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Cuando el Frente Amplio asumió por primera vez el gobierno de Montevideo en 1990, el actual presidente Tabaré Vázquez, que entonces estaba al frente de la Intendencia (IMM), prometió encargarse de los clasificadores informales que usan carros tirados por caballos y que recorren la ciudad buscando valor en los residuos. La situación abarca a miles de personas que se dedican a la clasificación y trabajan en condiciones insalubres. Esa actividad informal afecta tanto a los animales como al tránsito y a la limpieza, dos de los principales problemas que tiene la capital.
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El gobierno de Vázquez no pudo resolver el problema y, como si se tratara de una herencia de la cual es difícil hacerse cargo, se la pasó a las siguientes administraciones, que corrieron con una suerte similar.
Hoy, con el sexto gobierno consecutivo de la coalición de izquierda en Montevideo, el tema sigue siendo un problema. Y las autoridades, nuevamente, buscan alternativas para encararlo. Entre ellas, está la puesta en marcha de un plan piloto para que los clasificadores dejen de usar los carritos con caballos en la vía pública.
El programa, que fue presentado a fines julio, comenzará a funcionar con 15 clasificadores y tiene tres modalidades diferentes. La primera apunta a sustituir los caballos por motocarros eléctricos o a combustión, que serán entregados a cambio de los animales. La segunda es la entrega de esos vehículos como préstamo para que realicen otras actividades laborales. La última opción implica la entrega de los equinos, y la contrapartida es un préstamo con destino a mejorar la vivienda u otra inversión que mejore de forma directa la situación del núcleo familiar del clasificador.
La idea de la Intendencia, explicó el prosecretario Christian di Candia, cuando presentó el proyecto, es que quienes se dedican a esa actividad dejen de clasificar en la vía pública y que, en su lugar, tengan un circuito “rentable y sustentable” de recolección de residuos sólidos. En este marco la comuna se propone, entre otras cosas, “generar oportunidades de reconversión laboral para los clasificadores de residuos” y “apostar a eliminar la tracción a sangre favoreciendo la inclusión social”, según explica en su página web.
La Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) criticó la iniciativa apenas se anunció. “En un carro de caballo sabés cómo ubicar, ponés cuatro bolsones en el piso y arriba, pero en estos motocarros no entran”, dijo la secretaria general del sindicato, Patricia Gutiérrez, en el programa Todo Pasa de Océano FM.
La Ucrus, más allá de este tema puntual, pone en tela de juicio la impronta que han tenido los sucesivos gobiernos del Frente Amplio en relación con su trabajo. Una de las denuncias más frecuentes es que tanto las sociedades protectoras de animales como la Intendencia les requisan y confiscan sus animales bajo el argumento de que, o cargan con demasiado peso, o maltratan a los equinos.
Un documental llamado Tracción a sangre, que fue presentado recientemente en el festival DocMontevideo y será estrenado en octubre, hace foco en este aspecto, y retrata cómo un clasificador que cambió su caballo por una moto para no tener problemas terminó con el vehículo decomisado por las autoridades. “Estoy perdiendo todo el levante y tengo una familia para darle de comer. Cada vez entiendo menos. Si andás con carro, porque andás con carro; si andás con moto, porque andás con moto; si andás en bicicleta, porque andás en bicicleta”.
“Alternativas”.
Resolver el problema de los clasificadores había sido una de las promesas de campaña de Vázquez antes de que conquistara la Intendencia en 1990. Una vez en el gobierno, tomó algunas acciones, como prohibir la circulación de carritos por 18 de Julio, avenida Libertador y la rambla, y establecer un horario para que pudieran realizar su tarea. En ese entonces, de acuerdo a la comuna, el número de clasificadores informales era de aproximadamente 3.500.
Al principio de la administración de Mariano Arana, que gobernó durante dos períodos (1995-2005), el número de hurgadores ascendía a 4.500. El entonces jerarca —hoy edil— tuvo que hacer esfuerzos para cumplir las disposiciones de su antecesor, pero no las pudo implementar de forma efectiva. En 2002, por ejemplo, el gobierno seguía tratando de controlar que los hurgadores no circularan por las principales avenidas, una decisión que había sido tomada una década antes.
En 2005 ganó Ricardo Ehrlich, y al final de su período, las autoridades estimaban que había unos 5.000 clasificadores. Sobre el final de su administración, el exdirector de Limpieza Eduardo Pereyra, dijo que se estaban buscando “alternativas” a la clasificación (Búsqueda Nº 1.499).
El siguiente gobierno, dirigido por Ana Olivera (2010-2015), continuó con el tema. De hecho, la actual subsecretaria del Ministerio de Desarrollo fue una de que más hizo énfasis en el asunto. Durante su administración se extendió la prohibición de circulación de carros hasta la Ciudad Vieja, se instalaron contenedores herméticos para evitar que revisaran la basura y se inauguraron cuatro plantas de clasificación. Estas propuestas apuntaban a desestimular la actividad de los clasificadores informales y, al mismo tiempo, ofrecerles alternativas de trabajo en las plantas.
Hoy las cuatro plantas emplean a 128 clasificadores que antes usaban carros tirados por caballos, pero los trabajadores no están demasiado conformes con el cambio. En una visita a una de esas instalaciones realizada el miércoles 9, una de las recicladoras dijo a Búsqueda que antes, cuando realizaba la actividad de manera informal, ganaba más de lo que cobra trabajando en la planta. Actualmente recibe un salario mensual que ronda los $ 14.000, cuando antes ganaba alrededor de $ 20.000. Los clasificadores también critican que la cantidad de puestos disponibles para trabajar en la planta son ínfimos en relación con los 9.000 clasificadores que dicen que existen.
El número de clasificadores que maneja la Intendencia es significativamente menor. Según estimaciones de la comuna, existen unos 700 carros de caballo y unos 3.000 clasificadores trabajando en Montevideo, un número más bajo que el registrado en períodos anteriores.
Consultado por Búsqueda, el actual director de Políticas Sociales de la Intendencia, Julio Calzada, opinó que si bien el Frente Amplio carga con el problema desde hace casi tres décadas, los esfuerzos no fueron en vano y se lograron realizar avances importantes para dignificar su tarea.
Uno de los principales programas que tiene este gobierno para buscar alternativas laborales a los hurgadores viene del período anterior. Se trata de un curso para que los clasificadores se conviertan en transportistas de residuos. Desde que se puso en marcha el programa, unos 100 clasificadores adquirieron un vehículo motorizado y pasaron a trabajar como transportistas. Su tarea se basa en levantar residuos de locales comerciales y llevarlos al sitio de disposición final o a las plantas de tratamiento de basura.
De todas formas, Calzada reconoce que tanto este programa como el plan piloto de los motocarros son dos enfoques puntuales para un problema “complejo” que requiere diferentes abordajes.
El director de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano, dijo a Búsqueda que la intención de la comuna es trabajar “transversalmente” para ampliar este tipo de programas sociales, porque los planes actuales resultan “insuficientes”.
