Juez advierte que nuevo proceso penal “más garantista” puede ser “difícil de digerir” cuando se reclama mano dura contra delincuentes

No obstante, la implementación de un código que ofrece más garantías a los indagados puede ser “difícil de digerir” cuando la delincuencia crece y la sociedad reclama más mano dura, advirtió el juez penal Gabriel Ohanián. 

Según Ohanián, el código actual es “funcionalista”, porque “facilita la punición de los ilícitos por parte del Estado” a la vez que respeta “un estándar garantista mínimo”. Pero ahora se va “hacia un código que eleva los estándares y da más garantías al indagado”. Aunque la reforma es positiva, porque implica un mejor Estado de derecho, ese “aumento de garantías hay que comunicarlo a la población de forma adecuada”, sostuvo. Porque “ya hoy la sociedad tiene la percepción de que la ley favorece y tutela los derechos del que delinque”. Entonces, “puede ocurrir que se instale peor que hoy eso que se dice cotidianamente de que los jueces ponen en libertad sujetos que la Policía trabajosamente lleva ante la Justicia”.

El magistrado, a cargo del juzgado penal de 19° turno, considera que la idea de dar mayores garantías a los indagados en momentos en que la delincuencia crece es “difícil de digerir”. Por eso las autoridades no lo están comunicando. “Se dice que el código va a tutelar a la víctima, lo cual puede ser cierto. Pero el gran privilegiado del código va a ser el indagado. Y está bien que así sea, pero hay que explicitarlo, y no se ha hecho”.

“Los delincuentes hoy están en el extremo de que no gozan de la simpatía de absolutamente nadie, porque la sociedad se siente agredida por el delito. El reclamo general es tolerancia cero, la gente quiere mano dura, castigo”, afirmó.

El derecho penal “siempre es concebido como el derecho de los otros”, añadió. “De los marginales, los inadaptados, los que nos molestan. Nadie se pone en situación de que uno mismo puede ser un indagado. Como son los otros, ¿por qué les vamos a dar más garantías?”.

Delitos. 

Tras varios años de trabajo y de retrasos en la aprobación del proyecto, el Parlamento aprobó a fines de 2014 la reforma del Código del Proceso Penal, que comenzará a implementarse por etapas a partir de 2017.

Entre otras cosas la reforma establece que los juicios sean orales y públicos y pone a los fiscales al frente de las investigaciones, en lugar de los jueces. Las autoridades del Ministerio del Interior y de la Fiscalía han defendido que la reforma del proceso penal es clave para mejorar el combate al delito.

Ohanián sostiene que no tienen que crearse “expectativas” de que el nuevo código va a solucionar el problema de la delincuencia. “Los códigos no resuelven las cosas”. Hoy “es imposible determinar si van a aumentar o disminuir los delitos” cuando se ponga en marcha.

No obstante, el magistrado encuentra que la reforma tiene varias ventajas. Primero, le da al juez el rol de juzgar y al fiscal el de investigar y “ya por eso vale la pena”, evaluó. También le da a la defensa, y por su intermedio al indagado, mejores posibilidades procesales, y la ubica en plano de igualdad frente al juez, que será un tercero imparcial para juzgar. Además destacó que permitirá que los fiscales trabajen directamente con la Policía.

“Van a tener infinitamente más posibilidades. Los jueces son unitarios y los fiscales son equipos. Además,  si la Fiscalía cuenta con la posibilidad de dar instrucciones generales se unifican los criterios. Eso es sumamente positivo. Yo estoy de acuerdo con el cambio, estoy a favor del nuevo código”, afirmó.

Aunque sea difícil defender algunos aspectos de la reforma ante la sociedad, Ohanián insiste en hay que “decir todo”. “No sea cosa que instalemos la idea de que si el día de mañana los delitos no bajan es porque el código es extremadamente garantista”.

“Por eso digo que hay que explicarlo como gente adulta”, continuó. “Si están dadas las condiciones culturales de la población para entenderlo, bueno, eso es harina de otro costal”.