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En las últimas semanas fiscalizadores de la Dirección General Impositiva (DGI) dejaron sus oficinas para internarse en zonas rurales con fines inspectivos, adonde en los últimos años habían llegado poco en forma masiva. El resultado de esos operativos y del cruzamiento de datos fue la detección de una potencial elusión o evasión en más de la mitad de los empresarios que debían declarar el pago del Impuesto a la Renta de la Actividad Económica (IRAE) agropecuaria.
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“Producto de la fiscalización realizada en el último mes y del cruzamiento de diversas bases de datos hemos detectado varias irregularidades en el agro. Esto tiene que ver con una mirada integral y a la vez intensiva de todo el sector”, declaró a Búsqueda el director general de Rentas, Pablo Ferreri. La investigación abarcó los años 2008 a 2011 y el operativo de inspección en los campos resultó trabajoso dado que son infrecuentes las inspecciones masivas.
Esto desencadenará en la citación a unos 2.000 ruralistas. Los empresarios recibirán una carta de la DGI en el transcurso de la próxima semana.
Tendrán 90 días para regularizar su situación tributaria y superado ese plazo se les liquidará el impuesto en forma preceptiva mediante un régimen ficto en función de parámetros para cada rubro con que cuenta el organismo recaudador. Ya está habiendo algunas reliquidaciones.
Detalló que 6.267 ruralistas estaban obligados a presentar una declaración jurada del IRAE agropecuario por tratarse de sociedades anónimas o porque sus ventas anuales superaron los dos millones de unidades indexadas a la inflación, equivalentes a unos U$S 241.500 al día de hoy.
De ese universo total de contribuyentes, 1.816 ruralistas estuvieron “omisos” ya que “ni siquiera presentaron” la declaración, señaló.
Otros 1.612 cumplieron con la entrega de ese documento pero declarando pérdidas contables y/o fiscales. Esa cantidad resulta “llamativamente alta” ya que corresponde a un ciclo de “bonanza histórica” para el agro uruguayo, asociada a altos precios internacionales de los alimentos, sostuvo el jerarca.
De sumar los omisos y aquellos que declararon pérdidas en su negocio surge que 3.428 productores presentan “problemas de cumplimiento y/o datos llamativos, y por tanto una potencial evasión o elusión” de impuestos, dijo Ferreri. Eso es 55% del universo de contribuyentes del IRAE agropecuario.
El resto, 2.839 empresas del sector, presentaron la correspondiente declaración jurada, reportaron ganancias y pagaron el impuesto.
El IRAE grava con una tasa de 25%, en régimen de base real o ficta, las rentas de fuente uruguaya derivadas de actividades agropecuarias destinadas a obtener productos primarios, vegetales o animales, y los resultantes de la enajenación de bienes del activo fijo afectados a ese rubro, entre otras. La recaudación de ese tributo al agro fue de U$S 15,6 millones en 2008, U$S 12,8 millones en 2009, U$S 10,4 millones en 2010 y U$S 13,4 millones al año siguiente, conforme con estimaciones de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería.
La información que publica regularmente la DGI no discrimina el monto pagado por los contribuyentes del IRAE agropecuario.
Sin discrecionalidad
Ferreri aclaró respecto a las citaciones que serán en un número inferior a los más de 3.400 ruralistas para las que se detectó omisión o datos llamativos en sus declaraciones juradas debido a que se sabe que algunas empresas están inactivas desde hace años y a que se pondrá el foco en los cerca de 2.000 para los cuales se halló “mayor materialidad e indicios más fuertes” de incumplimiento tributario. “Obviamente acá no hay discrecionalidad en la selección”, enfatizó.
Cuando la DGI anunció a mediados de agosto que haría una campaña de fiscalización en un centenar de establecimientos agropecuarios, algunas gremiales de productores reaccionaron con indignación.
El presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, acusó a ese organismo de hacer “terrorismo de Estado” y comparó el operativo con formas de presión empleadas por el gobierno en Argentina.
Según ese dirigente ruralista, la Impositiva busca tomar “venganza” por promover la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales que el gobierno puso en vigor este año.
El dirigente ruralista indicó además que la Federación estará atenta a si las inspecciones de la DGI recaen precisamente sobre productores que recurrieron ese tributo, que grava a los propietarios de campos de más de 2.000 hectáreas de índice Coneat 100 (productividad media del país) o su equivalente y todavía debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo.
