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La jueza civil de 19 turno, Beatriz Tommasino, condenó a la Suprema Corte de Justicia a pagar U$S 3,5 millones a los defensores de oficio y a los procuradores que trabajan en la corporación por la pérdida salarial del 19,5% que sufrieron durante la administración de Jorge Batlle y que les fue otorgada a otros funcionarios públicos.
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La sentencia de primera instancia, que ya fue apelada por la Corte, se suma a otra que condenó recientemente a la corporación a pagar una cifra millonaria a los funcionarios judiciales que accionaron porque entienden que ellos están “enganchados” al aumento que cobraron los magistrados por la Ley de Presupuesto.
El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Raúl Vázquez, dijo a Búsqueda que la sentencia es “muy imperante” y “habla muy bien” de la independencia del Poder Judicial uruguayo, ya que muestra que una jueza puede condenar sin inconveniente a la propia Corte.
Según los cálculos del gremio, la sentencia implica el cobro retroactivo de unos U$S 10.000 per cápita para unos 300 defensores de oficio y 50 procuradores, lo que totaliza unos U$S 3,5 millones.
En la sentencia, emitida el viernes 24, la magistrada sostiene que “asumir que la ley resolvió que todos los funcionarios públicos recuperasen el poder real de adquisición de bienes y servicios de sus estipendios perdido en un determinado lapso y al mismo tiempo aceptar que se dejó fuera, de entre decenas de miles, a unos doscientos sin que exista justificación atendible, supone imputarle a dicho acto jurídico una irritante injusticia que holla el derecho-principio-garantía de la igualdad”.