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Los titulares de la empresa Full Play, Hugo y Mariano Jinkis, recibieron en las últimas semanas una noticia negativa y otra positiva de la Justicia uruguaya. El Tribunal de Apelaciones Penal de 3er turno derribó una medida que mantenía congelada una de las cuentas de la compañía, pero rechazó el pedido de la defensa para que Uruguay levantara el pedido de captura internacional que rige sobre los argentinos.
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Los Jinkis eran parte del esquema de corrupción enquistado en el fútbol regional que involucraba a dirigentes y empresas dedicadas a la transmisión de los torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Las autoridades de Estados Unidos, que lideraron la investigación sobre las coimas en ese deporte, solicitaron en 2015 la detención de los Jinkis y la colaboración de la Justicia uruguaya, que tenía una causa vinculada al tema abierta desde fines del 2013.
La Justicia local congeló una cuenta de Full Play con casi US$ 500.000 en el marco de esas pesquisas. Tiempo después, sin embargo, el fiscal Luis Pacheco pidió el archivo de la causa contra los Jinkis con el argumento de que estaban siendo investigados en Argentina.
Los Jinkis eran parte del esquema de corrupción enquistado en el fútbol regional que involucraba a dirigentes y empresas dedicadas a la transmisión de los torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
A pedido de la defensa de los empresarios, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto la medida judicial que mantenía inmovilizado el dinero de Full Play, que estaba destinado a pagarle a la Asociación Uruguaya de Fútbol.
La defensa de los argentinos argumentó que el “congelamiento” de esos bienes no respondía a un pedido de colaboración de Estados Unidos, sino a una decisión adoptada por la Justicia uruguaya en el marco de la investigación local sobre corrupción en el fútbol.
En su dictamen, aprobado el 8 de noviembre y al que accedió Búsqueda, los ministros compartieron el criterio de la defensa.
Una de arena
Ese mismo tribunal dio un revés judicial a los Jinkis apenas dos meses antes. La defensa de los argentinos había pedido un habeas corpus preventivo para que Interpol Uruguay dejara sin efecto la inscripción de una orden de captura internacional solicitada por Estados Unidos.
El abogado argumentó, entre otras cosas, que en Uruguay el caso había sido archivado y que Argentina había negado el pedido de extradición solicitado por la Justicia norteamericana.
“El archivo dispuesto en nuestro país no puede generar la baja de cualquier orden de detención internacional, pues eso excede la jurisdicción de Uruguay. Nuestro Estado únicamente resolvió no solicitar la extradición de Hugo y Mariano Jinkis, pero no determinó —dado que carece de esa facultad— cuál es el país que tiene jurisdicción para juzgarlos”, dice el fallo unánime del tribunal.
Los ministros citan parte de la argumentación del fiscal Pacheco, quien planteó rechazar el habeas corpus. “Contrariamente a lo que se sostiene en el escrito de vista, Estados Unidos de América no tiene la obligación internacional de dejar sin efecto la orden de captura emitida pues no necesariamente debe consentir la decisión de la Justicia argentina de denegar la extradición”, sostuvo Pacheco en su dictamen.