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La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) prevé acelerar la discusión interna de un proyecto de reforma de su carta orgánica, que espera elevar al Poder Ejecutivo antes de fin de año. Su Directorio considera necesario incentivar el retraso de la edad de retiro así como reforzar los controles tendientes a bajar la evasión de aportes.
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Ese debate al interior del instituto tiene lugar mientras otras medidas que buscan darle sustentabilidad financiera a largo plazo están siendo resistidas por algunos colectivos. En las últimas semanas un grupo de jubilados cuestionaron la eliminación de compensaciones adicionales.
“Diez años de prueba de una ley orgánica nos han mostrado una cantidad de limitantes de la formulación legal. La ley deja blancos muy grandes. Por ejemplo, hoy la ley de inclusión financiera nos da otras posibilidades y facilidades en temas como la evasión, contralor y en las declaraciones juradas”, dijo a Búsqueda Álvaro Correa, presidente de la Cjppu.
La institución administra uno de los sistemas previsionales especiales que funcionan en el país, en su caso para los profesionales universitarios (salvo los escribanos, que tienen su propia caja). Se financia con aportes de 56.533 socios activos (en un total de 116.829 profesionales registrados) y paga 9.928 jubilaciones así como 4.782 pensiones, según datos al primer semestre del año. Hasta mayo su déficit operativo fue de $ 364 millones; incluidas las inversiones financieras la Cjppu tuvo un superávit de $ 237 millones. La proyección para todo 2016 es un resultado operativo negativo de $ 583 millones ($ 352 millones más que en 2015).
“Los números hoy son superavitarios. Pero detrae de los resultados financieros una cantidad importante que debería atesorarse para, en el futuro, poder cumplir y asegurar el servicio de las prestaciones. Se ha defendido mucho la posición de no poner una edad mínima alta sino incentivar la permanencia en la actividad. Pero todavía no se ha definido nada”, estimó Correa.
La institución discute extender las prestaciones para la maternidad alcanzando también a los padres, permitir períodos de “licencia” en el aporte de los afiliados derivados de ciclos de baja actividad económica, y darle a la caja el carácter de agente tributario permitiéndole combatir la evasión mediante el intercambio de información con organismos públicos.
“La idea básica que ha resultado” de la discusión interna es “seguir siendo un régimen de reparto, con solidaridad intergeneracional y buscando el debido equilibrio entre los participantes. Aunque sean reformas profundas, no estamos alterando la ideología del sistema que tenemos”, dijo Correa.
“Sería de buena práctica y administración que la caja pudiera tener un horizonte (de viabilidad) superior a los 20 o 25 años, con un nuevo marco legal y una buena gestión. Eso sería lo mínimo. Sin duda vendrán otros acontecimientos que harán necesarias otras reformas o ajustes como los que estamos adoptando”, agregó.
Recorte de prestaciones.
La Cjppu, “una persona de Derecho Público no estatal”, elevó a consideración del Poder Ejecutivo una resolución que apunta a recortar tres compensaciones adicionales que viene brindando (entre ellas una partida por fin de año de $ 5.530 para los jubilados y $ 3.345 para los pensionistas). De aprobarse, comenzaría a bajar desde este mes el complemento por gastos de salud (a desaparecer en julio de 2018); los mayores de 75 años, quienes ganen menos de $ 33.400 y familiares de personas con discapacidades mantendrían un adicional por tickets y medicamentos.
Por otra parte, el 1º de enero de 2017 dejaría de regir el 10% adicional a la tasa de reemplazo.
Este beneficio, que eleva de 50% a 60% el porcentaje de sueldo que se cobraba en la pasividad, se prevé eliminar gradualmente a medida que sea compensado con los aumentos anuales que reciben las jubilaciones por índice medio de salarios.
En 2013, un análisis de las consultoras Equipos Mori, Deloitte y el estudio Saldain y Asociados había recomendado eliminar estas compensaciones, que la institución entonces prorrogó por dos años. También se recomendó mejorar las prestaciones por maternidad y discapacidad, así como flexibilizar y llevar a 15 las categorías de aporte de los profesionales. La Cjppu tiene 10 escalas de pago para sus afiliados activos que van aumentando en cuantía a medida que corren los años de trabajo del profesional.
“Ajustando estas compensaciones adicionales logramos eliminar el resultado operativo deficitario y no tener la necesidad de recurrir a los resultados financieros. En principio había una viabilidad hasta por lo menos 2026 y ahora se pasaría a tener una viabilidad superior a 2030, que no es poca cosa. Nos estamos alineando a las necesidades del colectivo para darle otra sustentación al instituto”, alegó Correa.
Las medidas fueron aprobadas por el Directorio con el voto en contra de Hugo de los Campos, representante del orden de los pasivos y miembro de la asociación de afiliados a la caja.
El gremio de profesionales realizará hoy jueves 7 una asamblea para definir qué pasos tomar, aunque “seguramente sean fuertes y judiciales”, dijo De los Campos a Búsqueda.
Según su visión, como estuvieron en otros momentos, las reservas “están para cubrir () pequeños desequilibrios de $ 25 millones en 2014 y $ 235 millones en 2015. Esto marca una falta de gestión correcta de la caja. Hay 60.000 profesionales que declaran no ejercicio pero no hay planes de inspección. Además (los activos) se pueden quedar en la segunda categoría (de aportes) para obtener el certificado anual que les permite cobrar su sueldo. Eso habría que llevarlo a cuarta o quinta categoría”, opinó.
