La Caja de Profesionales Universitarios evalúa medidas para asegurar sustentabilidad financiera

“El trabajo aporta recomendaciones y medios técnicos que el consorcio (de investigadores) entiende que son la mejor alternativa posible. Mi opinión personal es que va a haber que procesar una discusión que tendrá que tener como disparador este trabajo. Ahora hay un nuevo Directorio. Tenemos un buen instrumento técnico que quedó arriba de la mesa y tenemos que ser capaces de poner un buen debate político. Con esas dos cosas vamos a encontrar la salida”, dijo Olivera.

“El Directorio renovó dos de estos beneficios por el máximo que establece la ley y los otros por dos años. Todos van a requerir su renovación en 2014 para lo que la ley estipula demostrar viabilidad actuarial”, recordó Olivera. “Por algo se renovaron los beneficios por dos años y no tres que era el máximo, porque el modelo actuarial cumplía en el límite con el requerimiento legal. Si no cambian esencialmente las tendencias, probablemente esa circunstancia se agudice”, agregó.

La votación en la CJPPU se efectuó en agosto con la competencia de varias listas, y tras eso las autoridades inician el 1º de octubre sus mandatos, por cuatro años. Cuando eso ocurra, recibirán el último estudio actuarial.

“Allí se tendrá que procesar la discusión de cómo se encara el debate, si se renuevan o no (los beneficios), o se renuevan parcialmente. Es un tema extremadamente delicado, donde hay que actuar con mucho respeto, comunicar y conversar mucho acerca de cuáles son las mejores formas de procesar esta discusión (…)”, opinó el presidente de la caja.

Olivera, al igual que el reelecto secretario de la institución, Álvaro Correa, pertenece a la lista 4 “Juntos para profundizar los cambios”. A los cargos de los activos se sumarán Carmen Brusco de la lista 2 “Agrupación Universitaria del Uruguay” y Luis Altesor por la agrupación de listas 1 y 7, “Alternativa profesional”. Los jubilados serán representados por Hugo de los Campos.

Un horizonte más corto

Todas estas sugerencias llegan luego de la reforma del modelo actuarial con el que la CJPPU estudiaba su sustentabilidad económica. Durante la gestión de Olivera se modificó la medición de los ingresos no directos del organismo (por ejemplo, los timbres profesionales) y se incorporó el comportamiento de las nuevas profesiones que ingresaron al sistema en 2004. El modelo es certificado por el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas.

“Llegamos a la Caja con el conocimiento de algunas luces amarillas con horizontes de 20 a 30 años. Si bien se cumplía con los requerimientos legales de sustentabilidad a 10 años sin reposición de activos y a 20 años con reposición de activos, ya se aventuraba la existencia de dificultades. El nuevo modelo nos está permitiendo afinar la foto”, dijo Olivera.

Las luces amarillas se explican por la alta participación de las mujeres entre los integrantes de la institución (con activos que viven más, y tienen subsidios por maternidad), la formalización del mercado de trabajo (que conlleva menos declarantes de ejercicio libre, y por ende menos ingresos por cuota) y por las nuevas carreras, muy feminizadas y con menos ingresos salariales. En 2012 un 60% de los 6.345 nuevos afiliados declararon no ejercer libremente. Un 48% del total de profesionales de la CJPPU no ejerce libremente su actividad.

“Hoy los profesionales viven más que antes y la Caja tiene que dar respuesta a ese desafío. La expectativa que teníamos en 2004 de que íbamos a tener una mayoría de profesionales declarando ejercicio libre de la profesión no se ha producido. Y la feminización del mercado de trabajo, a nivel de los profesionales es un fenómeno muy importante”, explicó Olivera.

“Recuperamos liderazgo”

Con respecto a su anterior gestión al frente de la CJPPU, señaló que “no hubo vocación al conflicto, sino al cambio” y que los objetivos “se cumplieron”.

“En líneas generales hay cosas que no pudimos hacer con la velocidad o profundidad que hubiéramos deseado. (…) Pero estoy convencido de que hemos cumplido los objetivos. Había una necesidad de recuperar el liderazgo de conducción del Directorio, algo que generó conflictos porque requería cambios”, dijo.

En 2012 la CJPPU mantuvo un conflicto con sus empleados, que amenazaron con cesar los pagos en reclamo por retrasos en la contabilidad y rechazando el ingreso de algunos funcionarios. En diciembre la institución firmó un nuevo convenio colectivo que regirá hasta 2015 y que incorporó la evaluación por objetivos, así como nuevas formas de incorporación de personal. Olivera considera hoy que esa situación de conflicto está saldada.

“Con los funcionarios tuvimos que reaprender una nueva forma de relacionarnos y finalmente la encontramos. (…) Mi valoración es que este año va a ser de transición y a partir de 2014 vamos a funcionar a plenitud con el nuevo convenio. Hemos logrado la estabilización en las reglas de juego, hemos hecho modificaciones importantes en la profesionalización de la gestión del instituto”, opinó. “Tengo la convicción de que desde el punto de vista salarial, como de las reglas de convivencia con los funcionarios agremiados, tenemos un equilibrio de respeto y trabajo que está agregando valor luego de un conflicto importante”, dijo.

Según la Memoria de 2012, la CJPPU tiene un portafolio de inversiones (financieras y no financieras) que asciende a U$S 444 millones. Paga 15.568 jubilaciones, pensiones y subsidios que ese año supusieron desembolsos por U$S 278 millones. En promedio, la jubilación de los profesionales es de $ 34.000 y la pensión de $ 19.500.

La caja, que cuenta con 99.576 afiliados, tuvo ingresos por más de U$S 250 millones el año pasado.