A fines del mes pasado y en medio de una polémica con la oposición política, el Parlamento habilitó la desafiliación de una administradora de ahorro previsional (AFAP). Fue el primer cambio permanente del sistema mixto que se instaló en 1996.
El director Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo (MTSS), Roberto Baz, dijo a Búsqueda que esa modificación dio al sistema “más equidad”, pero opina que se requieren “cambios estructurales”.
“Va a haber un momento en que será necesario tomar decisiones de fondo. No solo remendando la ley Nº 16.713 (que instaló el sistema mixto) y tapando sus serios problemas de diseño. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Seguir poniendo curitas? En mi opinión se necesitan medidas de fondo”, agregó.
El próximo gobierno deberá, según el jerarca, analizar otros modelos existentes como las cuentas nocionales (donde, imitando al sistema de una AFAP, la jubilación se calcula sobre los aportes del trabajador más un “rendimiento” que puede ser igual al crecimiento de salarios o del Producto Bruto Interno). O las prestaciones definidas (donde el trabajador se incorpora a un plan de prestaciones y conoce de antemano el importe de la jubilación que recibirá hacia adelante).
“No creo en la vuelta al sistema puro de solidaridad intergeneracional. (…) El propio problema demográfico hace inviable un sistema puro de reparto. Si ya empezó a tener problemas hace unos años, con más razón en 20 años cuando la población va a estar más envejecida”, dijo.
“Tampoco creo en el sistema exclusivo de capitalización individual. Y tampoco creo que debamos abocarnos al estudio de las cuentas nocionales de forma exclusiva. (…) Copiar modelos no sirve (…) Por el diseño de nuestro sistema y una imposibilidad práctica de hacer tabla rasa con todo y empezar de nuevo, va a haber que estudiar conjuntamente todos los sistemas”, agregó.
Los cambios estructurales que requiere la seguridad social, opinó Baz, van más allá de la suba de la edad de jubilación o la rebaja en el porcentaje sobre el sueldo que el trabajador recibe luego como jubilación (tasa de reemplazo). Eso, a su entender, “son cambios paramétricos”.
“Subir la edad es algo que se está haciendo en todo el mundo y a esta altura somos de los pocos países que quedan con 60 años como edad de retiro”, comentó. “En Uruguay no hay políticas demográficas que puedan apoyar una reforma de la seguridad social, y creo que eso debería venir primero. (…) Pero en cuanto a modelos, tendremos que ver todo lo que esté a mano para diseñar un sistema que cubra las carencias que tenemos. Entonces quizás podamos pensar en una sistema que dure 30 o 40 años”, agregó.
Las AFAP.
Para Baz, las AFAP tienen hoy un rol “importante”.
“Tienen U$S 10.000 millones acumulados y 1,2 millones de afiliados. Eso es una realidad que nadie puede ignorar”, dijo. “El sistema de capitalización no me gusta porque elimina la solidaridad de un sistema que es innatamente solidario. Pero negar la presencia de las AFAP y su continuidad en el corto o mediano plazo, me parece que es hacerse trampas al solitario. Y yo no me lo hago”, enfatizó.
Algunas organizaciones sociales, como la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, consideran impulsar un plebiscito que modifique el régimen de AFAP y otros aspectos del sistema. Lo hacen retomando una idea que la representación de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) planteó a principios de año.
“El plebiscito no me parece mal, es una herramienta. Pero efectivizarlo es impensable. Lo es políticamente y socialmente. La sociedad no está preparada para dar una discusión de esta naturaleza. Como decía (Jorge Luis) Borges, desconocen pormenorizadamente las cuestiones de seguridad social”, dijo el director de Seguridad Social del MTSS.
Camino “espinoso”.
La ley que habilitó la desafiliación de una AFAP para quienes se incorporaron voluntariamente y tienen entre 40 y 50 años, fue resultado de las mesas de discusión del Diálogo Nacional de Seguridad Social. Se trató de un ámbito que tuvo dos instancias —una en cada gobierno del Frente Amplio— con la participación de representantes del Poder Ejecutivo, la oposición, de los trabajadores y de las AFAP, entre otros grupos sociales.
Fue un “camino bastante espinoso”, valoró el jerarca.
“Hubiéramos querido presentarlo (el proyecto de desafiliación) hace tres meses y no estar con apuros. Pero creemos que presentamos el mejor proyecto que podíamos”, opinó.
A su entender, una eventual instancia del Diálogo en un próximo gobierno debería ser modificada en su metodología.
Tras un año de discusión en dicho ámbito, en diciembre pasado surgieron diferencias acerca de cuál sería la mejor edad para habilitar la desafiliación y las conversaciones se estancaron. En mayo comenzaron a conocerse los primeros conceptos que delineó el MTSS y en julio se presentó el primer borrador del proyecto (ver Búsqueda Nº 1.723). El texto fue aprobado a fines del mes pasado casi sin discutirse en el Parlamento. El MTSS empezará a trabajar en la reglamentación de la ley, que regirá desde febrero de 2014.
“No tengo empacho en reconocer que (durante este proceso) sobró elasticidad. Intentamos llevar la política de acuerdo demasiado lejos y eso quizás provocó dilaciones en la resolución final. (…) No utilizamos la metodología adecuada en función de lo escabroso del tema. (…) Tal vez como Poder Ejecutivo fuimos muy permisivos y extendimos demasiado una discusión que quizás se pudo saldar mucho antes con una actitud un poco más firme”, admitió.
Por otra parte, dijo que le “dolió” la actitud de los partidos de oposición tradicionales durante el tratamiento de la ley en el Parlamento. Ambos votaron en contra.
“Llegamos a determinado grado de acuerdo que luego el Partido Nacional y el Partido Colorado desconocieron cuando fuimos al Parlamento. Se nos negaban sistemáticamente los acuerdos alcanzados. Eso nos duele bastante (…) Eso no es una metodología que te lleve a algún lado; es una metodología de estancamiento”, dijo.
“Estuvimos discutiendo año y medio los aspectos del proyecto, alcanzamos varios acuerdos de carácter genérico que luego fueron desconocidos en el Parlamento. Si hay una nueva etapa del Diálogo hay que repensar esto”, agregó.
Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas —presentados durante la discusión parlamentaria de la ley— unos 30.000 trabajadores podrían desafiliarse de las AFAP. A ese número se llegó proyectando lo ocurrido con los decretos anteriores que permitieron, por períodos cortos y a poblaciones limitadas, salirse de esas administradoras.
La decisión del afiliado deberá basarse en proyecciones que el BPS realizará con base a información brindada por las AFAP y podrá realizarse solo una vez. Si la persona decide mantenerse en el sistema mixto, perderá el derecho de volver a solicitar una proyección.
Para Baz, este asesoramiento será “un trabajo duro. Pero el BPS entendió que era viable. No va a comprometer la estabilidad del sistema”.
El jerarca prefirió no aventurar cuántas desafiliaciones podría efectivizar al amparo de la nueva ley. “Me parece que eso es una adivinanza que no aporta nada”, dijo.
