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La precipitación de la crisis de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) dejó un inmenso vacío político que ninguno de los actores que derrocaron a Dilma Rousseff pudo llenar. El propio PT, herido por los escándalos, por el desgaste y por la “prisión” de Lula, tuvo poca capacidad para contrarrestar la escalada opositora que invadió a la sociedad brasileña. Rotas las alianzas entre las clases medias y las burguesías que habían permitido la llegada de la izquierda al poder, la recomposición del tablero políticosocial no tenía muchas opciones, ante una situación explosiva donde la gente quería soluciones urgentes a la crisis económica, a las carencias de infraestructura y a la inseguridad y la violencia. Jair Bolsonaro presentó un discurso inconformista, violento, expeditivo, lo que la mayoría de los brasileños estaba buscando.Militar de origen, ultra derechista por convicción, la carrera política de Jair Bolsonaro es un largo paseo por una miríada de partidos que utilizó para hacerse elegir. No importaba la organización que lo respaldaba, su objetivo era tener una banca en el Palacio Nereu Ramos. Su discurso casi integrista, violento, misógino, homofóbico, anticomunista, racista y antidemocrático en todo sentido, pasó de representar la opción de unas decenas de miles, a ser aceptado por la mitad del electorado. Su propuesta no tiene ninguna elaboración teórica o doctrinaria; es, como en el caso de Trump, la vulgata de un pensamiento ultraconservador, tan directo como rígido, que permeó en los sectores medios hartos de la inseguridad y de las crisis. Y esa base social, movilizada, ofrece el tono populista, la pátina de apoyo que lo legitima, rompiendo todos los mecanismos de representación. Algunos segmentos de las clases altas lo apoyaron, mientras que otros mantienen una prudente distancia o, como los grandes medios, un franco rechazo.
Luego de un año de gobierno los resultados quedaron en evidencia y preocupan tanto a los brasileños como a sus vecinos.
Instituciones y democracia en riesgo
El gobierno del PT fue derrocado cuando los indicadores sociales y económicos se hundieron. El aumento de la pobreza, de la desigualdad —fue el único país de América donde el incremento del índice Gini superó el 3%? y un crecimiento estancado precipitaron un desenlace político del que fuimos testigos por televisión. El centro y la derecha brasileña mostraron su veta autoritaria en un acto de empechement donde el Parlamento se transformó, casi, en una tribuna de fútbol.
El anodino gobierno de Michel Temer no revirtió en nada la caída. Bolsonaro se hizo cargo, prometiendo orden y progreso. A un año de su mandato, su popularidad cayó. En diciembre pasado tan solo un 29% aceptaba al gobierno, mientras que casi el 40% lo encuentran malo o pésimo. La política y la economía explican estos números.
La aplicación del programa radical disparó tensiones en una sociedad altamente compleja como la brasileña. Bolsonaro rompió, otra vez, con el partido que lo llevó al gobierno, el Social Liberal, y propuso crear un nuevo movimiento, Alianza por el Brasil, mientras que decidió liderar la militarización del gobierno, con la pretensión de mutar hacia el caudillismo militar, hacia el unicato apoyado en las bayonetas. La designación masiva de militares tanto en los ministerios como en las principales reparticiones dependientes de Planalto, y la irrupción de la policía militar como poder político en varios estados dan cuenta de una situación cada vez más evidente. Ocho ministros militares; más de 2.500 oficiales repartidos en puestos de gestión. Solo en la Secretaría de Seguridad Institucional hay 1.061 militares. En el Ministerio de Justicia la participación militar creció de 16 a 28 en los niveles de decisión, con el agregado de que los jueves deben ir uniformados al trabajo. El motín de la Policía Militar en el Estado de Ceará es el síntoma más evidente mientras que en todo Brasil operan como una fuerza de choque que no responde ni a los gobernantes ni a la ley, solo responden a Bolsonaro.
La corrupción de su gobierno se hace evidente; desde las “mordidas” a los salarios de funcionarios de su hijo Flavio, hasta los vínculos del clan familiar con los paramilitares, donde la muerte de la concejal Marielle Franco dejó en evidencia la existencia de vínculos turbios. El asesinato de Adriano da Nóbrega, un sicario, exmiembro de la Policía Militar condecorado por Bolsonaro, calló para siempre al único testigo del asesinato de Marielle Franco, una muerte tan oportuna como sospechosa.
Si la coyuntura política es crítica y militarizada, los resultados sociales y económicos, mediocres, explican los acontecimientos. La avalancha privatizadora, las reformas a la seguridad social y el retroceso o estancamiento marcan el primer año del gobierno. De 97 indicadores analizados a mediados de 2019, 44 empeoraron, 15 permanecieron estables y solo 28 mostraron alguna mejora. Los más deteriorados fueron educación, sanidad y medio ambiente. En economía, de 47 indicadores, hay mejora y empeoramiento en 20 respectivamente y siete presentan estabilidad. La deuda de los hogares aumentó, mientras mejoró muy poco el desempleo, aumentó el trabajo en negro y el salario se estancó.
La meseta económica de un gobierno que creció apenas un 1% su PBI, se suma a la tensión política. El Parlamento y la Justicia, avasallados por un gobierno autoritario que no acepta ni negativas ni dilaciones, están dando una batalla por mantener la institucionalidad. Así, el congreso levantó el 30% de los vetos del Poder Ejecutivo —un número único en la historia parlamentaria brasileña— mientras que reforma o rechaza leyes vitales para el presidente, como el uso de armas de fuego, la reforma de las jubilaciones y “paquete antidelictivo”. En tanto, el Poder Judicial instala una nueva agenda política que transforma las pautas de funcionamiento del Ejecutivo, cambia la jurisprudencia que permitió la libertad de Lula e instala nuevas definiciones sobre el Consejo de Control de Actividades Financieras.
El clan gobernante respondió amenazante. Mientras Eduardo Bolsonaro y el ministro de Economía, Paulo Guedes, llamaban a aplicar el acta institucional Nº 5 de la dictadura, que cerró el Congreso y suspendió definitivamente el habeas corpus y las garantías civiles, el general Augusto Heleno acusó de chantaje al congreso. El presidente apoyó en principio estas declaraciones, para luego dar marcha atrás en una estrategia elástica, donde se provoca para calibrar la resistencia de las instituciones y de la sociedad. Lo mismo hizo con la convocatoria del 15 de marzo.
La fecha no es casual. Ese día se conmemoran 35 años del final de la dictadura. Mientras el presidente llamó a marchar contra el congreso y contra el Supremo Tribunal Federal, para luego desdecirse, sus militantes y aliados continuaron con la propuesta, con un discurso golpista radical. Tal vez el coronavirus venga en ayuda y le permita a Bolsonaro dar marcha atrás una vez más en la convocatoria.
El 28 de octubre de 1922 Mussolini inició su “marcha sobre Roma”. Los titubeos y las dilatorias del poder abdicaron ante el Duce en la creencia de que podían calmarlo. Liberales y centristas acataron esa realidad pensando que era el “mal menor”. Sabemos bien cuál fue la lección de la historia. Y en toda la región lo que suceda en Brasil nos impacta. A Henry Kissinger le gustaba repetir una y otra vez “hacia dónde va Brasil, va América Latina”. Hoy no estamos hablando de un país más del tercer mundo, hoy analizamos a la séptima economía del planeta y a una potencia global. Su peso geopolítico es mucho más determinante que hace medio siglo. ¿Podrá hacer marchar a todo un continente hacia su misma dirección?
