Jueza procesó con prisión a Amodio por su colaboración en la detención “ilegal” de tupamaros; un médico evalúa su salud

Según la jueza, Amodio participó en detenciones “arbitrarias e ilegales” realizadas por militares entre 1972 y 1973. Su colaboración fue “indispensable” —sostiene la jueza en el auto de procesamiento— porque era quien “individualizaba” a los tupamaros que eran detenidos, y luego torturados, por los militares.

La jueza pasará el pedido a Llorente, la fiscal del caso, para que lo evalúe y luego decidirá si accede a la internación de Amodio. Del resultado de este estudio dependerá la suerte del procesado.

Para el abogado de Amodio, Andrés Ojeda, es “presumible y razonable” que se conceda la prisión domiciliaria en tanto “fue la propia jueza la que lo planteó”.

Más investigaciones.

La causa por la que fue procesado Amodio —en la que también se investiga a los militares retirados Asencio Lucero y Orosmán Pereira, entre otros— se inició a partir de una denuncia presentada en 2011 por un grupo de 28 mujeres que sostuvieron haber sido víctimas de violaciones y abusos mientras estuvieron detenidas en centros clandestinos durante la dictadura.

La denuncia puede tener más ramificaciones. Mientras ya hay pendiente un pedido de procesamiento contra Lucero por su responsabilidad en esos hechos —la Suprema Corte de Justicia debe resolver si prescribió el delito—, Staricco informó que interrogará también a Mario Píriz Budes, otro de los señalados como “traidores” por el MLN y mencionado por Amodio en el expediente.

Píriz Budes estuvo citado a declarar ante la sede por esta causa, pero no concurrió por razones de salud. Staricco informó que se trasladará junto a la fiscal Llorente a Rivera, donde vive el indagado, para interrogarlo.

“Es un expediente que no termina con esto. Hay una cantidad de personas con las que hay que continuar la indagatoria”, dijo Staricco a “Subrayado”.

“Amparado por los militares”.

Amodio llegó a Uruguay el viernes 7 de agosto para presentar el libro “Palabra de Amodio”. También quería dar su versión de los hechos, hasta ahora dominados por la versión tupamara de que él no era otra cosa que un “traidor” que colaboró con los militares señalando compañeros y gracias eso logró abandonar el país junto a su pareja.

Amodio habló en la conferencia de prensa de ese día y en numerosas entrevistas con medios de comunicación. Dio su versión a cuantos quisieron escucharlo. Pero ahora ya no luchaba solo con el testimonio de sus antiguos compañeros, sino que debía defender su versión en un juzgado penal. Y la Justicia se inclinó por la versión que lo considera un traidor.

En el auto de procesamiento, la jueza sostuvo que durante su detención Amodio “colaboró con los militares”, logrando que su pareja, que estaba detenida en el Batallón Florida junto a otras mujeres, fuera llevada a donde él estaba alojado.

Amodio reconoció ante la Justicia que acordó con los militares que “ordenaría los papeles de la OCOA (Órgano Coordinador de Operaciones Antisubersivas), teniendo que descifrar los seudónimos o apodos”.

Pero, sostuvo la jueza, “su tarea no solo fue esa, sino que también en reiteradas oportunidades, vestido de militar salió a patrullar junto a militares”, y a “marcar gente”. Incluso, indicó, lo llamaban “Sargento G”.

Esto “surge probado más allá de la negativa del indagado”, consideró la jueza. Varios testigos que declararon ante el Juzgado aseguraron que reconocieron a Amodio cuando fueron detenidos o durante los interrogatorios.

La jueza describe los testimonios recogidos durante la indagatoria y concluye que “se ha reunido la semiplena prueba para entender que el indagado participó en diversas detenciones de civiles”. Eran llevados al Batallón Florida y “sometidos a interrogatorios con la finalidad de obtener información, lo que implicaba apremios físicos” —prosigue— incluso “hasta llegar a la muerte”, como fue el caso de Eduardo Ariosa, alias “El Pajarito”, a quien “presuntamente los militares le dieron muerte cuando lo iban a detener”.

Staricco aclaró que a esta conclusión “no se llegó solo con la declaración de aquellos compañeros del MLN que tuvieran cierto ánimo de venganza, como argumenta la defensa, sino también por los militares que declararon” y otros “que no eran integrantes del MLN”.

La jueza sostuvo que el “punto medular” para juzgar la conducta de Amodio como delictiva es que colaboró con detenciones que no estaban “amparadas bajo ninguna norma”, que implicaban ser detenido “sin ninguna causa”. Las detenciones fueron “totalmente arbitrarias e ilegales”, concluyó, razón por la cual las acciones de Amodio configuran el delito previsto en el artículo 281 del Código Penal, sobre “privación de libertad”.

La defensa de Amodio había planteado ante el juzgado que el crimen por el que se lo perseguía ya se encontraba prescripto. La jueza desestimó este argumento y resolvió que no prescribió, porque el cómputo prescripcional se detuvo con la vigencia de la “ley de caducidad”.

La defensa alegó también que los supuestos delitos indagados se encuentran amparados en la Ley de Amnistía. La jueza tampoco hizo lugar a este planteo, ya que dicha norma excluye a quienes “hubieren actuado amparados por el poder del Estado en cualquier forma”. Y Amodio, concluyó la jueza, “actuó amparado por los militares del momento”.