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    Jutep

    Sr. Director:

    Por la Ley 19.340 el Uruguay creó la Jutep como servicio descentralizado, es decir, que otorgó verdadera autonomía al organismo creado en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura. Dicha libertad máxima debe corresponderse con un grado de responsabilidad similar.

    En estos días, hemos recibido nuevas acusaciones de parte de ese organismo, a quien parece ser uno de sus preferidos, como destinatario de sus desvelos, el intendente del departamento de Artigas, Pablo Caram.

    Hace algún tiempo la Jutep acusó al Intendente Caram de prácticas de nepotismo por tener a su pareja como directora de Cultura de la Intendencia. No reparó el organismo en los 19 años de antigüedad de la funcionaria y en que ya era directora de Cultura cuando inició su relación con Caram.

    Extrañamente no observó la Jutep un criterio similar al juzgar los casos de los Sres. Vázquez y Setelich, subsecretarios del Interior y de Transporte y Obras Públicas respectivamente, hermanos uno del Sr. presidente Dr. Tabaré Vázquez y el otro del exvicepresidente Raúl Sendic.

    En esta oportunidad, la Jutep produce un Informe sobre adjudicaciones de obras en la intendencia departamental de Artigas acusando a un contador de la misma, a un escribano secretario del intendente y al propio intendente con una ligereza que sorprende.

    En el primer caso, se acusa al contador porque una empresa en la que participa un hermano suyo ganó licitaciones en la intendencia y el contador participó en comisiones de adjudicaciones de la intendencia. Solo que en estos casos nunca participó ni en el análisis ni en las adjudicaciones.

    En el caso del escribano, parece que su pecado es ser funcionario municipal y al mismo tiempo tener un poder para realizar gestiones para una empresa. No se establece que el escribano haya participado en parte alguna del proceso de compra, desde la decisión hasta el propio pago. Sin embargo, con ligereza se le acusa.

    Qué diferente criterio al aplicado en el caso del director de Vialidad de Montevideo, que había estado vinculado a una empresa adjudicataria del 25% de las obras de dicha intendencia –como asesor y con autorización de recibir pagos– y del cual la Jutep dijo que actuó “con transparencia”.

    En el Análisis de la información punto 3.2 reconoce que puede no tener información completa, en el 3.4 siembra una desconfianza gratuita sobre el contador, preguntándose de modo rebuscado qué papel podría haber tenido en adjudicaciones a empresas “del socio de su hermano”, en otra parte intenta desprestigiar al escribano adjuntando una tabla que contiene sus incrementos salariales, como si esto tuviera algo que ver con el asunto en cuestión, mientras hace suposiciones sobre las potenciales actitudes del intendente y sobre las “posibilidades” de violación de normas.

    En idéntica línea de trabajo, concluye acusando con contundencia sobre la base no de pruebas, sino de sus propias suposiciones.

    Aplica una metodología propia de un informe de comité de base y nunca la correspondiente a las altas responsabilidades de la Jutep.

    Olvida la Jutep que cuidar de la ética implica en primer término manejarse con ética, siendo cuidadosos del honor de las personas.

    No quiero abundar en lo que a quien suscribe le tocó vivir. Por una razón de origen similar a la de Caram –acusación política de ediles–, me tocó recibir acusaciones infundadas de parte de la Jutep. En alguna de ellas, el Tribunal de Cuentas me pidió disculpas, pese a lo cual la Jutep mantuvo su informe, que sirvió de base a acusaciones penales.

    La Justicia puso las cosas en su lugar, pero nadie me devolverá el manoseo público de mi nombre. El día que concurrí a Jutep a cuestionar su acusación se me manifestó que seguramente me asistía razón, pero que, como ellos no tenían medios legales ni materiales para investigar, decían lo que sucedería si las afirmaciones de quien acusa fueran verdaderas, solo que no lo explicaban en su informe. Solicité aportar pruebas. Se me negó. Allí supe de la intencionalidad que les movía.

    El país necesita un organismo que se maneje con la seriedad que tan delicado asunto merece. Deberá revisarse la ley, estableciendo la obligación de informar con respaldo y no con suposiciones, con equilibrio y no con tendencias partidarias. Cuidadosos de su propia ética y transparentes ellos también.

    Sin otro particular,

    Sergio Botana