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    La Justicia pide apoyo a la Junta Anticorrupción para analizar tres negocios de Ancap y cita al senador De León como indagado

    El fiscal solicitó informes sobre contrataciones de Trafigura, Exor y una empresa de remolcadores

    El fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco tiene claro qué pasos dar en el “caso Ancap”. Tras terminar la etapa de interrogatorios a los exdirectores de la empresa que son indagados por presuntas irregularidades en la gestión de la petrolera estatal, Pacheco necesitó poco más de 24 horas con el expediente en su poder para decidir cómo continuar la investigación.

    A principios de esta semana el fiscal pidió informes a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre tres temas específicos: la triangulación entre Ancap y la empresa Trafigura para refinar petróleo ecuatoriano, el contrato frustrado con Exor para negociar una cancelación de la deuda con Pdvsa y la contratación de un remolcador a la empresa Kios, según informaron a Búsqueda fuentes judiciales.

    Además de ese análisis, Pacheco decidió citar como indagados al exdirector de Alur y actual senador de la Lista 711, Leonardo de León, y a un gerente de la empresa para interrogarlos sobre su gestión en la subsidiaria de Ancap.

    Temas.

    El fiscal solicitó a la Jutep, el máximo organismo anticorrupción de Uruguay, que analice los negocios de Trafigura, Exor y las licitaciones del remolcador para determinar si se siguieron los procesos licitatorios y de contratación previstos en la normativa, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.

    Entre los años 2010 y 2011, mediante un acuerdo interestatal, Uruguay, a través de Ancap, compraba crudo a la estatal ecuatoriana Petroecuador y luego le vendía a esa misma empresa el crudo refinado. Pero como Ancap no tenía capacidad de refinar todo el crudo, contrató a la empresa Trafigura para que se encargara. De ese modo se conformó una triangulación que los partidos de oposición encontraron sospechosa y así lo denunciaron. Cuestionaron las enormes ganancias que obtenía Trafigura gracias a un negocio al que había accedido sin licitación.

    En el caso de la frustrada intermediación de Exor, la oposición cuestionó que la empresa de origen paraguayo fuera “contratada” por Ancap sin licitación para intermediar en la cancelación de la deuda con Pdvsa, que para el 2012 era de US$ 700 millones. Además, despertó sospechas en los partidos que el representante de Exor en Uruguay, Alejandro Steineck, fue diputado suplente del Frente Amplio.

    Exor presentó una propuesta para cancelar la deuda en una reunión en la que participó el ex vicepresidente Raúl Sendic. Poco después de que empezaran sus trabajos —sin una licitación de por medio pese a que había otros interesados—, Pdvsa acordó con Ancap sustituir a Exor por el Banco de Desarrollo venezolano.

    La empresa amenazó con hacer un juicio por haber quedado fuera del negocio y propuso como alternativa a Ancap que la contratara para tramitar ante Pdvsa la deuda que se había generado por el pago a crédito que hacía la petrolera uruguaya. Seis meses después del nuevo acuerdo, sin embargo, el Poder Ejecutivo ordenó dejarlo sin efecto y ahora Ancap enfrenta un juicio millonario de Exor.

    El tercer punto sobre el que deberá trabajar el organismo encabezado por Ricardo Gil son los llamados de Ancap para contratar un remolcador para empujar barcazas de transporte de combustible.

    A los llamados de Ancap se presentaron dos empresas: Kios y Nautimill. Todos fueron ganados por Nautimill. En tres ocasiones la razón fue que presentó el precio más bajo. En la cuarta, pese a que la oferta más económica fue de Kios, volvió a ganar Nautimill, porque Ancap modificó el pliego y otorgó puntos extra a la empresa con más experiencia.

    Para evitar un litigio, Ancap ofreció una transacción a Kios: la contrataría en forma directa para transportar combustibles por US$ 500.000 si desistía de los juicios. Pero luego de acordar esa solución, Ancap no cumplió el contrato con Kios y volvió a adquirir los servicios de Nautimill. La empresa entonces presentó una demanda contra Ancap en la Justicia civil.

    En agosto, el Tribunal de Apelaciones de 7º turno confirmó por unanimidad una condena de primera instancia del juez Gabriel Ohanián que dio la razón a la demandante (Búsqueda Nº 1.931).

    La consulta de Pacheco se centra, según las fuentes consultadas, en el acuerdo entre Ancap y Kios que desató el juicio.

    Alur.

    Por otra parte, el fiscal indagará a De León, quien ya declaró por escrito en calidad de testigo. En esa ocasión, debió responder más de un centenar de preguntas sobre temas como la compra de una avioneta, el presunto sobrecosto en la construcción de una planta de bioetanol en Paysandú y los auxilios financieros que le dio Ancap a Alur.

    Esta semana, el Partido Independiente amplió su denuncia e incorporó presuntas irregularidades cometidas por De León cuando usó las tarjetas corporativas de Alur, informó El Observador.

    Información Nacional
    2017-11-02T00:00:00