Con la intención de incitar a una discusión ideológica dentro del Frente Amplio para el largo plazo, pero también de cara al tramo final del actual gobierno, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, planteó subir la presión fiscal a sectores que están obteniendo una ganancia excepcional, promover una mini banca de desarrollo e implementar una mayor planificación económica desde el Estado sobre la premisa de que el crecimiento de la actividad debe combinarse con una mayor igualdad en el reparto de la riqueza.
“En algunos sectores se piensa que el mercado es el que mejor asigna en temas tan básicos como la salud, la educación. La discusión es qué cosas queremos que sean bienes públicos, porque cada vez se han ido ampliando más, y para sustentarlos se precisa más eficiencia del Estado, pero también más presión fiscal. Con una presión fiscal de 15% como algunos países, es imposible”, afirmó.
Frugoni aseguró que Uruguay “tiene caminos para avanzar. No hay que pensar en el crecimiento por el crecimiento. Se vienen años en que lo importante es la igualdad, más que el crecimiento. Por supuesto que nadie quiere decrecer, uno puede sostener esos niveles, pero la reforma del Estado parte de un rol diferente del Estado con respecto al mercado. No puede existir un buen mercado si no existe un buen Estado. El mercado, por sí solo no crea bienes públicos, no genera equidad y no piensa en el largo plazo”.
Frugoni reconoció que hay visiones disímiles dentro del partido de gobierno.
“No hay unanimidad en que cada vez tengamos más bienes públicos. Muchos se pueden ver tentados a decir: hasta acá llegamos, ahora lo que nos queda es gestionar mejor. Y yo creo que no”, dijo. Y argumentó: “Venimos de un deterioro del rol del Estado, y eso de alguna manera permea mucho, no sólo en lo político, en lo sindical también. Hemos descreído de un montón de cosas y a veces a la propia herramienta la hemos desgastado”. Según el titular de Planeamiento, esa visión es frecuente “en algunos lugares donde predomina lo técnico por sobre lo político”.
Como forma de generar ingresos fiscales para sustentar más bienes públicos, una de las ideas que plantean los economistas de la Presidencia es establecer un Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) incrementado que grave las ganancias que están obteniendo ciertos sectores por los altos precios de exportación. Ese tributo tiene actualmente una alícuota básica de 25% para las empresas de todos los sectores.
“Cuando uno propone un IRAE progresivo está intentando captar determinadas rentas económicas que se tienen en el país, que son excepcionales y que están directamente relacionadas a determinadas coyunturas internacionales —el caso de los granos, por ejemplo—, y que deben aportar a ese esquema. Necesitamos un Estado que debe planificar, que debe revalorizar lo político ante lo técnico, porque ante la ausencia de políticas y de debates sobre esto, lo que hemos hecho muchas veces es tomar instrumentos que nos brindan los organismos internacionales, una especie de lavaculpas porque son muy focalizados, en sustitución de las políticas”, sostuvo Frugoni.
También dijo que “puede haber otros impuestos o subvenciones. Para nosotros, inclusión no es inclusión financiera, es tener, por ejemplo, un sistema de microcréditos diferente, con otras garantías” y a modo de “mini banca de desarrollo en la que no sólo esté el Fondes (Fondo de Desarrollo) sino también pequeñas empresas nacionales”.
Bajo el concepto de “inclusión financiera” del que Frugoni toma distancia el MEF está llevando adelante un plan que apunta a canalizar, a través de tarjetas de débito o medios similares, determinadas transacciones económicas personales (como gastos de consumo, cobro de sueldos y pasividades, pago de alquileres y facturas de servicios públicos).
“No hemos conversado de estas cosas con ningún ministerio. Es una cuestión que se propone a largo plazo, pero también hablamos de estos dos años que quedan de gobierno. En los temas impositivos yo nunca digo ‘de esta agua no he de beber’, hay que ver los contextos”, remarcó.
En conversación con Búsqueda, Frugoni se explayó en la explicación de sus planteos, que son compartidos por otros jerarcas de la Presidencia.
“Cuando los países comienzan a tener determinado nivel de desarrollo lo que hacen es replantearse estos temas. Esto hace a la esencia de una democracia. En última instancia, definir o redefinir cuáles deben ser los bienes públicos que se deben garantizar a toda la población y en qué magnitud”, alegó.
Dijo que ese enfoque se enmarca en una visión amplia de la reforma del Estado, de modo que ésta no quede “simplemente como un tema de ventanilla, de cuánto demoro en un trámite. Esto es sólo un aspecto; la verdadera reforma del Estado va no sólo en su funcionamiento sino en sus funciones”.
“¿Hasta dónde la izquierda dice cuáles son los bienes públicos? Sin duda que en educación y salud tiene que expandirlos”, afirmó. Puso como ejemplo las operaciones de enfermedades oculares que se realizaron en el marco de un plan del gobierno: “¡Eso es bien público, es hacer acceder a un servicio al que cierta parte de la población no podía por una razón de precio!”.
“La igualdad pasa por la definición de los bienes públicos. (...) Estamos hablando de salud, de educación, de seguridad, de energía, de comunicaciones, de vivienda y otro montón de cosas” que “se pueden ir democratizando”, enumeró.
Puntualizó que subir el IRAE para gravar algunas rentas extraordinarias es un ejemplo de las posibles medidas a tomar con el fin de poder financiar bienes públicos “de calidad”. Pero acotó que se trata de gravar “determinadas rentas” y que “superen determinados montos”.
“Uno no quiere presión fiscal porque sí. Preciso determinados avances, y sobre la base de la eficiencia, se define una determinada presión”, señaló el director de la OPP. Por ello “no hay una idea objetivo de la presión fiscal a alcanzar. En todo caso, el punto de partida debe ser qué Estado queremos y qué recursos se necesitan para ello”.
La Dirección General Impositiva (DGI) estimó la presión fiscal —calculada como el cociente entre los tributos pagados y el Producto Bruto Interno— en 34,3% para 2010, la última medición disponible.
El MEF lidera.
Los economistas de la OPP afines al MPP, al igual que el asesor presidencial Pedro Buonomo, fueron los que promovieron el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales que entró en vigor este año, con la resistencia inicial del MEF. E impulsaron la creación del Fondes para apoyar emprendimientos cooperativos con parte de las utilidades del estatal Banco República, una idea también cuestionada por jerarcas del gobierno alineados con el Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio, Banderas de Líber, Alianza Progresista y grupos independientes).
Fernando Lorenzo, ministro de Economía e integrante de ese grupo político, mantuvo silencio sobre los planteos que lanzó Frugoni. Sí reaccionó el director general de Rentas, Pablo Ferreri, del Nuevo Espacio.
Acerca de la propuesta de subir el IRAE dijo en “La Diaria” el lunes 15: “No estoy de acuerdo, porque tendría una complejidad administrativa importante generar tasas diferenciales en un impuesto a la renta empresarial. Y no creo que sea la mejor alternativa para acentuar la carga tributaria, ni en éste ni en ningún sector en particular”.
Luego remarcó que “claramente, quien lidera la política económica es el MEF, y sus propuestas han caminado muy bien; un ejemplo de ello es la Rendición de Cuentas que se está votando”.
“Las discrepancias nunca han pasado por las profundidades conceptuales, sino instrumentales, y en algunos casos queda la sensación de que se han caricaturizado esas diferencias”, añadió Ferreri. En su opinión, “es falsa esa dicotomía de los iluminados en un lado y de los espantosos en otro”.
