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—La OEA afronta severos problemas económicos. Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una muy dura declaración en la cual advirtió que no podrá cumplir varias de sus funciones principales por falta de fondos. ¿Qué está pasando?
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—Los gobiernos de América siguen aportando prácticamente lo mismo, aunque no han ajustado sus contribuciones de acuerdo con el encarecimiento del costo de vida. Eso implica que los ingresos de la OEA se han ido reduciendo. Durante muchos años, instituciones como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron financiadas con fondos específicos que recibían para proyectos o trabajos determinados. Pero últimamente comenzaron los problemas porque esos fondos específicos empezaron a caer por los problemas económicos que atraviesan los países desarrollados. De manera que todos los proyectos financiados con fondos no regulares quedan sin sustento financiero como para ser ejecutados. Es muy importante que hoy los estados se planteen hacer contribuciones directas, en función de la escala de la OEA, a la Corte y a la Comisión.
—En los años 60 y posteriores, los gobiernos de entonces adoptaron una gran decisión política al crear el sistema de protección de derechos humanos. La decisión fue: “vamos a crear organismos, dentro de la OEA y financiados por nosotros, para que ellos, actuando de modo independiente, nos vigilen si caemos en violaciones a los derechos humanos”. Lo que está ocurriendo, ¿significa que los gobiernos de hoy tienen menos preocupación por los derechos humanos que los de hace 50 años?
—Aquel fue un gran paso y una gran decisión política. Pero no creo que los gobiernos actuales estén menos preocupados por los derechos humanos. En general, todos cooperan. Es verdad que ha habido molestias de algunos gobiernos con las actividades y las denuncias de la Comisión, pero siempre fueron a las audiencias, siempre presentaron sus descargos y siempre cumplieron con las reglas.
—O sea, ¿usted no ve acá un movimiento político opuesto al de hace medio siglo cuando los gobiernos dijeron “vigílennos”?
—No. Si usted mira el panorama general, todos los estados miembros, hasta el más golpeado por el sistema interamericano de derechos humanos en los últimos años, que ha sido México, protestan y responden, pero todos mantienen su compromiso con el sistema. Venezuela se retiró de la jurisdicción de la Corte, pero sigue viniendo a la Comisión y ya volverá también a la Corte. Y le digo más: todos están de acuerdo con que el sistema debe ser cada vez más independiente y autónomo, cada vez más fuerte técnicamente y cada vez más comprometido con los instrumentos jurídicos interamericanos.
—¿Y cómo hace para hacer eso posible si cada vez tiene menos plata para financiar esas actividades?
—Hay algo que es absolutamente injusto en todo esto. Todos los países del continente aportan mucho más dinero a la Corte Penal Internacional que a la propia OEA. No tienen ni un solo caso en la Corte Penal Internacional, pero tienen centenares de casos en el sistema interamericano. De modo que lo que corresponde es que los países tengan ese mismo compromiso que tuvieron con la Corte Penal Internacional, que no utilizan, con el sistema interamericano que sí utilizan. Y que hagan sus contribuciones directas a la Comisión y a la Corte para que ambas tengan sus propios presupuestos en función de las contribuciones de los propios países. Es urgente que esto ocurra.
—¿Y la situación económico-financiera de la OEA?
—Tengo que poner las prioridades sobre la mesa y en función de eso hacer los recortes correspondientes. Hoy, la OEA tiene un presupuesto según el cual entran U$S 84 millones y salen U$S 84 millones. Ergo, cualquier atraso en los aportes de los países, y más si esos países son por ejemplo Brasil y Venezuela, eso genera automáticamente situaciones deficitarias y hay que autoprestarse plata para seguir funcionando, de fondos que había para cumplir con otros proyectos. Pasada la bonanza económica en el continente, hoy es irreal pedirles a los países que aumenten sus cuotas. Entonces la única solución ahora es cortar U$S 12 millones de esos U$S 84 millones a los que me referí antes.
