Cuando quedan pocas semanas para que el gobierno termine de ajustar el proyecto de ley de Presupuesto que enviará al Parlamento, los gremios judiciales y fiscales evalúan iniciar paros para presionar a las autoridades, que hasta el momento no han entregado ninguna propuesta para solucionar el conflicto salarial que se arrastra desde la pasada administración.
La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) recibió el lunes 20 a un especialista en derecho laboral e integrante de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Mario Ackerman, para informarse sobre el derecho de los jueces a realizar huelgas.
“Nos quedó claro que el derecho a la huelga lo tenemos”, dijo a Búsqueda el presidente de la AMU, Ricardo Míguez. El tema se discutirá en la próxima asamblea del gremio convocada para el 1º de agosto.
“Vamos a tratar el tema y vamos a ver el camino a seguir porque falta muy poco para el presupuesto y no hemos recibido ninguna novedad”, dijo el magistrado.
A su vez, ayer miércoles la Asociación de Fiscales del Uruguay reclamó en un comunicado de prensa que el Poder Ejecutivo informe sobre la propuesta que maneja el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y afirmó que evaluarán las “medidas a adoptar” en el futuro según cómo evolucione el conflicto.
“Murro dijo que había una solución ‘inteligente e ingeniosa’ que posibilitaría una solución, con lo cual nuestras expectativas han aumentado. Pese a ello no estamos recibiendo ninguna respuesta”, dijo ayer en conferencia de prensa el fiscal Gustavo Zubía.
“En la última Asamblea existió una moción para tomar medidas de paro que no llegó a la mayoría pero que no fue descartada para el futuro. Por eso hablamos de la posibilidad de adoptar medidas en el futuro”, precisó.
Zubía dijo que según las autoridades del Ejecutivo tendrían una propuesta para fines de junio o principios de julio. Ya finalizando julio, “la respuesta tendría que haber llegado ayer”, ironizó.
“Recurso extremo”.
El conflicto, que incluye a gremios judiciales, fiscales y registrales, se originó luego de que el gobierno, en la Ley de Presupuesto que entró en vigencia en 2011, decidiera equiparar el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores, lo que ocasionó una serie de “enganches” inesperados.
El gobierno, que no pretendía extender los aumentos a las ramas judiciales, intentó corregir esa situación a través de dos leyes que fueron declaradas inconstitucionales. Luego envió al Parlamento un proyecto de ley que otorgó a los funcionarios un 8% de aumento —contra el 26% que reclaman—, lo que no convenció a los gremios, que presentaron recursos contra la norma. Además, el gobierno enfrenta una sentencia en su contra, ya que en marzo una jueza de primera instancia le dio la razón a 3.800 funcionarios judiciales y condenó al Poder Judicial y al Ministerio de Economía y Finanzas a pagar el aumento que reclaman.
Con este mar de fondo, las asociaciones de fiscales y jueces están analizando recurrir a medidas más duras. Es que tras varias idas y venidas y un cambio de gobierno en el medio, las negociaciones, hasta el momento, no han dado frutos. “Más de lo que hemos hecho no podemos hacer. Seguimos el protocolo que nos marcó el Poder Ejecutivo, nos dijeron que esperáramos y lo hicimos pero la respuesta no llegó”, dijo Míguez. “No se vislumbra una solución”.
El lunes jueces y fiscales asistieron a la conferencia organizada por la AMU con el especialista de la OIT para analizar las posibilidades de iniciar una huelga. También concurrió el ministro Murro. “Será la exposición marco de referencia para todos los operadores de derecho”, dijo Míguez al presentar al especialista.
“La gran pregunta es: ¿Los jueces pueden hacer huelga?”, planteó Ackerman. La “particularidad” de los magistrados es que, por un lado, son trabajadores dependientes, pero por otro ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, por lo cual su derecho de huelga puede ser objeto de restricciones. “No hay una respuesta precisa”, afirmó.
“Sería admisible que una norma limite el derecho de huelga de los jueces, pero en la ausencia de una norma nacional, esto entra en una nebulosa”. Es que hay países que reconocen expresamente este derecho y otros que lo prohíben, pero la legislación uruguaya “no dice nada” sobre el tema.
El especialista se preguntó si es “legítimo” prohibir el derecho de huelga de los jueces. “Sí —respondió—. Siempre y cuando se garanticen las condiciones de trabajo que no obliguen a las partes a presionar para que se respeten”.
“Si el Estado se toma la atribución de modificar condiciones de trabajo y no encuentra una vía para la solución del conflicto, pierde legitimación para prohibir el derecho de huelga”, añadió. Es decir, “si le impido presionar para obtener la mejora, le tengo que dar un mecanismo confiable para conseguir la mejora”, explicó.
El experto insistió en que la huelga es “un remedio extremo” e “indeseable”, porque genera perjuicios al usuario y, además, provoca “antipatía” en la población.
“La huelga no es contra el ciudadano, el justiciable; es contra el empleador, aquel que puede resolver el problema. Hay que tener la inteligencia para molestar, sea económica o políticamente al que tiene la posibilidad de decidir, pero que no dañe al usuario, porque si no, es dos contra uno, y el empleado va a tener dos adversarios que lo van a presionar y lo van a mirar con desconfianza”.
A juicio del especialista, la solución al conflicto uruguayo debería ser resuelta por una tercera parte independiente, integrada, por ejemplo, por “tres personalidades confiables para las partes, a quienes, de común acuerdo, el gobierno y los magistrados le asignen la tarea de resolver este lío”. Esta entidad imparcial podría ser formada por un ex ministro de la Corte que ya no tenga interés directo en el reclamo y dos catedráticos grado 5, propuso.
“Creo que esta tiene que ser la solución”, consideró. En su opinión, si el conflicto se resuelve por la vía judicial, “siempre va a haber un interesado”. Esto “crea dos problemas: la respuesta no va a ser confiable para la sociedad, y el que tiene que resolver se va a sentir inhibido porque van a decir que se está arreglando su propio bolsillo”.
Por otra parte, “con la medida de fuerza siempre se corre el riesgo de la prohibición”.
El experto de la OIT insistió a los magistrados en que procuren llegar a un solución negociada y eviten las medidas drásticas. “¡Busquen la manera de llegar a un acuerdo!”, alentó. El comentario generó carcajadas entre los presentes.
