La Corte contradijo a una jueza penal y dejó en suspenso una causa

El caso refiere a la investigación por la muerte, presuntamente durante una sesión de torturas, del comerciante Aldo Perrini, ocurrida en una unidad militar de Colonia en 1974.

Ante estos hechos, la corporación reclamó a Mota los antecedentes del caso y resolvió hacer lugar a la queja planteada por la defensa.

Los ministros de la Corte dijeron que las únicas hipótesis por las que un magistrado puede negar ese recurso están expresamente reguladas en los artículos 512 y 513 del Código General del Proceso.

Según esas disposiciones, el magistrado se encuentra facultado para no dar curso a una solicitud realizada fuera de plazo o a las que contengan defectos formales. La solicitud de declaración de inconstitucionalidad debe hacerse por escrito, indicando con precisión y claridad qué norma se ataca y cuáles son los principios constitucionales presuntamente violentados.

En cambio, de acuerdo con la Corte, las razones expuestas por Mota “no se encuentran dentro de las hipótesis legales que habilitan al órgano jurisdiccional interviniente a no dar curso a las cuestiones de inconstitucionalidad deducidas”.

Sobre esa base, la corporación resolvió por unanimidad de sus ministros “hacer lugar al recurso de queja por denegación de excepción de inconstitucionalidad interpuesto”.