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“Cuando se recuerde que en 2023 empezó a aplicarse la reforma curricular que revitalizó nuestra enseñanza, se recordará también que los sindicatos hicieron paro el primer día de clases”, tuiteó el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. El lunes 6, en que comenzaron unos 690.000 alumnos de los primeros grados de escuela, liceo y UTU, amaneció ocupado el liceo N° 41 en medio de un paro gremial docente contra la transformación curricular impulsada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
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El primer paro del año en el sector de la enseñanza fue resuelto por el gremio de profesores de Montevideo (ADES) y por la filial sindical de UTU (Afutu). La reforma a la que se oponen estos sindicatos plantea varios cambios en la organización de la enseñanza. Uno de ellos es la puesta en marcha de la Educación Básica Integrada, de primer año de primaria a noveno en educación media.
El liceo N° 41 fue el único centro educativo ocupado ese día. Secundaria pidió su desalojo inmediato y los manifestantes se retiraron en forma pacífica para seguir su protesta en la calle. “Robert Silva, Robert Silva, qué nervioso se te ve, la reforma educativa te la vamo’ a hacer caer”, coreaba medio centenar de personas tras la desocupación.
En esas horas, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) recorría distintos centros educativos con un mensaje optimista sobre la reforma que iniciaba. “Comienza un nuevo paradigma”, repitió Silva en el patio de la escuela N° 24 Joaquín Suárez. El jerarca negó además un comienzo de clases caótico, consideró que el paro en liceos y UTU fue una decisión “equivocada” y minimizó su impacto en las aulas.
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), que no adhirió al paro del lunes, sí se plegó a la paralización y movilización de ayer miércoles 8 convocada por el PIT-CNT por el Día de la Mujer. “Nosotros no hacemos guardias gremiales”, afirmó Elbia Pereira, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM-TEP) y secretaria general del PIT-CNT, que trasladó la responsabilidad a las autoridades sobre los servicios de alimentación escolar.