades que le permitirán a la próxima administración continuar construyendo la mejora en la gestión presupuestal y en la gestión pública en general”.
Allí también se alude a la “rigidez del gasto”. Alrededor del 50% de los fondos presupuestales se destinan a rubros que “tienen reducido margen de discrecionalidad en el corto plazo: asistencia a la seguridad social (24%), intereses (10%), certificados de crédito tributarios (9%), aporte de Rentas Generales para el financiamiento del déficit de Fondo Nacional de Salud (4%) y transferencias a los gobiernos subnacionales (2%). El restante 50% del gasto está compuesto en su mayor parte por la administración central (20%) y por los organismos del (artículo) 220 de la Constitución (27%)”. El informe agrega que los egresos tienen una “dinámica endógena particular, debido fundamentalmente al ajuste constitucional de las pasividades por el índice medio de salarios”.
En referencia a la Unidad de Gestión de Deuda, uno de los documentos incluye una “hoja de ruta” con “oportunidades y desafíos para los próximos años”. Sugiere, básicamente, seguir la misma estrategia que hasta el presente: “Se entiende que la gestión de la deuda del gobierno debería tener como base una política prudente de manejo de la liquidez, manteniendo, en promedio, un nivel de caja que cubra al menos el servicio de deuda de los siguientes 12 meses”, así como las líneas contingentes con organismos multilaterales de crédito. “Esta política de manejo precautorio de liquidez constituye un seguro contra la volatilidad en los mercados externos, y permite disponer de un margen adicional para enfrentar eventos adversos que afecten transitoriamente el resultado fiscal”.
En concreto, como “líneas de acción” para los próximos años recomienda, entre otras cosas, “seguir promoviendo el buen funcionamiento y eficiencia de los mercados de bonos locales”; realizar operaciones de manejo de pasivos que permitan mejorar el perfil de amortizaciones; “apuntalar” el desarrollo del mercado de valores de títulos privados; y fortalecer el relacionamiento con los inversores asiáticos, europeos y latinoamericanos.
La oficina del MEF que trabaja en torno a los proyectos de participación público-privada destaca los “resultados obtenidos” —un portafolio de 13 iniciativas, actualmente— así como la “fortaleza institucional” que logró Uruguay en esta área “en menos de 10 años desde la promulgación de su ley”, lo que “coloca al país como referente tanto a nivel regional como internacional, por sus mejores prácticas”.
En cuanto al Programa de Inclusión Financiera —cuestionado en su obligatoriedad por las autoridades electas—, el informe cita datos para subrayar su avance. A partir de la implementación del pago de remuneraciones a través de medios electrónicos, aproximadamente un millón de personas accedieron a una cuenta o instrumentos de dinero electrónico gratuito (40% de la población de 15 años o más). Además, en 2017 unas 31.000 nuevas firmas habían accedido a servicios bancarios, de las cuales aproximadamente 28.000 eran microempresas. En suma, “las transformaciones procesadas sitúan a Uruguay en el concierto internacional como uno de los países que mayores avances ha registrado en materia de inclusión financiera”, dice el MEF. Aún así, apunta como parte de una “agenda a futuro” promover modificaciones legales para el desarrollo de un sustituto digital de los cheques diferidos.
Respecto a la Dirección General de Comercio y su competencia sobre las zonas francas, el informe consigna que “el desafío para los próximos años es gestionar las autorizaciones de contrato que implica una nueva zona como UPM 2 en los plazos exigidos y con disminución de personal”. También la definición de los criterios para la mejora de la administración de la Zona Nueva Palmira según el rol asignado en la estrategia de desarrollo sustentable de largo plazo”.
Aduanas, DGI y Casinos
La Dirección Nacional de Aduanas reportó que actualmente tienen un “portafolio” compuesto por 33 proyectos, de los cuales 17 son considerados “estratégicos” y 16 de tipo “operativo”. Su grado de avance real respecto a lo esperado asciende al 81%, lo que indica un “buen nivel de cumplimiento”.
El costo de la recaudación tributaria tuvo una “mejoría sostenida” en los últimos años, hasta ubicarse en 0,89% de la cobranza total, informó el MEF respecto a la Dirección General Impositiva.
Otra repartición que genera caja para el Estado dependiente de la cartera que hoy dirige Danilo Astori, la Dirección de Casinos, también puso énfasis en los progresos en materia de gestión interna. Indicó que en los últimos 10 años invirtió en su modernización unos US$ 90 millones, mientras que en el mismo período obtuvo una ganancia líquida del orden de los US$ 700 millones, una tasa de rentabilidad promedio de 30%. “Es en esa extensión en el tiempo y en el desarrollo de esas variables que debe juzgarse el desempeño y gestión de esta unidad”, se afirma en el documento.
Entre las acciones en marcha que identifica la Tesorería General de la Nación, algunas están en etapa de prueba. Es el caso de la intención de implementar el uso de tarjetas prepagas corporativas en las unidades ejecutoras del MEF como alternativa al dinero en efectivo, buscando un manejo más eficiente de los fondos públicos. Se trata de un proyecto en fase piloto.
