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La jueza Mariela Tejera procesó la semana pasada sin prisión al ex Intendente de Treinta y Tres Gerardo Amaral (2005-2010) y a un arquitecto de una empresa privada por coautoría de “conjunción del interés personal y público” y a una ex jerarca de la comuna por ser autora del mismo delito.
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La magistrada consideró que tanto Amaral, primer intendente de Treinta y Tres que integra el Frente Amplio (FA), como la funcionaria municipal y su esposo cometieron un “acto de participación criminal” conforme “a un plan de acción acordado” en el que cada uno de ellos “asume un rol específico y cumple una tarea determinada” en la comisión de “innumerables irregularidades” en diversos procesos licitatorios de obra pública.
La jueza cuestionó, por ejemplo, las obras que se realizaron en la Casa de la Cultura de Treinta y Tres y en el Cine Teatro municipal, que costaron unos U$S 100.000. Las refacciones fueron hechas por una empresa constructora en la que se desempeñaba como arquitecto quien al comienzo de la gestión de Amaral actuó como director de Cultura. El profesional es además esposo de la ex directora de Acondicionamiento Urbano y Rural de la comuna.
La jueza expresa en la sentencia, dictada el jueves 5, que una vez que la funcionaria de confianza de Amaral “tomó conocimiento de la participación del arquitecto (su esposo) en la empresa ganadora de la licitación no se abstuvo de participar (...) en tareas de contralor y supervisión de las obras, así como en el control de la facturación correspondiente a los pagos por avances de obra”.
“La arquitecta, quien en virtud del cargo que ocupaba conocía perfectamente los requerimientos legales, esquivó no solo los controles, sino que aconsejó la realización de nuevas obras en términos inciertos, oscuros, imprecisos, al punto que no consta ningún nuevo contrato suscrito en el que se determinan las obligaciones de la empresa y la forma en que se cubrían sus prestaciones de obra”, afirma la magistrada en la extensa sentencia de más de 20 carillas.
Más allá de las versiones exculpatorias que la profesional mencionó en la sede, la jueza considera que su actitud “conculca los postulados generales de preeminencia del interés público, probidad, imparcialidad e implicancia de consagración constitucional y legal”.
Con respecto a Amaral, la magistrada señala que el ex intendente “estaba en pleno conocimiento del vínculo matrimonial existente” entre la jerarca municipal y el arquitecto de la empresa. “Este último actuando como particular, con aquiescencia del jefe comunal, tomó decisiones sobre los recursos humanos y materiales de la comuna”. Según la jueza, Amaral “tendría que haber evitado cualquier clase de trato preferencial a un particular, procurando respetar el principio de imparcialidad, ínsito en la función pública”.
Tras conocer el fallo, el ex intendente declaró a la prensa que “la política es una máquina de picar carne decente”. Y en su cuenta social de Facebook escribió: “¿Qué siento? Estoy tranquilo; nunca tuve ningún tipo de claudicación ética. Equivocaciones, por supuesto, quien hace corre ese riesgo. Estoy indignado; parece que vivimos en el mundo del revés. Estoy triste y dolorido también; aunque esto se revierta en segunda instancia ya el daño estará hecho, a mi familia, a mis amigos”.
“¿Qué mensaje se le está dando a los jóvenes honestos que quieren entrar en la política?”, preguntó.
El oficialismo organizó el martes 11 una caravana en apoyo de Amaral. Según informa la página de Internet de la coalición, concurrieron los intendentes Patricia Ayala (Artigas), Marcos Carámbula (Canelones), Óscar de los Santos (Maldonado), Ana Olivera (Montevideo) y Artigas Barrios (Rocha), la directora general de Turismo, Hyara Rodríguez, el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, el secretario político del FA Gerardo Rey y el ex ministro de Educación Jorge Brovetto.
