José es dominicano y está preso en Montevideo. Nació en un barrio periférico de Santo Domingo. Su infancia la vivió con su abuela y empezó a estudiar a los 17 años. En 2014, con veintipocos, abandonó todo y se fue a Uruguay, donde tenía una tía y allegados. Primero fue a dar a una pensión en la Aguada, hizo “changas” y obtuvo la residencia permanente. Ahogado por la precariedad y el hacinamiento de la pensión, se fue a vivir con su tía a un barrio marginal. Consiguió trabajos formales y conoció a su pareja, también dominicana, con quien tuvo un hijo. Para completar sus ingresos empezó a vender marihuana. Un día lo detuvo la policía en plena transacción; llevaba 50 gramos, una balanza y otras pruebas de que la droga no era para consumo propio. A finales de 2019, José fue condenado a nueve meses de cárcel y otros nueve de libertad vigilada.
Heber apuntó a los migrantes imputados: “Les abrimos la puerta, los recibimos bien y tenían personas menores casi esclavizadas”, dijo, y reprochó el costo para el Estado. “¿Y ahora qué? ¿Los va a costear el sistema penitenciario nuestro?”.
“Generosamente Uruguay les abre sus puertas (a los migrantes) para venir a trabajar y optan por la delincuencia, es totalmente inadmisible”, fundamentó el ministro. Y concluyó: “Queremos tener una ley mucho más eficaz para que el que delinque se expulse del país. Expulsado. Con condena, naturalmente, por el señor juez”.
El interés de Heber por encontrar un mecanismo legal para expulsar a los inmigrantes que cometen delitos ya se materializó en un proyecto de ley, según pudo confirmar Búsqueda. La iniciativa, cuya redacción todavía está en proceso de ajuste, está a estudio del Ministerio del Interior y la Cancillería y el objetivo es presentarla al Parlamento antes de 2022.
Recientemente el ministerio resolvió la expulsión administrativa de tres delincuentes chilenos que en 2018 fueron condenados por explotar cajeros automáticos, y que fueron liberados en agosto.
Además del foco en los migrantes que delinquen, la iniciativa que estudia Interior y Cancillería busca evitar que extranjeros prisioneros o con antecedentes penales puedan ser considerados como refugiados para permanecer en el país. El punto fue planteado por Heber en mayo durante la reunión de ministros de Seguridad y del Interior del Mercosur, una de sus primeras actividades apenas asumió al frente de la cartera.
¿De qué hablamos cuando hablamos de migrantes presos?
La propuesta ministerial provocó reacciones en ámbitos políticos y sociales. También despertó cuestionamientos en la academia. Uno de los problemas señalados es la dificultad para sistematizar la información que proporciona el Estado sobre la población migrante en cárceles. “¿Quiénes son las personas ‘extranjeras’ que transitan por el sistema penitenciario?”, planteó en su investigación Garibaldi, profesora y antropóloga de la Udelar.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2021), la población migrante en Uruguay representa al 3,1% del total de los habitantes del país.
Al mes de agosto se contabilizaban 364 “no nacionales” en cárceles uruguayas, según información del Programa de atención específica a extranjeros y migrantes (Proem) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR, 2021).
Esos 364 migrantes presos representan al 2,6% de las casi 14.000 personas privadas de libertad que hay en el país (de las cuales en torno al 90% son varones).
Los datos oficiales muestran que la mayoría (70%) de la población migrante en las cárceles uruguayas proviene de Brasil (138) y de Argentina (108), seguidos por Chile y Cuba (21 de cada país) y República Dominicana (19).
También hay ocho presos de Paraguay, de México y de Perú, cinco de Venezuela y de Bolivia, cuatro de Nigeria, tres de Colombia y de España, dos de Estados Unidos, de Italia y de Sudáfrica, y uno del Congo, de Francia, de Bélgica, de República Checa, de Puerto Rico y de Turquía.
La población migrante está distribuida en cárceles de todo el país. La mayoría está en la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex-Comcar), seguida por la Unidad 3 Libertad, la Unidad 12 Cerro Carancho (Rivera) y la Unidad 1 Punta de Rieles.
Este grupo de presos tiene “muy distintas situaciones migratorias”, señaló Garibaldi, porque bajo ese paraguas se incluye a extranjeros en tránsito, migrantes retornados o de circulación fronteriza en los países vecinos.
Como sea, “la información disponible resulta insuficiente para afirmar qué tipo de delitos cometen mayoritariamente estas poblaciones y mucho menos para centrar el problema de la seguridad en el migrante”, dijo la experta, que integra el Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población y el equipo que trabaja con estudiantes privados de libertad de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Udelar.
Su investigación académica, a cuyo avance accedió Búsqueda, se centra en las personas migrantes y en su tránsito por cárceles de Montevideo, donde está la mayor población carcelaria del país.
La pesquisa abarcó entrevistas a migrantes de orígenes latinoamericanos, en su mayoría penados por delitos leves, entre otros actores institucionales del ámbito penitenciario, desde mayo de 2020 al presente.
Pensamiento nacionalista y expresiones xenófobas
Los migrantes con condena por delitos graves ya tienen las condiciones para ser expulsados, según las autoridades del Poder Ejecutivo que impulsan el proyecto de ley.
El artículo 47 literal b de la Ley de Migración (N° 18.250) de 2008 establece: “El Ministerio del Interior podrá cancelar, en todos los casos, la residencia que hubiese otorgado, y disponer su consecuente expulsión cuando la persona extranjera que en el territorio nacional cometiere delito de carácter doloso y fuera condenado con pena de penitenciaría o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos, excepto los refugiados”.
A su vez, el Código del Proceso Penal en su artículo 298.3 también expresa que el Poder Ejecutivo podrá disponer la expulsión del territorio nacional de penados extranjeros que no residan legalmente en el país.
El subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, informó a El Observador que la mayoría de los migrantes presos están condenados por “delitos graves”: trata y explotación sexual, homicidio, estafa, tráfico de armas, rapiña especialmente agravada y narcotráfico.
Desde ámbitos académicos y jurídicos insisten en que la iniciativa oficialista coloca erróneamente el eje del problema de la seguridad pública en la población migrante y señalan “importantes” vacíos legales.
Lo que plantea Heber “es como volver a 1936”, aseguró a la diaria el abogado Juan Ceretta, docente de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar. La anterior ley de migraciones (N° 9.604), en vigor de 1936 a 2008, disponía la expulsión de extranjeros de forma “más genérica” y la nueva plantea “supuestos mucho más concretos”.
Con la actual ley, por ejemplo, las personas que tienen calidad de refugio quedan por fuera de las condiciones para ser expulsados.
Si bien se desconoce el contenido concreto del proyecto del Poder Ejecutivo, el objetivo es facilitar la expulsión de extranjeros y limitar las aceptaciones de refugio.
Según fuentes políticas, hay dos líneas subyacentes en la propuesta oficial. Una tiene que ver con la extradición, con el objetivo de flexibilizar la normativa internacional que habilite que las penas de los extranjeros se cumplan en los países de origen y no en Uruguay, más allá de que hayan delinquido en territorio uruguayo. La otra es que, con independencia de la situación migratoria de la persona, “los antecedentes penales graves” configuren motivos de expulsión del país.
La expulsión de una persona implica muchas veces que familias enteras dejan sus proyectos de vida en el país de acogida, comentó a Búsqueda Garibaldi. “Cuando escuchamos los argumentos esgrimidos por las autoridades para promover estas medidas no podemos dejar de pensar en que subyacen supuestos que responden a un pensamiento nacionalista que habilitan expresiones xenófobas”, cerró.
Información Nacional
2021-09-29T18:49:00
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