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La reforma estructural de la Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU) es un tema que “ocupa” y “distrae” a las autoridades del instituto previsional, definió su gerente general, Miguel Sánchez. Pero con la intención de no envolverse “exclusivamente” en ese asunto los técnicos presentaron en marzo el plan estratégico para el período 2022-2026.
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La meta es “cuidar las fuentes de ingresos, mejorar la gestión y mantener al afiliado como eje principal de las innovaciones” que se van a proponer, planteó Sánchez en una sesión del directorio mientras exhibía una presentación con los puntos más relevantes del plan que los directores ya habían recibido por escrito.
Ese programa estratégico incluye diversas acciones que en la CJPPU tienen previsto desarrollar y contempla un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidad y amenazas de los planteos. Los planes apuntaban al mediano plazo, pero la reforma que necesita la caja por su deterioro financiero dirigía la discusión hacia allí. La necesidad de esos cambios está dada por el resultado operativo negativo que el instituto presenta hace algunos años y a la limitación de sus reservas, que, sin cambios, no superan el 2024.
El director Gerardo López Secchi, representante del Poder Ejecutivo, dijo en esa sesión de marzo —cuya acta se publicó en las últimas semanas— que para que se concrete el plan estratégico primero “tiene que haber caja”. Agregó: “Si no hay Caja de Profesionales, todo esto se tira por la borda. Es un ejercicio intelectual completamente al santo botón, y desgraciadamente el directorio a veces le da poca atención a estas cosas porque están con la cabeza demasiado metida en lo otro: en la preocupación principal que es que siga habiendo Caja Profesional”.
López Secchi definió la actual situación de la CJPPU como “angustiante” no solo por su deterioro financiero —que se arrastra desde hace una década, según dijo—, sino también por lo “estructural” y las “definiciones políticas” que se deben tomar y que no dependen exclusivamente del directorio. “Se está intentando que el barco se enderece y vaya al puerto más seguro, pero hasta que eso no se dé la mano viene brava”, opinó.
Uno de los objetivos estratégicos para el período es la creación de una ley de reforma, que las actuales autoridades decidieron dividir en dos. En ese apartado, el documento presentado por los gerentes plantea como necesario: “Impulsar una reforma que mejore la situación financiera actuarial de la Caja incluyendo la posibilidad de medidas modificativas puntuales urgentes”.
La discusión de la reforma pasó por varias etapas. El directorio primero tomó las resoluciones en las que tenía potestad, pero los cambios más profundos requieren de leyes que sean aprobadas en el Parlamento. Y ese asunto se está discutiendo con el Poder Ejecutivo.
Las autoridades del gobierno están a la espera de que los directivos de la caja paraestatal entreguen los estudios actuariales, de forma de tener información cuantitativa para avanzar en las propuestas de reforma, coincidieron fuentes al tanto de las negociaciones consultadas por Búsqueda. Esta tarea insumirá entre 15 y 20 días más, estimó un informante.
Debilidad
La “disputa de poder entre grupos de intereses que tienen injerencia en el gobierno de la caja” fue una de las debilidades que constataron los gerentes del instituto. Esa afirmación causó “sorpresa” al director Fernando Rodríguez Sanguinetti, que pidió profundizar en ese tema.
La asesora económica actuarial, Jimena Pardo, le contestó que esa “debilidad tiene más relación con la gestión de la ley” de la reforma prevista. Explicó que será “neurálgico” para la “supervivencia de la institución” que los “diferentes grupos de interés” se pongan de acuerdo “en un rumbo estratégico”, algo que, según ella, hasta ahora no ocurrió. Como ejemplo, la economista recordó que el último proyecto de reforma de la CJPPU no tuvo el apoyo de todos los grupos y finalmente no prosperó en su trámite parlamentario. La asesora opinó que en el Parlamento hay “riesgos reputacionales altos” y, si hay “disidencia”, la institución estará “castigada reputacionalmente” en momentos en los que tiene “desafíos”, como por ejemplo la pérdida de aportantes voluntarios jóvenes.
En esa línea, Pardo señaló un “gran impedimento” para “ponerse de acuerdo sobre cuál era la situación financiera actuarial” de la institución y no hubo “consenso hasta hace relativamente poco, a pesar de que los estudios los indicaban desde hacía tiempo”. Puso como ejemplo a la Caja Notarial, porque, según dijo, todos sus integrantes priorizaron la reforma “por encima de cada interés particular”.
Un proyecto dividido en dos
Pardo sostuvo que, por “definición política”, el directorio de la CJPPU decidió que haya dos paquetes de reforma. Está a estudio una estructural o paramétrica por un lado y por otro una serie de medidas “exprés”, que por “muy dolorosas que pudieran ser para todos no solucionan el problema”.
Añadió que para los servicios técnicos de la caja es “bastante claro” que sin un “paquete completo” y “solo con las medidas exprés no hay viabilidad asegurada”.
Recordó que la reforma de la Caja Bancaria de 2008 y de la Caja Notarial de 2019 incorporaron “medidas exprés” y paramétricas en un mismo proyecto, y eso fue lo que les “solucionó” el problema.
La reforma paramétrica y las “medidas de urgencia” que se analizaron para la CJPPU aumentaban la viabilidad financiera de la institución en 35 años, estimó Pardo. Luego, la economista hizo una aclaración respecto a la idea de “que haya caja o que no haya”, que se manejó en esa reunión del directorio. Aclaró: “Nadie está pensando que las personas van a dejar de cobrar, o que las personas que generaron un derecho van a dejar de tenerlo. Eso en Uruguay no corre”.
“¿Cuál sería la solución o la alternativa? Más allá de las eventuales reformas estructurales o paramétricas que se pueda pensar para la caja como autónoma, que sea absorbida por el BPS. Hay una razón de peso para que ningún poder político tenga eso en la cabeza hasta que el sistema no converja razonablemente a los parámetros del régimen general, y es el gran costo” para las arcas públicas, planteó.
