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A diferencia de las normas uruguayas, las leyes de Portugal habilitan los juicios llamados “en ausencia”. Es decir, que pueden juzgar a las personas aun si no se encuentran en el país, mientras que los tribunales locales requieren que los sospechosos se encuentren en el territorio. Gracias a eso,el fisco portugués consiguió, con la intermediación de la Justicia local, cobrarle al jugador de Nacional Jorge Fucile —radicado en Uruguay desde julio de 2014— una deuda de 30.000 euros por aportes tributarios que no realizó mientras jugaba en el equipo FC Porto.
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El procedimiento sorprendió a los operadores judiciales uruguayos, ya que la Justicia portuguesa consiguió, con relativa agilidad, cobrar una deuda tributaria incluso con el procesado fuera del país. Si bien la cooperación internacional en materia penal es frecuente, fuentes judiciales comentaron a Búsqueda que no es habitual recibir pedidos para llevar adelante juicios “en ausencia” y destacaron la eficiencia del mecanismo.
A principios del año pasado, la Fiscalía de Portugal solicitó al Poder Judicial uruguayo que ubique el domicilio actual de Fucile y lo cite para notificarle sobre su procesamiento por el “posible crimen de fraude”. También pidió que se le informe del detalle de los hechos de los que se lo acusa y que se lo interrogue sobre algunos puntos. Al mismo tiempo, la Fiscalía portuguesa pidió que se le trasladara al deportista la propuesta de una salida amigable: si pagaba el total de los impuestos que debía y donaba 1.000 euros a dos organizaciones sociales, el caso sería suspendido por un año y luego, si no volvía a cometer delitos, sería archivado y borrado de sus antecedentes. En caso de que Fucile se negara a lo solicitado, sería llevado a juicio por el delito de fraude, advirtió.
Según el expediente del caso, al que accedió Búsqueda, Fucile cobró durante 2014 sueldos por un total de 486.000 euros, de los cuales el fisco portugués retuvo unos 230.000 euros por concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y contribuciones obligatorias a los sistemas de protección social y de salud. Sin embargo, el deportista no entregó a la autoridad tributaria la declaración del Impuesto sobre Rendimiento de Personas Singulares (IRS) relativo a ese año. El fisco intimó a Fucile para que presentara dicha declaración, pero este ya no se encontraba en el país. De todas formas, la autoridad tributaria lo consideró notificado legalmente y, tras realizar una “acción de inspección”, concluyó que debía 26.407 euros del IRS.
“Se constató así que Jorge Ciro Fucile Perdomo obtuvo una ventaja cifrada en 26.407,70 euros a título del impuesto que ocultó a la autoridad tributaria. (…) El rendimiento de euros fue efectivamente recibido por Fucile pero este lo ha ocultado”, dice el escrito que el fiscal portugués envió al Poder Judicial uruguayo. El deportista “tenía perfecto conocimiento de sus obligaciones fiscales” — añade el escrito— puesto que sabía que estaba “legalmente obligado a entregar al Estado la declaración de IRS y posteriormente efectuar el pago del impuesto”. Al actuar de esa manera, Fucile “ha querido, de forma libre, deliberada y consciente, ocultar rendimientos recibidos por él”, argumentó el fiscal.
Los hechos encuadran en un “posible crimen de fraude”, informó la Fiscalía portuguesa, “castigado con pena de prisión hasta tres años o pena de multa”.
El fiscal pidió a la Justicia uruguaya que interrogue al deportista sobre quién era su agente deportivo y quién se encargaba de realizar la rendición de sus impuestos, y sobre los motivos por los cuales no declaró ni pagó los tributos adeudados. Además, le propuso a Fucile solucionar el caso saldando la deuda y realizando donaciones a la Asociación Portuguesa de Apoyo a la Víctima y a la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Cáncer.
La Justicia uruguaya cumplió con lo solicitado y, una vez que ubicó el domicilio del deportista, lo citó a una audiencia en el juzgado. El 24 de mayo, Fucile concurrió con su abogado defensor, Alejandro Balbi, al juzgado penal de 13er turno, a cargo de la jueza Ana Ruibal.
Allí la jueza le comunicó que estaba procesado por la Justicia portuguesa, y le informó de los detalles del caso. Fucile declaró, según el acta de la audiencia, que su agente deportivo era José Caldeira y que también trabajaba como su representante su cuñado Pablo Tomaduz. De las declaraciones y pago de impuestos se encargaba un contador del cual no recordaba el nombre.
Explicó que desde julio de 2014 está radicado en Uruguay, por lo que al momento de hacer la declaración de impuestos ya no estaba en el país. A continuación, presentó ante la jueza un recibo de pago, con fecha 19 de mayo, en el cual constaba que había realizado un depósito por 32.500 euros para saldar la deuda y sus recargos. Además, aceptó la propuesta de la Fiscalía portuguesa y se comprometió a donar a las organizaciones sociales para dejar en suspenso el proceso.
