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    La Justicia uruguaya y la argentina acordaron agilizar la comunicación para mejorar cooperación entre los juzgados de las zonas limítrofes

    Aunque los separan pocos kilómetros, si un juez de Paysandú quiere enviar un exhorto o una solicitud de cooperación a un juez de Colón, Entre Ríos, la comunicación tardará meses. Es que el escrito debe pasar por Montevideo, luego por Buenos Aires, y recién desde allí se remite al juzgado. La respuesta recorrerá todo el camino a la inversa.

    El sistema es lento y entorpece las investigaciones, o transforma en largas odiseas trámites simples, como el pago de una pensión alimenticia o un juicio de divorcio. En las zonas de frontera, donde suele haber casos que involucran a personas de ambos lados del río Uruguay —desde asuntos civiles a investigaciones penales—, la demora de las comunicaciones es un obstáculo.

    Por eso, en diciembre la Suprema Corte de Justicia uruguaya y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas firmaron un convenio que autoriza a los juzgados fronterizos a comunicarse de forma directa y a través de correo electrónico, sin utilizar el tradicional trámite escrito.

    “El convenio va a permitir que todos los jueces de departamentos que están sobre la costa del río Uruguay puedan comunicarse con los jueces argentinos que están en las provincias de Entre Ríos y de Corrientes, de manera directa, sin pasar por el exhorto escrito, que tiene que venir a Montevideo para tramitarse”, dijo a Búsqueda el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique.

    Según dice el documento del acuerdo, firmado el 6 de diciembre, el objetivo es “establecer y definir un marco general” para que los juzgados que están en la frontera entre ambos países puedan “cooperar recíprocamente, en particular en asuntos que sean de interés común”.

    Los departamentos fronterizos con Argentina son Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia.

    El plan de trabajo acordado para este año se propone mejorar las “comunicaciones judiciales directas en materia de cooperación internacional”. En ese sentido, establece que los juzgados de las zonas limítrofes podrán comunicarse directamente a través de correos electrónicos institucionales. Los exhortos o cartas rogatorias con solicitudes internacionales de cooperación de primer grado (referidas a trámites o rendición de pruebas), se firmarán en forma digital y se enviarán por correo.

    “Es un cambio fundamental que hemos impulsado, y que va a generar para miles de personas un avance en su acceso a la Justicia y en la posibilidad de ejercer su derecho, aunque sea en otro país”, dijo Pérez Manrique.

    Una de las “grandes dificultades” que tienen hoy las familias que están divididas a un lado y otro del río es que cuando se produce un divorcio, o problemas de tenencia o pensiones, “ejecutar las sentencias significa un costo económico y de tiempo muy grande”, explicó.

    “Notificar una demanda, comunicar que hay que hacer una retención de una pensión alimenticia de Salto a Concordia o de Paysandú a Colón, hoy lleva meses porque el exhorto tiene que venir a Montevideo, pasar a Buenos Aires y de ahí a Colón, y hacer el recorrido inverso. Ahora lo vamos a poder hacer en unas horas y por vía electrónica”, dijo.

    El acuerdo también implicará agilizar la cooperación en las investigaciones penales y mejorar el cumplimiento de medidas cautelares dispuestas por la Justicia. “Estamos muy entusiasmados”, afirmó el ministro.

    El convenio, que se realizó con el apoyo de la cátedra de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho estatal, ya está funcionando “exitosamente” en la frontera entre Argentina y Paraguay y entre Argentina y Chile, informó.

    Información Nacional
    2017-02-12T00:00:00