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Entre los auxilios que ofreció el gobierno en el contexto de la emergencia sanitaria, uno fue poco usual. “No es una situación que se dé con mucha frecuencia que haya condonación de multas y recargos como en esta oportunidad”, dijo en mayo en Búsqueda la directora general de Rentas, Margarita Faral. El volumen de potenciales beneficiarios a ese plan de facilidades de pagos “es muy grande”, pero cuando se lanzó en ese momento era una incógnita cuántas empresas o personas físicas adherirían.
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Hasta ahora, corrido prácticamente la mitad del plazo de vigencia, la Dirección General Impositiva (DGI) recibió “más de 7.000 trámites formales vinculados con convenios”, si bien “algunos” fueron solo consultas, según datos proporcionados a Búsqueda por esa oficina recaudadora. De esas gestiones, se analizaron y aprobaron 2.635: son 2.186 firmados y 446 que se encuentran “en proceso”.
El plazo para presentar las solicitudes es hasta el 28 de febrero de 2022.
El régimen de facilidades ofrece beneficios para sujetos pasivos que adeuden tributos y sus correspondientes infracciones tributarias, excepto defraudación, cuyo vencimiento de pago sea anterior al 28 de febrero de 2021. Se eliminan las multas y recargos, la deuda se convierte a unidades indexadas y se puede financiar hasta en 36 cuotas. ?Quienes tengan convenios vigentes podrán optar por acogerse al nuevo plan por la parte aún adeudada.
“Es una medida más para ayudar, teniendo en cuenta que el año pasado hubo empresas que debieron elegir entre pagar el sueldo a sus empleados o pagarle a la DGI”, dijo Faral (Nº 2.121). “Se trata de una oportunidad, incluso para aquellos que ya tienen convenio y siguen muy asfixiados por la parte impaga. En algunos casos, puede haber una sensible disminución del monto a pagar. Es una forma de reactivar las empresas al activarse el certificado único de estar al día, con lo cual pueden pedir préstamos bancarios. A nadie le interesa que haya menos contribuyentes y queremos que la economía siga funcionando”, alegó.
Este plan fue instaurado mediante la Ley 19.942, llamada de “reactivación de las pymes”, aunque aplica para las empresas de cualquier porte y no solo a las pequeñas o medianas. También habilita al Banco de Previsión Social a refinanciar adeudos.
A partir de un análisis de los estados financieros de firmas medianas y grandes, la consultora Exante interpretó como una de las “sorpresas positivas” que la crisis del Covid “no parece haber generado problemas muy importantes en lo relativo al endeudamiento de las empresas” (Búsqueda Nº 2.138). De hecho, la mitad de las firmas analizadas tienen nulo o muy bajo endeudamiento financiero (inferior a US$ 200.000).
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, reiteró el martes 14 en radio Sarandí que perciben indicadores positivos sobre el desempeño de la actividad económica en los meses recientes. Agregó que, de mantenerse esa tendencia, el gobierno irá desmantelando de manera gradual las medidas de apoyo ofrecidas en el contexto de la crisis por el Covid. Algunos instrumentos “no pueden estar para siempre”, como el “seguro de paro” parcial, aseguró. “Cuando empecemos a mirar esta situación de recuperación, que es lo que ya estamos percibiendo, estas herramientas van a empezar a dar marcha atrás. No de un día para el otro”, como los préstamos respaldados por el Estado a través del Sistema de Garantías que administra la Agencia Nacional de Desarrollo, señaló.
