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El Tribunal de Cuentas señaló una serie de incumplimientos que la Intendencia de Paysandú cometió en su ejercicio de 2018. Fueron un total de 12 apartamientos a más de veinte normativas, entre ellas la Constitución de la República, el Código Tributario, el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), la reglamentación del IVA, la ley de descentralización y participación ciudadana, un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, y ordenanzas y resoluciones del propio tribunal.
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Estas conclusiones surgen de una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas a los estados de ejecución presupuestal de la intendencia con relación a los créditos y a los recursos correspondientes al 2018. Pese a que uno de los objetivos de estas auditorías es emitir un dictamen con su “correspondiente opinión”, en este caso el tribunal no la emitió, ya que “el alcance del trabajo no fue suficiente para permitirlo”.
El órgano señaló que no pudo aplicar “procedimientos de auditoría suficientes” porque la administración no le proporcionó la información necesaria. De todas, formas el dictamen sí expone incumplimientos, comentarios y constataciones.
El documento emitido el 18 de diciembre, al que tuvo acceso Búsqueda, afirma que la comuna liderada por el frenteamplista Guillermo Caraballo no respetó en su totalidad la cantidad prevista de funcionarios presupuestados y no presupuestados. También que efectuó compras sin los correspondientes llamados a licitación; menciona específicamente que la intendencia realizó compras directas para el arrendamiento de maquinaria sin dejar expresa constancia del fundamento y de su conveniencia para el servicio.
Otros de los incumplimientos que el informe advierte son la concesión de bonificaciones y descuentos por el pago de la Contribución Inmobiliaria Rural que exceden la potestad tributaria departamental, y la liquidación de horas extra que superaron los topes establecidos. Además, la comuna no facturó el IVA a los servicios de camping en las termas de Guaviyú y Almirón, hizo modificaciones de recursos sin haber recabado los informes previos del Tribunal de Cuentas y no implementó adecuadamente un sistema contable que permita cumplir con lo establecido por el artículo 94º del TOCAF, según el cual los gobiernos deben suministrar información que permita conocer la gestión presupuestaria, financiera, económica y patrimonial.
Por último, el dictamen del tribunal recuerda que “los municipios no ordenan gastos y los alcaldes no ordenan pagos” sino que son funciones que realiza la intendencia a través del intendente, el secretario general y el director general de Administración.
Recomendaciones no cumplidas
En 2018 Paysandú tuvo un resultado negativo de US$ 2,6 millones en su balance, con un aumento del 53% en sus inversiones, según surge de datos publicados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Entre otras obras, en 2018 la intendencia urbanizó barrios de la capital para solucionar problemas históricos de desbordes por lluvias, y comenzó las obras de modificación a los accesos al puerto de Paysandú.
El documento del Tribunal de Cuentas no hace referencia a construcciones o adquisiciones concretas, pero sí emite una serie de recomendaciones que la intendencia debe atender en el futuro, algunas de las cuales el organismo asegura que no fueron tomadas en cuenta pese a que ya le fueron presentadas a la comuna sanducera en años anteriores. “El examen de los aspectos de control interno relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, permitió constatar las siguientes debilidades en relación a las actividades de control, información financiera y cumplimiento de normas legales”, indica el tribunal.
Respecto al manejo de recursos y fondos el informe apunta que no se mantiene un compendio de todas las normas tributarias aplicadas por la intendencia. Una observación similar realiza sobre las retribuciones personales al manifestar que “no se cuenta con un compendio normativo actualizado que incluya las normas presupuestales de la totalidad de las partidas abonadas a los funcionarios”. En cuanto al área de compras, se señala que no existe un manual que abarque todo el procedimiento de compras, no se realizan conciliaciones de saldos con los proveedores públicos y privados, y no hay una planificación anual para la compra de artículos.
