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La Justicia especializada en crimen organizado investiga un presunto hecho de corrupción en la empresa estatal de energía eléctrica UTE en una millonaria licitación para el mantenimiento de las centrales eléctricas, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
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La denuncia, en la que según los informantes está involucrado el ex vicepresidente de UTE durante la administración de Tabaré Vázquez, Pedro de Aurrecoechea, y un gerente de la empresa, entre otros funcionarios, fue presentada por el presidente actual del ente, Gonzalo Casaravilla.
Consultado por Búsqueda, Casaravilla confirmó que realizó la denuncia a principios de abril. “Presenté una denuncia por presuntas irregularidades en procedimientos de compra y licitaciones de UTE”, dijo.
Sostuvo que por tratarse de una investigación en curso no puede aportar más detalles. “Lo que sucedió es que empezaron a llegar varias denuncias sobre este tema, armé un paquete con ellas y amparado en el artículo 177 del Código Penal presenté la denuncia a Crimen Organizado”, se limitó a decir. El artículo 177 del Código Penal obliga a los funcionarios públicos que están en conocimiento de presuntos hechos delictivos a denunciarlos.
De hecho, según dijeron a Búsqueda altas fuentes del gobierno, Casaravilla informó de esta situación al presidente José Mujica, quien compartió la idea de realizar la denuncia.
El titular de UTE explicó que tomó la decisión “de manera personal”, sin pasar por el Directorio, para “mantener la mayor reserva sobre el tema” y “no dañar la imagen” de la empresa.
Sin embargo, en agosto Casaravilla sí compartió la información con el resto de los integrantes del Directorio en una sesión extraordinaria en la que, además, solicitó iniciar una “investigación administrativa” que se puso en marcha.
Según las fuentes que consultó Búsqueda, la licitación cuestionada fue abierta en julio de 2011 bajo el título “Trabajo de Mantenimiento de Centrales Térmicas” para realizar la puesta a punto de las siguientes centrales: Batlle, Maldonado, Punta del Tigre y la Central Térmica de Respaldo (CTR, conocida como La Tablada). Se trata de un negocio millonario, que según los informantes alcanza los U$S 7 millones.
Esta licitación fue ganada por la firma Ciemsa SA, que todavía no comenzó a operar debido a las repercusiones de la denuncia penal.
A la empresa Ciemsa está vinculado el ex vicepresidente de UTE y un familiar de uno de los gerentes del ente. Este fue uno de los principales aspectos que motivaron la denuncia.
Según dijo el propio De Aurrecoechea al semanario “Crónicas” el 30 de julio, él tiene una “participación accionaria muy pequeña” en la empresa Ciemsa que ha “mantenido” a lo largo del tiempo.
“También hicimos obra pública y servicios”, señaló el ex jerarca al semanario, quien catalogó la compañía de la que es socio como “una empresa grande”.
Según agregó De Aurrecoechea, que ahora es gerente general de Gas Sayago SA (empresa propiedad de UTE y Ancap a cargo de la regasificadora), en su trabajo en el Estado perdió “más o menos un tercio” de sus ingresos en relación a lo que ganaba en esa empresa privada, pero asumió el cargo público por un tema “vocacional”.
De Aurrecoechea fue integrante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) primero y luego de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y estuvo preso durante la dictadura entre 1973 y 1979. Actualmente es simpatizante de la Vertiente Artiguista.
Por otra parte, uno de los subgerentes del área de generación térmica de UTE es hermano de otro de los integrantes de la empresa Ciemsa, que falleció recientemente en un accidente de tránsito, señalaron las fuentes.
El asunto ya está adquiriendo relevancia política en la oposición, al punto que el diputado nacionalista Jorge Gandini dijo a Búsqueda que viene “siguiendo muy de cerca” este negocio.
“Para mí se trata de algo muy grave. Vengo dándoles un seguimiento a algunos técnicos del sector de ingeniería de UTE que están vinculados a empresas privadas y también a la vinculación de De Aurrecoechea con esta y otras licitaciones”, declaró el legislador.
