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Era viernes 9 de febrero por la tarde, previo al feriado de Carnaval. Aunque la ciudad ya había empezado a vaciarse y los uruguayos se ponían en modo vacaciones, el fiscal Gustavo Zubía seguía tan activo como siempre. “Estoy declarando en la Fiscalía, me están investigando”, dijo, entre escandalizado y divertido, cuando atendió un llamado de Búsqueda.
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Posiblemente Zubía sea el fiscal más mediático del país. Lo reconocen por la calle, lo llaman de las radios, de los canales de televisión, de los diarios. Hábil orador, veloz, teatral, contundente, sabe entretener a las audiencias. Y recoge simpatías entre quienes temen la inseguridad en las calles: Zubía es un ferviente defensor de la “mano dura” y no pierde oportunidad de criticar un sistema penal que a su juicio es muy benigno con los criminales.
Es además vicepresidente de la Asociación de Fiscales, desde donde se ha enfrentado al fiscal general, Jorge Díaz, por lo que considera una deficiente implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que comenzó a regir hace poco más de tres meses.
Zubía se ha encargado de denunciar en los medios innumerables dificultades generadas por la reforma penal, que atribuye a una sobrecarga del trabajo sobre los fiscales y a un sistema excesivamente burocrático.
Pero unas declaraciones en particular parecieron generar preocupación en la Fiscalía General. En enero Zubía contó al programa Subrayado, de Canal 10, y al diario El Observador, que por culpa de las demoras “burocráticas” para obtener una orden de detención —que el fiscal debe solicitar al juez— un delincuente que estaba rodeado por la policía consiguió escapar. “Demorar dos horas para detener a un individuo es un absurdo”, declaró Zubía. En diciembre había denunciado otra situación similar.
Esta vez, la Fiscalía decidió iniciar una investigación administrativa para determinar si hubo “hechos o actos irregulares o ilícitos dentro del servicio” que derivaron en la “fuga de un presunto delincuente” y “eventualmente la identificación de responsables”.
“Parece que mis manifestaciones no cayeron en gracia de nadie”, dijo Zubía a Búsqueda. “Van a investigar las responsabilidades, vaya a saber si imputables a mi persona o a los funcionarios administrativos que no fueron eficientes”, agregó.
Fuentes de la Fiscalía General dijeron a Búsqueda que la investigación no tiene como objeto indagar a Zubía sino “determinar si efectivamente ocurrieron fallas en el servicio, para tomar medidas correctivas”.
“Voy a seguir hablando”.
El viernes el fiscal fue citado a declarar en el marco de la investigación. “Como yo soy el que doy el contenido a la nota periodística, en principio la investigación administrativa viene dirigida hacia mí. Ya declaré durante dos horas, y di todas las explicaciones del caso”.
Zubía dijo que si bien es posible solicitar la autorización del juez para la detención a través de un sistema informático, las reiteradas fallas del software no le dieron certeza de que el trámite podría completarse a tiempo: “Como el sistema no tiene confiabilidad, yo opto por hacer estas cosas en forma directa”. Entonces recurrió al mecanismo de contingencia, previsto para cuando el sistema falla, que consiste en llevar personalmente una solicitud en papel.
Fuentes de la fiscalía dijeron a Búsqueda que esta semana hubo reuniones para discutir la posibilidad de que los fiscales puedan comunicarse por teléfono con el juzgado para solicitar órdenes de detención y allanamientos, de modo de acelerar el trámite si el programa informático falla.
“¿Si voy a seguir hablando? Siempre. Voy a seguir hablando de lo que entiendo. Además, tengo una posición gremial que me obliga a hablar de estas cosas, porque son planteos que se me han hecho reiteradamente. Espero que en su momento el esfuerzo esté dedicado a modificar un sistema ineficiente y no únicamente a indagar a los que critican el sistema”.
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