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Río de Janeiro (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). En el despeñadero por el que Venezuela rueda sin parar, surgen paradojas cada vez más nefastas. Es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero en sus calles hay protestas por falta de comida. Posee una megadiversidad asombrosa, que incluye desde selva hasta sabanas, así como costas sobre el Atlántico o el Caribe, y sin embargo buena parte de su territorio padece racionamientos de agua y electricidad. Su Estado intentó controlar hasta el último rincón de la economía, expropiando empresas en sectores como el acero o las telecomunicaciones, pero ahora sus propias oficinas funcionan apenas dos días por semana para ahorrar energía. Y su gobierno, que quiso convertirse en un actor preponderante en América Latina ofreciendo petróleo y dinero a varios países, ahora corre el riesgo de quedar aislado en la región ante crecientes acusaciones de autoritarismo.
El último revés para el presidente venezolano Nicolás Maduro ocurrió el martes 7, cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex canciller uruguayo Luis Almagro, tomó la inusual decisión de activar la Carta Democrática Interamericana para tratar a nivel hemisférico la situación del país, que eventualmente podría llegar a ser suspendido del organismo. “Este procedimiento deberá atender la ‘alteración del orden constitucional’ y cómo la misma afecta ‘el orden democrático’ de la República Bolivariana de Venezuela”, señaló Almagro en el documento, que llama a una sesión “urgente” del Consejo Permanente de la OEA entre el 10 y el 20 de junio. El texto denuncia que en Venezuela hay una crisis institucional, un deterioro de la situación humanitaria, corrupción, presos políticos, una “cooptación del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo” y “violaciones flagrantes” a la libertad de expresión y de prensa.
Maduro reaccionó de forma desafiante. “La Carta Democrática la pueden hacer así, mira: ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso. Señor Almagro, métase su Carta Democrática por donde le quepa. ¡A Venezuela se (la) respeta!”, sostuvo el mismo martes en un acto público. Más tarde, en su programa televisivo semanal, dijo estar abierto al diálogo con la oposición. Pero también anunció que demandaría ante la justicia a la directiva de la Asamblea Nacional, que por primera vez en más de una década tiene mayoría opositora, acusándola de usurpación de funciones y “traición a la patria”. El chavismo sostiene que una reunión reciente de seis diputados opositores con Almagro y una solicitud del presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, para hablar ante el Consejo Permanente de la OEA buscan alentar una intervención extranjera en el país.
Aunque sus palabras digan otra cosa, la actitud de Maduro denota inquietud ante la movida de Almagro. Con su popularidad en caída libre, una economía calamitosa y una oposición que busca apartarlo del poder mediante un referéndum revocatorio, el mandatario venezolano declaró en mayo un estado de excepción y de emergencia que amplió sus poderes, pero enfrenta ahora un flanco abierto en la OEA que podría desgastarlo aún más.
“Esto a Venezuela le importa bastante, más de lo que uno pensaría”, sostuvo David Smilde, un analista basado en Caracas de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), una organización que promueve los derechos humanos y la democracia en la región. “Es una parte muy importante de su legitimidad nacional e internacional el hecho de que sean vistos como una democracia. Entonces, si Almagro saca la Carta Democrática y unos cuantos países (…) apoyan eso, de repente luce que los países de la región no consideran a Venezuela como una democracia. Y eso le puede causar problemas internamente”, añadió en declaraciones a Búsqueda.
Opciones abiertas.
El enfrentamiento de Almagro con Maduro ha cobrado intensidad en los últimos meses, al punto que el ex jefe de la diplomacia uruguaya durante la presidencia del tupamaro José Mujica (2010-2015) es hoy uno de los principales críticos internacionales del gobierno chavista.
Seis meses después de asumir la jefatura de la OEA con el apoyo de Caracas y otros 33 estados miembros del organismo (apenas un país se abstuvo), Almagro sorprendió en noviembre al divulgar una carta cuestionando las garantías democráticas de Venezuela para unas elecciones parlamentarias, y afirmar que el asesinato de un político opositor en ese país suponía “una herida de muerte a la democracia”. Maduro calificó entonces a Almagro de “basura” y el mes pasado lo acusó de ser un “traidor” y un “agente” de la agencia estadounidense de inteligencia CIA. Lejos de guardar silencio, Almagro respondió con otra carta pública en la que negó esos señalamientos y reclamó al mandatario venezolano aceptar el referéndum revocatorio. “Negar la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más, como los tantos que ha tenido el continente”, escribió el ex canciller.
Ese estilo frontal y activo de Almagro contrasta fuertemente con el de su antecesor, el chileno José Miguel Insulza, y según algunos observadores, le está devolviendo a la OEA la relevancia que había perdido en años recientes. “Mucha gente pensaba que la OEA había cedido a otras organizaciones regionales como la Unasur o la Celac la defensa de la democracia y los derechos humanos”, comentó el propio Almagro en una entrevista con Búsqueda la semana pasada, al explicar por qué ha asumido esa actitud. “Lo hago porque tengo que hacerlo. Es parte del trabajo del secretario general. La Carta Democrática Interamericana le da al secretario general un compromiso de hacer un seguimiento de los temas institucionales en los países e incluso tomar acciones al respecto”, señaló.
Aunque esa Carta ha sido invocada en una decena de ocasiones desde que fue aprobada en 2001, Almagro se convirtió en el primer jefe de la OEA en activarla, sin el aval del gobierno del país afectado. Lo hizo invocando su artículo 20, que habilita al secretario general a llamar de forma inmediata al Consejo Permanente del organismo para “realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes”.
El propio Consejo discutía ayer miércoles la situación venezolana, convocado por Argentina, cuya canciller Susana Malcorra sostuvo que la activación de la Carta “no necesariamente sirve” para solucionar los problemas de ese país. Buenos Aires propuso una declaración que ofrece buscar un diálogo entre todos los actores políticos y sociales venezolanos, la cual contaba con el respaldo de una veintena de países incluido Uruguay. Pero Caracas objetó que esta propuesta surja sin su propia iniciativa y presentó otro proyecto de resolución afirmando el “pleno respaldo a la institucionalidad democrática y constitucional” del país, que contaba con el apoyo de aliados como Bolivia y Nicaragua. Finalmente, el Consejo adoptó una resolución por consenso apoyando el diálogo en Venezuela.
Sin embargo, Almagro estuvo ausente de esa sesión, aguardando que se celebre la reunión extraordinaria que él mismo convocó para este mes. La cuestión principal para los países es si adoptan medidas específicas ante la situación de Venezuela, como enviar una misión a la que podrían sumarse representantes de la Unasur y ex presidentes. Pero el asunto podría llegar a la Asamblea General de la OEA, que tiene previsto reunirse entre el 13 y el 15 de junio en República Dominicana. Una eventual decisión de suspender a Venezuela del ente hemisférico debería contar con al menos dos tercios de los miembros de ese órgano supremo. Es algo que aun parece difícil que ocurra, aunque menos que algún tiempo atrás cuando Maduro contaba con el apoyo de gobiernos aliados en Brasil y Argentina que hoy ya no están.
Diversos observadores coinciden en que lo más lógico sería que la presión internacional abra un espacio de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, que tenga como tema clave la votación para definir si Maduro continúa en el poder. Sin embargo, Almagro pareció insinuar que podría llegarse hasta la suspensión de ese Estado miembro. “La continuidad de las violaciones de la Constitución”, escribió, “especialmente en lo que refiere a equilibrio de poderes, funcionamiento e integración del Poder Judicial, violaciones de derechos humanos, procedimiento para el referéndum revocatorio y su falta de capacidad de respuesta respecto a la grave crisis humanitaria que vive el país (…) implica que la responsabilidad de la comunidad hemisférica es asumir el compromiso de seguir adelante con el procedimiento del artículo 20 de una manera progresiva y gradual que no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas”.
