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En marzo se viralizó un video en donde tres policías, mediante golpes e insultos, obligaban a un hombre a borrar una imagen de su celular que supuestamente los comprometía. Horas después se supo que uno de los efectivos, miembro de la Guardia Republicana, había estado detenido en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) en 2004 por un delito de lesiones graves. La situación de abuso policial fue investigada por el Ministerio del Interior y la Justicia y entre sus derivaciones indirectas provocó la elaboración de un proyecto de ley por parte de diputados del Partido Colorado que modifica uno de los requisitos para el ingreso a la Policía Nacional.
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La iniciativa está a estudio del Parlamento, con posiciones encontradas entre los legisladores y entre los organismos involucrados en la materia, algunos de los cuales han preferido no manifestarse. El cambio que se debate se enfoca en el artículo 44 de la Ley Orgánica Policial (2015) y establece que no podrá ser policía quien como adolescente haya sido declarado autor, coautor o cómplice de la comisión intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro y violación.
En junio el Ministerio del Interior envió al Parlamento su postura oficial favorable al cambio, a partir de informes coincidentes elaborados por el Área Jurídica del ministerio y por la Dirección de la Policía Nacional. Los informes valoraron los aspectos jurídicos y profesionales del proyecto de ley, dijo a Búsqueda el subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel.
Ambos análisis comparten tanto la prohibición de ingreso a personas con delitos en la adolescencia como la exposición de motivos brindada por los diputados colorados.
“Una persona que en su adolescencia cometió un delito intencional grave o gravísimo no está en condiciones de pertenecer al instituto policial”, argumenta el proyecto presentado en abril al Poder Legislativo bajo el impulso del legislador Felipe Schipani. “Creemos firmemente en la posibilidad que tienen los adolescentes infractores de rehabilitarse, sin perjuicio de lo cual entendemos que para portar las armas del Estado se requiere una trayectoria alejada de hechos delictivos de gravedad. La Policía ejerce el monopolio de la fuerza y sus funcionarios empuñan las armas de Estado. Quienes revistan en la Policía no deben poseer ninguna mácula que siembre alguna duda sobre su rectitud e idoneidad para la función”, agrega.
El argumento también cuenta con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación, según manifestó la semana pasada Gilberto Rodríguez, fiscal de Delitos Económicos y Complejos. “La razón que inspira al presente proyecto de ley estriba en que el ingreso a la Policía Nacional compromete, entre sus diversos cometidos, el desempeño de una función que resulta esencial, inherente e indelegable a la seguridad interna del Estado y a la protección de la comunidad en su conjunto, involucrando en mayor o menor medida el empleo de armas de fuego como parte de su formación”. El único cambio que propuso la Fiscalía es que el impedimento de entrar a la Policía sea exclusivamente para infracciones gravísimas y no para lesiones graves.
Rodríguez acudió el miércoles 1º a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, que tiene a estudio el proyecto de ley. Fue como integrante del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente, que tiene como objetivo promover la coordinación de las políticas públicas vinculadas al tema. El consejo ya debatió la iniciativa y concurrió al Poder Legislativo con miradas opuestas: el Inisa, el Consejo de Derechos del Niño y la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales están en contra de los cambios.
Para Andrea Venosa, representante por el Inisa, los nuevos requisitos de ingreso a la Policía vulnerarían tratados, acuerdos y leyes nacionales e internacionales sobre la niñez y la adolescencia como la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas de La Habana y las directrices de Riad. “Estaríamos coartando a los adolescentes que han pasado por el Inisa el poder ingresar a la carrera policial o militar. Este sería un estigma más. Ellos tienen que cumplir una sanción penal en el régimen del Inisa. Una vez que culmina esa medida, ellos ya pueden insertarse en la vida social. No deberíamos generarles un estigma ni una discriminación adicional, porque en realidad ya están preparados para insertarse en el mundo laboral y educativo. Para siempre estaríamos generándoles esa discriminación, cuando, en realidad, los antecedentes en materia de adolescentes, si bien con respecto a algunos delitos graves se mantienen, lo hacen con cierta limitación”, sostuvo.
Venosa, directora por el Frente Amplio en el Inisa, aclaró que sus palabras representan la posición institucional del organismo, que elaboró un informe jurídico sobre el proyecto de ley. Además apuntó al Ministerio del Interior sobre la formación de los policías. “Hubo un caso aislado por el que ahora se intenta legislar, pero, en realidad, vemos que el proyecto no está basado en grandes números y sí hay casos de policías que luego cometen algún acto de violencia, que son policías que no han pasado por el sistema del Inisa. O sea que tiene que ver más con la gestión de la Policía, de los funcionarios policiales, de la capacitación que tiene que dar el ministerio”.
Mientras el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Inisa ya formalizaron su postura sobre el proyecto de ley, otros actores han preferido no pronunciarse. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) nunca se expidió. Para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la iniciativa “regula un ámbito específico de competencia estricta del Poder Ejecutivo” y en consecuencia no se encuentra bajo su órbita. Un motivo similar arguyó el Poder Judicial. Por último, el Colegio de Abogados manifestó la imposibilidad de formar una opinión única teniendo en cuenta que para los abogados “es prácticamente imposible llegar a una posición unánime porque las características o lo que se suele llamar en la jerga legal ‘las bibliotecas’ difieren en algunos sentidos”.
