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Un peón de barrido que trabaja para la Intendencia de Montevideo (IM) desde 2001, el nivel más bajo en el escalafón, podría recibir en los próximos meses un pago por única vez de $ 27.556. A otro funcionario municipal que se desempeña como capataz —grado 9, correspondiente a un nivel intermedio de la escala salarial— la comuna debería pagarle $ 64.064, mientras que un profesional que tenga un grado 14 recibiría $ 123.939.
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Estas cifras corresponden a adeudos que la comuna capitalina mantiene con los funcionarios municipales, según indica el peritaje elaborado por la contadora pública y profesora grado 5 María Cristina Dotta a pedido del juzgado de primera instancia en lo Civil de 6º Turno.
El informe, al que accedió Búsqueda, fue elaborado en el marco del juicio iniciado en 2009 por 2.700 trabajadores municipales –encabezados por la Agrupación 1980 liderada por los dirigentes Álvaro Soto y Pablo González– con el patrocinio del estudio jurídico de Helios Sarthou en reclamo de remuneraciones impagas.
Los funcionarios denuncian que no se respetó el convenio firmado el 27 de diciembre de 2001, durante la administración del ex intendente Mariano Arana, lo que provocó “diferencias salariales y sus incidencias impagas” teniendo en cuenta “los incrementos que deberían aplicarse” a partir de 1º de julio de 2005.
González dijo a Búsqueda que “este juicio va desde julio de 2005 hasta octubre de 2008 porque la Intendencia no pagó en ese período lo que debió pagar por no tomar la base de los aumentos que se deberían haber fijado en base al convenio”.
A partir del 23 de octubre de 2008 la administración del entonces intendente Ricardo Ehrlich firmó un nuevo convenio con los funcionarios tomando como base los ajustes salariales que fijaba el acuerdo de 2001 como consecuencia de otro juicio que el sindicato de municipales (Adeom) —patrocinado por el abogado Daniel Och— le ganó a la comuna.
En dicho juicio, la Justicia condenó en junio de 2006 a la IM a indemnizar a los funcionarios con los haberes que les hubiera correspondido en aplicación del mismo convenio entre el 1º de octubre de 2002 y el 30 de junio de 2005, más de U$S 20 millones (Búsqueda Nº. 1.481).
González estimó que de culminar este nuevo juicio con un fallo favorable a los trabajadores, la cifra que deberá pagar la Intendencia “es similar y hasta más plata” que la demanda que finalizó en 2006.
Dotta indica en el informe que consta en el expediente que, por “la complejidad” de la “variedad de componentes” que tiene cada salario, tomó exclusivamente el sueldo base de cada escalafón pero en cada caso se debe sumar “un promedio de 88 partidas de haberes y/o descuentos” lo que hace que la cifra adeudada sea mayor.
Entre las bonificaciones de mayor incidencia se encuentra un 20% extra por nocturnidad, un 30% de asiduidad, los viáticos así como un 33,3% de las compensaciones por horas extras.
Lo incumplido.
El convenio firmado en 2001 fijaba la evolución de las partidas salariales entre el 1º de febrero de 2002 y el 30 de junio de 2005 con un ajuste salarial semestral del 100% del Índice de Precios al Consumo (IPC) —que podría ser cuatrimestral si la inflación del semestre anterior fuera mayor a 7%— , una partida de $ 350 por única vez en febrero de 2002, un incremento adicional del 1% en octubre de 2003 y otro 1% en octubre de 2004.
Por los dos aumentos de 1% adicional, Adeom mantiene otro juicio con la IM en el que recientemente el Tribunal de Apelaciones revocó un fallo de primera instancia que daba la razón a la comuna. Ese caso está ahora en la órbita de la Suprema Corte de Justicia (Búsqueda Nº. 1.747).
Dotta dice en su informe que “el convenio se cumplió hasta el aumento correspondiente al mes de abril de 2002, empezando la administración a separarse de lo allí estipulado en el mes de octubre del mismo año cuando correspondía aplicar el siguiente aumento salarial”.
A partir de allí, según el documento, la Intendencia debió ajustar por aumento de IPC un 19,725% en octubre de 2002, un 4,593% en febrero de 2003, un 2,614% en abril de 2003 —pasó a ser cuatrimestral porque entró en vigencia la cláusula prevista por si la inflación del semestre anterior fuera mayor al 7%—, un 5,007% en octubre de 2003, un 4,212% en abril de 2004, un 6,170% en octubre de 2004 y un 0,298% en abril de 2005.
Tras compararlo con los comprobantes de pago brindados por la IM, Dotta concluye que “el salario base considerado por los servicios de liquidación de haberes de la Intendencia de Montevideo era inferior para todos los grados y cargas horarias”.
“Por lo tanto, a partir de julio de 2005 se abonaron los salarios sin la totalidad de los aumentos incorporados que se habían otorgado por convenio de 2001 hasta junio de 2005. Los aumentos otorgados a partir de junio de 2005, no parten entonces de un salario base que contenga todo el efecto de los aumentos del convenio de 200, sino de un salario base inferior”, agrega.
Ulterioridad.
González dijo que el centro de la discusión con la IM está en si se mantienen o no los beneficios acordados una vez que se cae un convenio.
“La Intendencia se apoya en la no ulterioridad de los convenios y afirma que cuando cae un convenio cae también el acuerdo salarial. Para nosotros que no exista esto es un disparate y creemos que, como es salario, se incorpora y debe seguir vigente hasta que haya un nuevo convenio que defina la nueva situación”, concluyó.
Autoridades de la comuna consultadas por Búsqueda prefirieron no hacer declaraciones en este momento.
