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La falta de cooperación judicial argentina. El juez federal de la República Argentina, Dr. Norberto Oyarbide, ha dejado huellas de toda índole por su polémico accionar en las funciones que a su cargo competen. Si bien fue designado juez federal en el año 1994, en pleno gobierno del ex presidente Carlos Saúl Menem, su accionar tomó trascendencia pública en la última década, justamente en la denominada “Década K”. Fue y es señalado por una buena parte de la prensa argentina y por políticos de fuste como la legisladora Elisa Carrió, como el juez que más favores le hizo al gobierno kirchnerista en estos diez años de gobierno. Pero sus irregularidades judiciales no solo se dieron en el fuero argentino sino que también dejaron su huella en el Uruguay.
El 12 de junio del pasado año la jueza uruguaya en crimen organizado, Dra. Adriana de los Santos, dispuso a pedido de su par argentino el allanamiento al Royal Bank of Canada con domicilio en Zonamérica. El móvil del mismo obedecía a un presunto lavado de dinero en transferencias y fichajes de jugadores de fútbol desde Uruguay hacia Argentina. El allanamiento fue sumamente criticado en nuestro país por su proceder. El juez Oyarbide y Policía federal argentina practicó el allanamiento de forma abusiva, no ajustada a derecho, secuestrando documentos y herramientas que en principio no integraban el exhorto que pretendía el juez argentino. Las autoridades judiciales uruguayas no llegaron en tiempo y forma al lugar de los hechos. Las repercusiones del mismo fueron dramáticas, por el daño causado. El Royal Bank of Canada decidió cerrar su filial uruguaya y se generó una gran preocupación en el ámbito financiero uruguayo, ya que entre los clientes internacionales de la banca uruguaya, un 70% son argentinos que, de media, tendrían unos 600.000 dólares per cápita en cuentas en Uruguay. El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y ex presidente del Banco Central del Uruguay, Julio de Brun, sostuvo que el allanamiento al RBC causó “preocupación” y advirtió de que el episodio genera “una mala señal” porque afecta “la imagen de la banca y del país”. El vicepresidente de Uruguay y ex ministro de economía Danilo Astori, también lamentó el allanamiento y el cierre de la filial del banco canadiense.
Lo que sin dudas hace más lamentable al hecho fue que al 31 de octubre de 2013, la causa que dio origen a dicha solicitud fue anulada en Argentina, y por ende, se procedió de la misma forma en Uruguay. El exhorto por el cual se solicitaba tal medida se salía de los cánones habituales. Más allá de la forma en que se practicó el allanamiento, la justicia uruguaya hizo lugar al exhorto y cooperó en la teoría y en el plano formal ágilmente con la Justicia argentina. El matutino “Clarín” publicó: “causó sorpresa el hecho de que se hayan admitido los pedidos con tanta velocidad”. Desde ese punto de vista, la Justicia uruguaya fue diligente.
Quien escribe sostiene que detrás del móvil jurídico del juez Oyarbide existe un trasfondo de carácter político altamente calificado que, de no haber existido, el allanamiento nunca se hubiera realizado. En agosto de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó una de las decisiones más polémicas en su mandato. Invirtió 600 millones de pesos argentinos para estatizar el fútbol para que, de esta manera, se pudieran ver por canales de aire gratuitos todos los partidos del fútbol argentino de primera y segunda división profesional. Esto provocó que el interés del gobierno por todos los negocios en torno al mencionado deporte tomara gran trascendencia, más aún cuando se abren los libros de pases de futbolistas, justamente cuando se produjo el inaudito allanamiento. Hoy en día el presupuesto que invierte el gobierno es de 1.410 millones de pesos argentinos. Del 2009 a la fecha el incremento de la inversión es de un 137%. Cristina Fernández manipula el fútbol a su criterio a tal punto que el año pasado dispuso que el partido “clave” de la fecha se jugara el domingo a las diez de la noche, para competir con el programa “Periodismo para Todos”. Así y todo perdió por goleada, ya que la audiencia acompañó al programa conducido por Jorge Lanata y no al fútbol.
Por el contrario, el Poder Judicial argentino no responde a los exhortos que, en otra causa, el Poder Judicial uruguayo le remite desde hace diez meses, lo que no hace más que dejar en evidencia su falta de cooperación. El 26 de abril de 2013 se presentaron ante los juzgados de crimen organizado los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido, denunciando una serie de negocios del afamado Lázaro Báez en el Uruguay.
El más rutilante de todos esos negocios es el de la compra de una estancia en José Ignacio. El 16 de mayo del pasado año el contador de Báez, Pérez Gadín, compró, a través de una sociedad anónima que preside, un campo en José Ignacio por U$S 14 millones. La operación fue muy compleja: participaron seis bancos, cuatro testaferros de Báez y dos sociedades anónimas. Ante la transparencia del negocio decidieron bautizar el “campito” con el nombre “El Entrevero”.
Desde el 31 de mayo de 2013, se enviaron cuatro exhortos solicitados por la jueza Adriana de los Santos. Ninguno de ellos tuvo respuesta hasta la fecha. Se solicitaba información de Lázaro Báez, Pérez Gadín y todos los testaferros que participaron en la compra del campo. El Presidente de la Unidad de Información Financiera, máximo órgano oficial anti lavado de Argentina, José Sabatella, declaró: “El gobierno tiene a la mitad de los jueces pensando libremente”. Luego de semejante declaración, queda a criterio de cada uno pensar cuál será el accionar de la otra mitad de la judicatura.
La “ruta del dinero K” es el escándalo de corrupción más grande que tuvo en su historia la Argentina. El mismísimo Lanata, quien investigó y destapó la corrupción en el gobierno menemista, ha afirmado en reiteradas oportunidades que la corrupción kirchnerista la supera ampliamente. Será cuestión de tiempo saber cómo termina esta trama delictiva que sufre la sociedad argentina. Su Justicia actúa en función de los intereses del gobierno y sin dudas las causas del mayor adjudicatario de la obra pública, Lázaro Báez, salpican no solo a Cristina Fernández sino también a su íntimo círculo de gobierno. El hecho de que no se respondan los exhortos es lo que menos importa a los argentinos: 14 millones de dólares son como una gota de agua en el océano. El periodista y analista político, ex director de “The Buenos Aires Herald” James Neilson, sostiene: “Antes de irse, Cristina, Zannini y los demás quieren colocar a simpatizantes en lugares clave de todas las instituciones relacionadas con la ley, preparándose así para hacer frente cuando estén en el llano”.
De lo que no quedan dudas es que la Justicia argentina no tuvo la más mínima cooperación con la Justicia uruguaya, pero no a razón de su administración interna, sino obedeciendo fines políticos, en el que estaría involucrado el canciller argentino Timerman como gran responsable de que dichos exhortos no llegaran a los despachos de la judicatura. Si existe buena fe, la cooperación judicial entre países es posible. De hecho, a modo de ejemplo, España coopera y se investigan en el país a los ex tesoreros del PP, Ángel Sanchis y Luis Barcenas.
Recientemente el director del sitio web de noticias “uypress”, Esteban Valenti, denunció en su columna de opinión que existe una politización de la Justicia en Uruguay. Sin dudas sus precisiones encajan perfectamente en el actual Poder Judicial argentino y para nada en su fantasiosa realidad judicial uruguaya que motivó tal artículo.
