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A principios del año 2013 una investigación ambiental independiente de la Intendencia de Montevideo y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) reveló que las obras de construcción del muelle C en el puerto de Montevideo tuvieron consecuencias en la playa Ramírez. El estudio confirmó que vertidos de lodo provenientes del dragado generaron valores elevados de plomo en las aguas de esa zona costera de la capital.
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El plan de obras en el muelle C ya finalizó —ahora se está construyendo una extensión— y la senadora nacionalista Carol Aviaga denuncia que hasta el momento la Dinama “no ha dado garantías ambientales” de que no vuelvan a existir focos de contaminación que afecten las playas en el verano. Su preocupación surge luego de acceder a información oficial que demuestra, entre otras cuestiones, que el trabajo en el muelle C culminó de manera distinta a lo que se había proyectado y entonces se generó una especie de piscina con agua estancada.
“Cuando solicitó la autorización ambiental previa, la Administración Nacional de Puertos (ANP) presentó un proyecto pero hizo las cosas de otra manera. Y esto tuvo un efecto muy importante, porque se generó como una piscina, de aproximadamente media hectárea, que es una fuente de veneno, el agua está estancada y sin oxigeno”, explicó la senadora a Búsqueda.
Según Aviaga, ya se están haciendo estudios ambientales —también independientes de organismos del Estado— sobre los impactos en la salud de las personas y en el ecosistema. “Ahí se generó una afectación y eso fue producto de que no se respetó el proyecto inicial que se había presentado a la Dinama”, señaló.
“El peor de la clase”.
En documentos oficiales a los que accedió Aviaga se verificaron varios incumplimientos de la ANP en este proceso.
El 17 de junio de 2016 la Dinama realizó una inspección en el puerto de Montevideo para “constatar la situación y el grado de avance” de las obras del muelle C. En el procedimiento, la Dirección comprobó que la obra estaba finalizada. De hecho, pudieron ver un buque amarrado, dos grúas trabajando y tripulación del barco y personal de tierra en tareas de “desembarco y preparación”, según plasmaron en el informe. También vieron cómo la explanada está siendo utilizada como depósito de partes de molinos eólicos y contenedores. A través de imágenes de Google Earth comprobaron que el muelle estaba operativo al menos desde abril de 2015.
De esa manera, la ANP operó casi un año y medio el muelle sin haber pedido a la Dinama la “autorización ambiental de operación”. Ese requisito para comenzar a operar estaba plasmado en el literal i de la autorización ambiental previa que se le había concedido. El incumplimiento es considerado una “infracción grave” de la ANP y está prevista una sanción de 200 unidades reajustables.
Por otro lado, los inspectores encontraron “diferencias en la construcción del área de explanada con respecto a la información original del proyecto”. Las modificaciones se hicieron sin comunicar ni pedir la autorización de la Dinama como estaba previsto en el literal h de la “autorización ambiental previa”. Esta infracción es considerada “leve” y está prevista una multa de 100 unidades reajustables.
En base a los incumplimientos constatados en la inspección sugirieron “intimar a la ANP a presentar la solicitud de autorización ambiental de operación y el plan de gestión de operación en un plazo no mayor a 30 días, incluyendo un plano actualizado de las obras efectivamente realizadas”.
Para Aviaga, el accionar de la Dinama no es suficiente. La legisladora cree que la ANP hace lo que quiere mientras la autoridad ambiental “mira para el costado”. Además, sostiene que las multas aplicadas “no son nada” para el organismo y que en vez de esas medidas debería “caer la autorización ambiental previa” ya que “cualquier modificación al proyecto inicial hace caer el permiso”.
“Es inaceptable que el propio Estado sea el peor de la clase en temas ambientales y que pase de año porque es amigo del maestro. No estamos hablando de un control a empresas privadas. Si fuera una empresa no se le daría la autorización ambiental”, cuestionó.
Por otra parte, la senadora planteó sus dudas sobre si las nuevas obras en el muelle aún se siguen financiando con aportes del Banco Interaméricano de Desarrollo (BID). “Si se trata de una ampliación del muelle C, como sostiene la ANP, entonces el BID no se podría desentender de la construcción y debería auditar que se estén cumpliendo con los permisos ambientales correspondientes”, reclamó.
Un proceso con “incumplimientos”.
En un pedido de informes que Aviaga formuló al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) queda reflejado todo el proceso de intercambio entre la ANP y la Dinama por el muelle C. El proyecto fue presentado a la Dinama el 12 de julio de 2006 con una “solicitud de clasificación”. Dos semanas más tarde, la Dirección cumplió con el trámite ubicando al muelle en la categoría B, prevista para proyectos de “impactos ambientales significativos moderados” que pueden ser “eliminados o minimizados” con medidas “fácilmente aplicables”.
En enero de 2008 la ANP presentó el estudio de impacto ambiental previo a la obra y solicitó la “autorización ambiental previa”. Recién el 12 de enero, con la sugerencia de la Dinama de por medio, el Ministerio de Vivienda concedió la solicitud y autorizó la construcción del nuevo muelle.
El 4 de junio de 2012 la ANP y el consorcio adjudicatario de la obra solicitaron autorización para “realizar el dragado del banco de Arquímedes” para obtener de allí los “áridos” necesarios para el relleno de la explanada. El Ministerio modificó la autorización ambiental previa y autorizó la operación. Los intercambios entre los organismos se retomaron el 11 de mayo de 2016 cuando la ANP presentó ante la Dinama el proyecto de ampliación del muelle C en 180 metros. Este último pedido se encuentra a estudio de la autoridad ambiental que le solicitó a la ANP “información complementaria relativa a los posibles impactos y medidas de mitigación”.
Aviaga preguntó al Mvotma si se habían constatado infracciones respecto a la autorización ambiental previa durante el proceso de construcción del muelle C. En la respuesta la cartera le informó que hubo “una infracción” por la que la ANP fue “multada” e “intimada”. Según detalla, el organismo incurrió en “incumplimientos” en el proceso de dragado al no respetar la zona de vertido y las condiciones establecidas. Este incumplimiento tuvo como consecuencia la contaminación con plomo en la playa Ramírez.
